Después de los jesuitas, y las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta y varias otras instituciones católicas, ahora le tocó a la Orden Franciscana ser víctima de la dictadura de Daniel Ortega.
En efecto, el gobierno de Nicaragua decidió anular la personería jurídica de la Orden Franciscana y de 16 ONG vinculadas a la Iglesia católica u otras denominaciones cristianas.
El argumento del gobierno para esta decisión es que las instituciones no fueron transparentes respecto del origen de su financiamiento, excusa ya usada anteriormente. La decisión del gobierno fue publicada en el diario oficial La Gaceta y establece que todos los bienes de los Frailes Menores Franciscanos, incluidas las propiedades de la Orden, son confiscados por el Estado nicaragüense.
Presentes en Nicaragua desde hace más de 58 años, los franciscanos ven ahora cerradas sus actividades en el país por la decisión de Ortega. Este es solo otro golpe del gobierno de Nicaragua que persigue a la Iglesia Católica. En agosto, los jesuitas fueron cerrados y sus bienes confiscados por supuestamente alentar el terrorismo.
La semana pasada, 12 sacerdotes fueron expulsados del país y acogidos por la Santa Sede, sin embargo el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, no estaba entre ellos. Fue sentenciado a 26 años de prisión por “difundir noticias falsas y conspirar contra la nación” y permanece encarcelado en Managua.
Las animosidades de Ortega y Murillo contra la Iglesia católica comenzaron después de las protestas contra el gobierno y sus prácticas dictatoriales en 2018. El presidente nicaragüense vio a la Iglesia católica como uno de los principales impulsores de estas manifestaciones.
Además de los franciscanos, se cerraron otras 16 organizaciones no gubernamentales. Desde las protestas de 2018, Daniel Ortega ha cerrado más de tres mil ONG (FM)
