La agenda legislativa del Gobernador (R) Glenn Youngkin, que incluye reformas en aspectos económicos, educativos y de seguridad ciudadana, viene causando respuestas positivas y controversia legal durante su implementación. Esta agenda que busca “hacer más, reasignando recursos”, incluye reducción de impuestos por un total US$ 2,888.4 millones y la inversión de US$ 574,7 millones en mejoras de educación, seguridad y generación de empleo durante los próximos dos años.
Como he precisado en artículos anteriores, el Gobernador Youngkin generó mucha expectativa por su plan, el cual viene paulatinamente implementando con apoyo bipartidista, cobrando notoriedad mediática cuando firmó el 15 de enero la orden ejecutiva que otorgó a los padres el derecho a decidir, si sus hijos deben o no, usar mascarillas en las escuelas.
El mismo ha precisado, usando su cuenta de Twitter, que no se trata de ser pro o anti-uso de mascarilla, sino de que los padres tomen las decisiones sobre lo que es mejor para la salud de sus hijos. Indicó además que seguirá comprometido en proteger los derechos de los padres a tomar decisiones sobre la salud, la educación, la crianza y el cuidado de sus hijos.
Los 95 condados del estado de Virginia cuentan con organización administrativa para atender las escuelas públicas en sus territorios. De ellos, siete se han opuesto abiertamente presentando reclamaciones legales, sustentándolas de acuerdo con su saber y entender.
La corte suprema de Virginia ya desestimo el reclamo que presento un grupo de padres de Chesapeake en contra de la orden ejecutiva, indicando que no tenían fundamento para su demanda dado que la orden de prohibición y de “mandamus” con la cual sustentaron su reclamo, es aplicable la primera para acciones referidas a tribunales, y en el caso de la segunda (mandamus), no habían demostrado, los padres demandantes, un claro deber inequívoco del Gobernador Youngkin que no había cumplido.
A las acciones legales en condados considerados liberales, se han sumado decisiones administrativas de funcionarios escolares Así, por ejemplo, el departamento de escuelas públicas[1] del condado de Loudoun, LCPS por sus siglas en inglés, impuso la suspensión de asistir a clases de aquellos alumnos que no cumplan con lo indicado para atenuar el COVID (que incluye el uso de las máscaras), escalando la conflictividad entre padres, profesores, autoridades educativas locales y estatales.
LCPS indicó además que cualquier estudiante que sea suspendido de la escuela y regrese a la propiedad escolar, sin permiso administrativo, puede recibir un aviso de entrada ilegal (trespassing). Que es una práctica estándar y una advertencia que aparece en todos los avisos de suspensión, pero que los estudiantes suspendidos por desafiar los protocolos de mitigación de COVID no serán acusados de entrada ilegal ante la policía o no se presentarán cargos contra ellos.
Adicionalmente a la mencionada respuesta judicial, diez senadores estatales demócratas se unieron a sus colegas republicanos para agregar la disposición respecto del uso de mascarillas a un proyecto de ley que logro aprobación estando pendiente su paso a la cámara de representantes resolviendo las disputas judiciales. Adjuntamos traducción del texto publicada en la pagina web del sistema legislativo del estado de Virginia
“El proyecto de ley permite, sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley o cualquier regulación, regla o política implementada por una junta escolar, división escolar, funcionario escolar u otra autoridad estatal o local, el padre de cualquier niño matriculado en una escuela primaria o secundaria pública, o en cualquier programa de educación y cuidado de la primera infancia en la escuela, para elegir que dicho niño no use una máscara mientras se encuentra en la propiedad escolar. El proyecto de ley establece que ningún padre que haga tal elección deberá proporcionar una razón o una certificación del estado de salud o educación del niño y ningún estudiante sufrirá consecuencias disciplinarias o académicas adversas como resultado de esta elección de los padres”.
Es evidente que las acciones durante esta confrontación entre decisiones de nivel estatal y local, ha afectado a algunos estudiantes en sus procesos de aprendizaje (producto de las suspensiones). Sin embargo, es en esencia una disputa política, que se inició por una orden ejecutiva del exgobernador Ralph Northam (D) que exigió el uso de máscaras en las escuelas durante su mandato y que está siendo revocada por la decisión del nuevo gobernador electo. Se espera que en los próximos días que se complete el proceso de la ley en la cámara de delegados, controlada por republicanos, dando por finalizado las disputas administrativas.
Como puede concluirse, la obligación del uso de mascarillas como centro de la batalla política está perdiendo sentido, más cuando ya no se está al inicio de la pandemia, existen más certezas sobre medios para hacerle frente (vacunas, medicación, procedimientos de prevención y procedimientos médicos). Además, la mayor y mejor información respecto de cómo está evolucionando los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, está convirtiendo poco a poco al COVID como otra enfermedad con la cual hay que continuar luchando en convivencia.
Finalmente, es claro que, así como los padres de Virginia ven restituida su fuerza en las decisiones sobre lo que es mejor para el cuidado de sus hijos, lo mismo debe ir ocurriendo en todo el continente. Dado que no solo se debe considerar la obligación del uso de mascarillas, estándares de ocupación de aulas o prohibiciones por tener alguna sintomatología, dado que con la presencia en las escuelas se recibe instrucción, programas alimenticios, prevención de salud, todo ello muy necesarios para hacer frente a la vida.
Luis Zolla, @ProyectoD5 en Twitter
Talent2Win-USA Strategic Partner
[1] Equivalente administrativo de lo que se conoce en Perú como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) aunque a diferencia de los directores de UGEL que son seleccionados por concurso público, el órgano de decisión del departamento de escuelas públicas (DPS) está conformado por 9 miembros elegidos, desde y por ciudadanos de la comunidad.
