Traemos para ustedes de nuestras búsquedas, gracias a los colegas del prestigioso medio Los Tiempos, editado en Bolivia, un informe que ellos publicaron en diciembre del 2018 y que para coincidencia, es en gran parte lo que quieren hacer desde el Congreso -la Comisión Omonte- y desde el gobierno -el partido Morado y sus aliados de la izquierda- con el ahorro de casi ocho millones de trabajadores, que están depositados en las AFP.
Lean y comparen:
“Son la alcancía más grande del país -las AFP- aunque no les pertenece a todos, valga aclarar. Han acumulado la friolera de 16.447 millones de dólares. La suma supera, por ejemplo, a las cifras récord que Bolivia alcanzó en reservas internacionales durante la década de la bonanza del gas. Éstas, en noviembre de 2014, llegaron a 15.418 millones de dólares, antes de iniciar una acentuada baja.
Probablemente nunca se concentró tal cantidad de recursos en una sola entidad. Mal que mal esta alcancía no deja de crecer, aunque, según los expertos, podría hacerlo de mucho mejor manera. Se trata de las conocidas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro. Estas entidades privadas, administradas por el banco español BBVA y el grupo Zurich Financial Service, respectivamente, según han anunciado las autoridades, se irán del país hasta marzo de 2019. Dejarán todas sus responsabilidades a una entidad dependiente del Estado boliviano: la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
UN RETRASO NADA RENTABLE
Constituye un proceso que ya dura más de ocho años y sigue sumando plazos. Es un proceso que se entrecruzó y desató al menos seis crecientes problemas y preocupaciones. Las principales víctimas de los líos legales y administrativos son quienes mes a mes ahorran sus dineros para tener una renta de jubilación.
El primer problema constituye el tortuoso proceso de traspaso de las AFP a la Gestora estatal. Fue una decisión tomada al más alto nivel. En 2010, la entonces nueva Constitución Política del Estado (CPE) estableció que el sistema de pensiones no podía ser administrado por entidades privadas. Es decir, las AFP debían irse del país. En consecuencia los plazos para el cambio fueron fijados, pero no se pudieron cumplir. Y ahí empezaron diversos problemas.
“Desde 2010, debido a la situación económica general, la rentabilidad de los fondos de pensión fue bajando —dice el economista Gustavo Rodríguez—. Pero las AFP, en medio de la incertidumbre, en vez de contrarrestar esa bajada de las tasas de rentabilidad, pusieron ‘piloto automático’, las invirtieron en depósitos a plazo fijo. No hicieron nada más, mientras el Gobierno se atrasa en migrar las AFP a la Gestora y no se hace cargo del sistema”.
La baja rentabilidad afecta directamente a la pensión de los trabajadores. Según los reportes oficiales, entre 2010 y 2017 las tasas de las AFP cayeron de casi 8 por ciento a 3 por ciento. Mientras que en noviembre de 2018, la AFPPrevisión reportaba una rentabilidad anual de 2,35 por ciento. Por su parte, Futuro alcanzó un nivel del 1,55 por ciento al 30 de septiembre de 2018. Se estima que para que una jubilación alcance niveles próximos al sueldo normal del trabajador las tasas deben bordear el 10 por ciento. Pero en Bolivia, el sistema ha llegado al extremo de ser inferior a las tasas de inflación, lo que significa que los aportantes incluso pierden dinero.
“Como se atrasa la migración, como el Gobierno no toma las decisiones que debe tomar, la rentabilidad está baja y eso afecta directamente a la pensión de los trabajadores —explica Rodríguez—. Recae sobre todo a las pensiones de los más jóvenes, a ellos les afectará más lo que está pasando ahora”.
EMPIEZAN DE CERO
Pero ahí viene el segundo problema. La transición parece extremadamente lenta, tanto que más de una voz duda de que el cambio pueda formalizarse en marzo. En el escenario de tres opciones para asumir la administración de los fondos de pensiones, el Gobierno optó por la más compleja y costosa, pese a las observaciones que diversos especialistas le formularon. Podía haber tomado la infraestructura y el control de ambas AFP e iniciado su administración sobre lo ya establecido. O podía haber negociado su adquisición y proceder similarmente, incluida la asimilación de gran parte del personal que trabaja en las AFP.
Sin embargo, optó por empezar de cero la Gestora. El sistema de adquisiciones estatales informa sobre la compra de un sinfín de equipos y mobiliarios, desde humildes cortinas hasta complejos sistemas informáticos. Igualmente las autoridades optaron por contratar su propio personal en diversos cargos y funciones. Esto significaba conseguir expertos especializados en este tipo de entidades financieras, pero con un singular requisito: los ejecutivos de la flamante Gestora debían estar dispuestos a ganar la mitad de los sueldos que en esos cargos se pagan en las AFP hoy.
