En España, el déficit de la Seguridad Social se había situado en unos 16.800 millones de euros anuales (16.834 millones en 2018 y 16.793 millones en 2019). Pero en 2020 las previsiones han saltado por los aires debido a la crisis del Covid y el déficit habrá alcanzado cotas históricas. El propio Gobierno prevé que se haya situado en más de 45.000 millones de euros (casi el triple que en los anteriores ejercicios). Y en 2021 superará los 36.000 millones (más del doble de los últimos ejercicios previos a la crisis).
Todos los gastos que no son destinados al abono de las pensiones han recibido el nombre de gastos impropios. Y si no se tuviesen en cuenta, la Seguridad Social hubiera estado más o menos en equilibrio presupuestario los años anteriores a la crisis del Covid, explica Valero. Que no significa, no obstante, que tuviera garantizada su sostenibilidad. Ésta se mide con el denominado equilibrio actuarial, que tiene en cuenta que el equilibrio entre pagos e ingresos se mantenga en el tiempo, y que “con la situación actual es insostenible”, sostiene Valero.
La hucha de las pensiones
¿Y qué fue de la famosa hucha de las pensiones? El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (popularmente conocido como hucha de las pensiones) fue impulsado en el año 2000 por el Ejecutivo entonces liderado por José María Aznar, y consensuado entre las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo. Un Fondo al que se destinarían los excedentes de ingresos para ayudar a la viabilidad futura del sistema. Y del cual se podrían retirar importes en épocas de crisis en las que la Seguridad Social no pudiera hacer frente a todos sus pagos.
Ese Fondo de Reserva llegó a acumular 66.800 millones de euros en el año 2011, pero la crisis económica lo fue reduciendo hasta dejarlo sin capacidad. Se ha convertido en algo testimonial. Apenas 2.153 millones de euros a diciembre de 2019 (último dato publicado). Y no se ha llegado a liquidar del todo porque en las últimas ocasiones en las que la Seguridad Social no podía acometer sus pagos (las pagas extra de las pensiones de verano y Navidad), se ha inyectado financiación vía crédito del Tesoro Público incluido en los Presupuestos Generales del Estado (13.800 millones de euros en 2020) en lugar de acudir al Fondo de Reserva, que ya no tenía la cantidad suficiente para acometer esas necesidades extra.
En suma, teniendo en cuenta el deterioro de ingresos y el aumento de gastos por la crisis provocada por la pandemia, en 2020 la Seguridad Social ha recibido cuatro préstamos del Estado por un valor total de 51.000 millones.
Medidas ya en marcha
En la reforma acometida en 2011 por el Gobierno Rajoy, se introdujeron esencialmente dos medidas de calado para corregir esa tendencia deficitaria de la Seguridad Social que podría poner en riesgo las actuales pensiones en el futuro.
Por un lado, el aumento progresivo de la edad de jubilación, desde los 65 años de entonces a los 67 en el año 2027. Este año 2021 la edad de acceso a la jubilación se ha situado ya en 66 años.
Por otro lado, el aumento, también progresivo, del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones. Es decir, los años que se tienen en cuenta las cotizaciones del trabajador para establecer el importe de su pensión cuando se jubila. En aquel momento se tenían en cuenta los últimos 15 años cotizados. Y se estableció elevarlo de forma paulatina cada año hasta alcanzar los 25 años en 2022. Este año 2021 ya se tienen en cuenta los últimos 24 años cotizados para quienes acceden a la jubilación y comienzan a percibir su pensión.
Esta última medida busca en el fondo una reducción del importe de las pensiones. Porque, normalmente, un trabajador ha ido elevando sus cotizaciones a medida que ha ido avanzando en su trayectoria profesional y las cotizaciones más altas se suelen concentrar en los últimos años. De tal forma que cuantos menos años se tienen en cuenta, normalmente más elevado es el importe de la pensión. Y cuando se aumenta el periodo de cómputo se reduce la media de las pensiones.
Medidas, en ambos casos, que se aplican a los nuevos jubilados, nunca con carácter retroactivo a quienes ya cobran sus pensiones.
Las propuestas de futuro
Mejorar las cuentas de la Seguridad Social para apuntalar el futuro de las pensiones solo tiene dos vías, como en cualquier economía familiar: aumentar los ingresos y reducir los gastos. Valero indica que un incremento de las bases de cotización no es contemplado porque penaliza la creación de empleo.
Los ingresos por cotizaciones también aumentan en fases de crecimiento económico, al elevarse el número de cotizantes. Pero aunque se supere la actual crisis y se entre en una etapa de crecimiento y creación de empleo, no se compensan las nuevas necesidades del sistema de pensiones por el mayor número de jubilados y la subida de las nuevas pensiones medias. El envejecimiento de la población es una tendencia imparable que no se arreglará sólo por esta vía. Y además hay que tener en cuenta que en economía siempre hay ciclos y se producirán nuevas crisis en el futuro.
Así que, por la parte del aumento de ingresos solo queda una baza. Valero cree que aunque finalmente el Gobierno no lo haya incluido en el plan enviado a Bruselas, se terminará incrementando el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones a 35 años, como se había contemplado en un primer momento. Una media que en el fondo, como ya se ha explicado anteriormente, lo que provocará es una reducción del importe medio de las futuras pensiones.
Por otra parte, están las posibles medidas encaminadas a reducir los gastos. Valero señala que se está hablando ya de endurecer las condiciones de acceso a la prejubilación para que la edad real de retiro se aproxime cada vez más a la edad legal. Lo que se traduce en trabajar más años.
Algunos países europeos como Holanda, Dinamarca, Portugal y Reino Unido, han establecido fórmulas que contemplan el reajuste automático de la edad de jubilación a medida que crece la esperanza de vida. Algo que evita la contienda política a la hora de tomar esas decisiones por parte de los gobiernos y que tienen en cuenta el largo plazo. Algo que también se traduce en trabajar más años porque la esperanza de vida no deja de aumentar y lo seguirá haciendo por el avance de la ciencia.
Y es que la medida de mayor impacto en las cuentas de la Seguridad Social a largo plazo es el retraso de la edad legal de jubilación. Cada año que se alarga la vida laboral se ahorra alrededor del 1% del PIB de gasto en pensiones (unos 10.000 millones de euros). Algo que probablemente se adoptará en España de una u otra forma, como el resto de países europeos, y que hará que probablemente se alargue más allá de los 67 años ya contemplados para el año 2027.
El resumen puede ser, sencillamente, que de una u otra forma, y antes o después, gobierne quien gobierne, trabajaremos más años y cobraremos menores pensiones que las actuales.
