La agencia de población de la ONU dijo a los gobiernos que está comprometida a luchar contra el “retroceso” a la agenda de los derechos sexuales por parte de los grupos “antiderechos”, es decir, contra los grupos pro vida y pro familia. Y peor aún, algunos gobiernos occidentales prometieron su apoyo a esta irracional causa.
Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, dijo a su junta ejecutiva: “Hay resistencia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, parte de ella orquestada, parte de ella bien financiada, pero también parte de ella debido a nuestras dudas sobre la sexualidad humana”.
Las etiquetas “antiderechos” y “rechazo” se utilizan a menudo para referirse a los grupos pro vida y pro familia tradicional en la ONU y en el terreno en todo el mundo. Los conceptos se desarrollaron por primera vez en la ONU en el contexto de la oposición a las políticas pro vida de la administración Trump. ADF International, Heritage Foundation, Family Watch International y C-Fam, editora de Friday Fax, son algunas de muchísimas organizaciones que han sido calificadas de antiderechos en iniciativas financiadas por Occidente.
Canadá lamentó el “número cada vez mayor de retrocesos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos” y aseguró al UNFPA que está “decidido a brindar apoyo para combatir y revertir estos retrocesos”. Solo en 2022, Canadá aportó 72,8 millones de dólares al UNFPA. En su presupuesto integrado para 2022-2025, el UNFPA propuso una contribución total de 5.045,6 millones de dólares para el organismo.
El Representante Permanente de Bélgica ante la ONU expresó su preocupación por los “movimientos antiderechos” y elogió al UNFPA por continuar su trabajo para “empoderar a millones de niñas para que tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos” a pesar de la resistencia. Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos se sumaron a la declaración de Bélgica.
Kanem dijo que están planeando “mejorar el papel normativo del UNFPA a nivel de país para cumplir con el mandato” dada la “resistencia” que enfrentan en casi todas las esferas de su trabajo. Finlandia corroboró esto al decir que “es por eso que el trabajo del UNFPA es absolutamente esencial, para contrarrestar el movimiento de resistencia, es necesario aclarar la narrativa”.
En el contexto de los derechos sexuales y reproductivos, “aclarar la narrativa” se refiere a los esfuerzos del UNFPA por normalizar una visión positiva del aborto en comunidades donde las personas se oponen a él por motivos religiosos y morales. “Aplaudimos el fortalecimiento del papel normativo del UNFPA al utilizar evidencia sólida tanto en las políticas como en la promoción”, comentó Finlandia. El Director del UNFPA dijo: “La única manera de superar [el rechazo] es aportar datos y arrojar luz sobre el problema”.
En un reciente Foro sobre Igualdad de Género celebrado en París, Geeta Rao Gupta, Embajadora especial de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de la Mujer, mencionó el movimiento de “reacción” y la necesidad de prestar atención a los “ataques muy sistemáticos, bien coordinados y bien financiados por parte de actores malignos estatales y no estatales”.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva. La agencia afirma tener el mandato de promover la salud sexual y reproductiva a nivel mundial. El Informe del UNFPA de 2024 a la Junta Ejecutiva muestra que el concepto de “salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos” incluye no solo la planificación familiar y la salud materna, sino también el acceso al aborto, la educación sexual integral y los derechos LGBTQI+.
Esto es muy controvertido porque la Asamblea General ha dicho en repetidas ocasiones que el sistema de las Naciones Unidas no puede promover el aborto como método de planificación familiar y que cada uno de los países debe decidir sus leyes y políticas sobre el aborto en relación con la sexualidad humana sin la interferencia de las Naciones Unidas. Estas restricciones oficiales datan de la Conferencia de El Cairo de 1994.
Con información vía Iulia-Elena Cazan, https://c-fam.org/
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