Tras la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos estuvo determinado en aislar el régimen criminal de Vladimir Putin de la economía global. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han dado la espalda a sus aliados democráticos, rogando a la dictadura venezolana petróleo.
El 5 de marzo, Estados Unidos envió a Venezuela la delegación más significativa en más de dos décadas. Tuvieron una reunión a puertas cerradas con el dictador venezolano Nicolás Maduro para ofrecer un atractivo paquete de concesiones a cambio de que Venezuela termine sus relaciones de décadas con Rusia.
Funcionarios estadounidenses buscan la alternativa venezolana al petróleo ruso, sancionado por Estados Unidos. En 2019, Estados Unidos sancionó al petróleo venezolano, lo que derivó en una caída de su exportación al país norteamericano.
Cambiando su postura frente a Estados Unidos, Maduro se mostró dichoso debido a la reunión en cadena nacional. Él describió las negociaciones como cordiales y respetuosas.
Asimismo, el 9 de marzo, la dictadura liberó a dos presos estadounidenses. El régimen chavista había arrestado al ejecutivo de CITGO Gustavo Cárdenas en 2017, acusándolo de robar fondos de la empresa. El régimen también había arrestado a Jorge Fernández después de haber llevado un dron a Venezuela en 2021, aunque él había dicho que era para uso personal.
Biden sintiendo el pinchazo político
Para impedir que dinero estadounidense financie la guerra, el presidente Joe Biden prohibió las importaciones petroleras desde Rusia. Sin embargo, esto ha resultado en escasez de combustible y crecientes precios del petróleo en Estados Unidos. Después del inicio de la guerra ruso-ucraniana, el precio creció rápidamente de $92 por barril a $123.
Biden ha reconocido implícitamente que la inflación y los altos precios de los combustibles están acabando con su popularidad y la de los demócratas. De cara a las elecciones de medio periodo del Congreso en noviembre de este año, Biden se ha comprometido — al menos públicamente— a intentar frenar el aumento del precio del petróleo.
Primero, el 8 de marzo, Biden condenó lo que el caracteriza como la especulación del precio del petróleo por parte de las empresas. Luego, el 31 de marzo, ordenó la liberación de hasta un millón de barriles de petróleo de la reserva estratégica por los siguientes seis meses.
Aunque esta es la mayor cantidad de petróleo liberada de las reservas en la historia estadounidense, esta es simplemente una jugada política que puede llegar a impulsar su precio. Los residentes estadounidenses consumen alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, por lo que la liberación solo podría suplir un 5% de la demanda diaria. Asimismo, el reponer estas reservas causará un mayor aumento en el precio del petróleo.
Las sanciones estadounidenses a la economía rusa, incluyendo a su petróleo, muestran que el país sigue dependiendo en gran medida de esta. El petróleo representa más del 30% de consumo de energía primaria en el país, por encuma del gas natural y triplica a las energías renovables combinadas.
Previo a que la pandemia golpeara la economía global, la industria petrolera estadounidense alcanzó un máximo histórico cercano a los 13 millones de barriles por día. Tras una recuperación parcial, esta ha alcanzado los 11,6 millones.
Estados Unidos tiene la capacidad para incrementar la producción y suplir la creciente demanda, pero se necesita que las autoridades den marcha atras con las políticas energéticas hostiles, como las trabas a nuevos oleoductos y la venta de arrendamiento para perforaciones en tierras federales.
En 2021, la administración Biden bloqueó el oleoducto Keystone XL, que conectaba a la provincia canadiense de Alberta hasta Nebraska. Este oleoducto se pensó precisamente para suplir la constante caída de importaciones de petroleo desde México y Venezuela.
En lugar de continuar con el oleoducto, la administración de Biden coquetea con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro alegando que lo hace por la seguridad energética. La industria petrolera venezolana, devastada por años de corruptelas, carece de la capacidad y los recursos para suplir la demanda estadounidense a corto plazo.
Política exterior bipolar
Estados Unidos reconoce desde 2019 a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela, tras determinar como una farsa electoral los comicios presidenciales de 2018. En contra de todos los pronósticos, los funcionarios estadounidenses no se reunieron con Guaidó en su última visita.
A pesar de que el gobierno estadounidense continúa dando ayuda a la oposición venezolana, liderada por Guaidó, la reunión con Maduro envía el mensaje de que es él, quien tiene el poder en Venezuela.
Las reacciones no se hicieron esperar por senadores de ambos partidos. El senador demócrata Bob Menéndez, mostró su indignación por la reunión e instó a Biden a no relajar las sanciones: “Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo”.
Mientras que, el senador republicano Marco Rubio, tachó de “bochornosa y ridícula” las ofertas de Biden. Él dijo que hará todo lo posible para que no se alivien las sanciones a la dictadura venezolana.
Tras la visita a Venezuela, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, trató de evadir a los medios sobre la clara contradicción entre reconocer a Guaidó como presidente del país, pero reunirse con Maduro, pero eso no es todo.
En 2020, Estados Unidos acusó a Maduro de narcotráfico y lavado de dinero. La Administración para el Control de Drogas ofrece una recompensa de $15 millones por información que lleve a su captura.
Tras la inesperada visita de estos representantes de la administración Biden a Venezuela, no se concretó ningún acuerdo entre las partes Los funcionarios estadounidenses acordaron una reunión de seguimiento sin fijar una fecha.
La oposición venezolana espera con ansias el momento en que la dictadura abandone el poder, una aspiración que resulta cada vez más lejana a la luz de los hechos. De concretarse un acuerdo con Maduro, se estaría dando un bofetón a los millones de venezolanos que han sido víctimas de este régimen.
Se está poniendo en tela de juicio su reconocimiento, mientras se dota de cierta legitimidad a la dictadura, la cual no dudará en aprovechar cualquier oportunidad a su alcance para acrecentar aún más su poder y aplastar a sus adversarios políticos.
Esto prueba que la libertad de los venezolanos es negociable por unos cuantos miles barriles de petróleo. También muestra que el gobierno estadounidense no respeta a la oposición venezolana, que aboga por la democracia y la libertad de mercados.
¿Qué sentido tiene deslindarse de financiar a un régimen criminal como el ruso para pasar a financiar a un narco-régimen como el venezolano? La administración de Biden puede estar sufriendo un grave caso de disonancia cognitiva.
