Se pueden realizar varias lecturas del último informe del Consejo de Orientación para el Jubilado, publicado el 10 de junio. Algunas son optimistas y tranquilizadoras; Otras son más realistas y piden una reforma del sistema de pensiones, fundamental para asegurar su sostenibilidad y su carácter redistributivo. Comencemos con las cifras: la participación del gasto en pensiones en el PIB alcanzó el 14,7% de la riqueza nacional el 2020, un nivel (muy alto), en particular debido a la crisis económica y de salud. Esta participación será del 13,7% en el 2022, un nivel similar al anterior a la crisis, y se espera que caiga entre el 11,3 y el 13,0% para 2070. Siempre las cifras: el déficit del sistema de pensiones alcanzó los 18.000 millones de euros en 2020, o el 0,8% del PIB. El saldo variaría en 2070 entre el -0,7% del PIB y el + 2,1% según el escenario adoptado. Nuevamente, las cifras: la proporción entre el número de personas de 20 a 50 años y el de personas de 60 años o más se reduciría de 1,9 en 2020 a 1,3 en 2070.
El segundo, más realista y pragmático, consiste en estudiar en particular la evolución de las pensiones que seguirán creciendo en euros constantes, pero que caerán en relación con la renta bruta (entre el 31,6% y el 36,5% de la renta bruta media en 2070). Esta situación representa, en definitiva, una ruptura en la equidad generacional, ya que los más jóvenes serían penalizados tanto por mayores tasas de cotización como por un menor monto promedio de pensión en relación con el ingreso promedio del trabajo.
Para no hablar de una bomba de tiempo, sí es necesario hablar del equilibrio financiero a largo plazo del sistema, y no dejar de tener en cuenta el relativo empobrecimiento de los jubilados, porque sería pasar por alto un problema importante. Esta segunda interpretación debería llevarnos a reflexionar: es cierto que reducir la edad de inicio es una medida impopular en general (7 de cada 10 franceses se oponen a ella según encuestas recientes). Pero, ¿debería prevalecer la impopularidad de esta solución sobre la situación mucho más difícil a la que está sometido nuestro sistema de pensiones, y cuyas consecuencias serían mucho mayores para las generaciones implicadas?
A las dos opciones simplistas que son negar el más mínimo problema financiero del sistema, o dramatizar la situación actual, existe una tercera vía y debe ser privilegiada: la de la pedagogía y la racionalidad para el debate en torno a la reforma previsional. Para ello, conviene recordar que Francia es hoy un caso especial: su tasa de empleo de personas mayores (54,3% de 55-64 años frente al 60,7% de la media de la OCDE). Una reforma destinada a aumentar la edad de jubilación no debería ser un simple cálculo contable. Al alentar a los trabajadores de edad avanzada a que permanezcan empleados, ven fortalecida su protección social y reducido el riesgo de inseguridad laboral, al tiempo que aumenta la esperanza de vida.
Mantener el empleo responde a cuestiones clave de bienestar: las personas mayores que siguen empleadas se sienten, en promedio, más integradas en la sociedad y gozan de mejor salud que las que, a la misma edad, ya se han jubilado. Esta situación beneficiaría también al Estado, que aseguraría la sostenibilidad financiera del sistema de jubilación, y a las empresas francesas, que todavía hoy sufren demasiado por la pérdida de know-how y experiencia de las personas mayores, lo que indirectamente repercute en su crecimiento.
Otra peculiaridad francesa podría – debería – integrarse también en la próxima reforma de las pensiones. Hoy en día, las dietas especiales, 42 dietas en total, son la antítesis del famoso jardín francés que suele enverdecer a nuestros vecinos. ¿Por qué tanta dispersión? ¿Son las reglas de los regímenes especiales en general más favorables que las del sector privado? No hay consenso sobre este tema, pero sobre todo, ese no es el punto.
De hecho, o las diferencias en las normas público-privadas son reales y su mantenimiento no está justificado; o no lo son, y entonces la alineación es igualmente necesaria (y debería ser más fácil de lograr). Las diferencias en las reglas alimentan la sospecha, desdibujan la transparencia de la situación de los regímenes y, sobre todo, constituyen un freno a la aceptación de los esfuerzos necesarios para la recuperación de los regímenes por parte de toda la población.
Por tanto, es importante no sucumbir ante las sirenas alarmistas o los discursos simplistas. Francia se beneficia de uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo. Un aplazamiento de uno o dos años de la edad de jubilación no la hará menos envidiable que la de sus vecinos.
Una reforma de las pensiones post-Covid tendrá que girar en torno a dos grandes proyectos: la equidad, que implica actuar sobre uno de los dos parámetros de duración disponibles (la edad de inicio o el número de trimestres necesarios para una pensión completa) y la transparencia, a través de una simplificación también, a menudo descartada sin motivo, para garantizar la sostenibilidad de un sistema que puede, y debe ser el orgullo de nuestro país.
Instituto Montaigne por cortesía del Journal De Dimanche (publicado el 17/06/2021)
Traducción, equipo de la Mesa de Redacción de MDP MinutodigitalPeru.com
El artículo en original se publicó en francés en el siguiente enlace:
Víctor Poirier es director de publicaciones del Instituto Montaigne desde julio de 2019. Se especializa en temas de finanzas públicas e industriales.
fotografía referencial, “Un anciano”/