“Ese es un gran riesgo a futuro —dice la ingeniera financiera Daniela Molina Kohl—. Cuando hay semejante diferencia de trato laboral resulta evidente que se asimilará personal mucho menos cualificado. Salvo sorpresas, llegarán personas decididas a un salto riesgoso de responsabilidades, o de escasa preparación o, finalmente, que no saben a qué se meten. Y luego estarán a cargo de semejantes responsabilidades. Ningún experto financiero aceptaría menos de 60 mil o 70 mil bolivianos de sueldo, y ellos buscaron con algo más de 30 mil”.
El economista Alberto Bonadona añade una preocupación adicional que ronda diversas cabezas: “Esperemos que no se vuelva, como muchas de las entidades públicas, una fábrica de empleos. Si se mantiene la Gestora con criterios de eficiencia dando el puesto al que sabe manejarlo, no habría qué temer. Pero ésa no es la tendencia del Estado. Lo que probablemente ocurra es que haya alguna gente que sepa manejar y otra mucha que ande aprendiendo con el tiempo. Mientras el número de empleados irá creciendo hasta ser mayor al de las dos AFP juntas, eso casi se puede adivinar”.
Así el complejo paso de las AFP a la Gestora ha implicado un retraso que ya suma 32 meses. Y las AFP siguen funcionando con “piloto automático”. Es decir, los aportantes pierden.
OTRO LÍO INTERNACIONAL
Al parto, de la Gestora que bien ya podría prever un fórceps, le ha surgido un problema más: a fines de agosto, la AFP Previsión, administrada por el BBVA, demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Se trata de la misma instancia donde Bolivia perdió más de 40 millones de dólares por el caso Quirborax. La empresa afirmó que no llegó a acuerdos con el Estado, sobre todo en cuanto al valor del negocio en cuestión. “A pesar de la presentación de varias propuestas no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP, por lo que BBVA ha decidido iniciar el proceso de arbitraje con el CIADI”, señala el comunicado oficial de la empresa española.
Como los problemas no suelen llegar solos, la presunta, aunque quién sabe si segura, llegada de la Gestora coincide con un sistema en crisis. A nivel mundial, el sistema de pensiones basado en los ahorros de capitalización individual de los trabajadores se halla en graves problemas. La rentabilidad cayó y miles y miles de trabajadores se jubilan con bajos o muy bajos salarios. En el futuro, así como va pasando en diversos países, las autoridades deberán realizar cambios. De lo contrario, miles de jubilados con rentas bajas se constituirán en un seguro problema social.
Pero en el exterior no todas las soluciones han sido buenas ni han sido asumidas de manera sana. En Argentina, por ejemplo, hace nueve años, el Estado tomó los 190 mil millones que administraban las AFP. Luego organizó un nuevo sistema de pensiones general con ahorros ajenos. Bien se teme que los 16.447 millones de dólares entre aportes (60 por ciento) e intereses ganados (40 por ciento) individualmente por más de 2 millones de trabajadores bolivianos sean una tentación para un gobierno afectado por una crisis económica.
“Hoy en Bolivia ocurre que hay una estructura administrativa y financiera que hace difícil, pero no imposible, al Gobierno apropiarse de esos fondos —dice Bonadona—. Hay definiciones de patrimonios autónomos y cuentas individuales, inversiones en la bolsa, registros, custodia, etc. que conforman una sólida estructura institucional. Si el Gobierno mantiene esa estructura institucional, no habría por qué temer. Pero frente a una situación de crisis, tendrían que cambiar la ley y apropiarse de los recursos de forma totalmente arbitraria. Es un gran riesgo para los aportantes, y una gran tentación para los Gobiernos, acá o en China”.
“Las autoridades definen los marcos de inversión de las AFP o de la Gestora —dice Molina—. Si, cuando llegue la crisis, en una de esas se les ocurre que inviertan cada vez más en Bonos del Tesoro, yo estaría muy alerta”.
Mientras tanto, otro economista, Pablo Villegas, tras recordar cómo Bolivia se halla en franco rumbo a un duro bajón económico, advierte indicios de la tentación del dinero de las AFP. En su texto denominado “¿Qué fue de la propuesta de hacer de Bolivia la Suiza latinoamericana?” cita la acelerada baja de reservas internacionales. También advierte el marcado desequilibrio comercial, la sobre valoración del cambio de la divisa, el acelerado endeudamiento externo y el déficit fiscal.
Luego interpreta la reciente decisión gubernamental de apoyar con 250 millones de dólares de fondos de las AFP a los empresarios de la soya: “Esto revela tres cosas: una que se están usando los recursos para comprar aliados; dos, que dichos aliados no son sujetos de crédito para los bancos y tres, que el Gobierno, por alguna razón económica, está asumiendo los riesgos que implica el uso de dineros ajenos y no propios”.
Nota de redacción: Como ustedes podrán comprobar, no hemos quitado, editado ni cambiado ni una sola palabra. Es exactamente la publicación efectuada en el diario Los Tiempos, del 17.12.2018
