Tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, las bandas del crimen organizado empezaron a dominar el país mediante extorsiones, contrabando de petróleo, secuestros y asesinatos. El aumento de la criminalidad en Haití supone una amenaza para la seguridad regional, ya que sus operaciones pueden extenderse más allá de este país. Sin embargo, ni Estados Unidos ni ninguna otra nación de la región han tomado medidas sustanciales para pacificar a Haití.
El gobierno provisional de Ariel Henry ha solicitado una intervención militar, pero los desastrosos resultados de intervenciones anteriores indican la necesidad de un enfoque alternativo para pacificar el país. Además, los haitianos temen que una intervención extranjera envalentone al actual primer ministro para aferrarse al poder y retrasar la convocatoria de elecciones. Ello apunta a la necesidad de apoyo logístico para reforzar a la policía y al ejército con el fin de que se celebren elecciones seguras y transparentes.
En febrero de 2023, siguiendo las directrices del Acuerdo de Montana, Henry designó un consejo de transición para fijar unas elecciones presidenciales. Redactado en agosto de 2021 por la Comisión para la Búsqueda de una Solución Haitiana a la Crisis —un grupo de organizaciones locales de la sociedad civil e individuos independientes—, el Acuerdo de Montana propone una transición política plausible: (1) el consejo de transición, (2) un gobierno de dos años, (3) un nuevo sistema electoral creado por el gobierno de transición, y (4) nuevas normas para el funcionamiento de los próximos gobiernos.
Según Naciones Unidas, al menos un 60% de Puerto Príncipe, la capital del país, se encuentra en manos de las bandas criminales, lo que ha desatado sangrientas disputas territoriales. Para retomar el control de la capital y del resto del país, las autoridades haitianas necesitan apoyo e inteligencia extranjeros. De lo contrario, Haití seguirá siendo un Estado fallido, ya que no puede proteger las fronteras de la nación ni proyectar autoridad sobre sus ciudadanos.
Bajo el dominio del crimen
El Índice Global del Crimen Organizado calcula que en Haití operan unas 200 bandas. Las más dominantes —G9 y G-Pep— luchan a diario por el control territorial.
La G9, comandada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias “Babekyou”, ha orquestado bloqueos en las principales terminales de transporte de Puerto Príncipe. Al impedir la entrada de petróleo, alimentos y personas, se ha originado una crisis humanitaria que ha desembocado en un brote de cólera.
La ola de extrema violencia ha dejado ya un balance de 531 asesinatos solo entre enero y marzo de 2023 —duplicando la cifra del primer trimestre de 2022— y ha desafiado los esfuerzos del consejo de transición por preparar elecciones democráticas. Debido al gran peligro que puede conllevar convocar a la ciudadanía en unos comicios, el consejo no ha logrado establecer un calendario electoral.
Las bandas criminales han logrado ocupar con éxito los vacíos de poder dejados por el Estado haitiano. Un informe de la Universidad de Harvard de abril de 2021 reveló que el gobierno de Moïse proporcionó recursos económicos y equipamiento a las bandas. A cambio, estas llevaron a cabo ataques contra disidentes políticos, causando la muerte de cientos de personas entre 2018 y 2020.
Un país abandonado a su suerte
Aunque si bien Haití necesita apoyo internacional, una intervención militar a gran escala sería un error. En 1994, Estados Unidos, en cooperación con las Naciones Unidas, dirigió una intervención militar denominada “Operación Defender la Democracia” en Haití. Supuestamente, su objetivo era restaurar la democracia en el país. Entre 2004 y 2017, Naciones Unidas también llevó a cabo operaciones de paz.
Ambos esfuerzos fracasaron a la hora de establecer estabilidad.
El primer ministro interino Henry ha solicitado, sin éxito, ayuda a la comunidad internacional. Dado que Henry carece de legitimidad democrática, los ciudadanos se han opuesto y han protestado contra una potencial intervención extranjera. Para ellos, sus peticiones no son más que un intento por atornillarse al poder.
Léon Charles, exjefe de la policía nacional, afirmó en la sesión del 1 de febrero de 2023 de la Organización de Estados Americanos: “Tenemos la impresión de que la comunidad internacional aún no ha hecho un balance de la urgencia de la situación que enfrenta el pueblo haitiano”.
Sin embargo, las autoridades haitianas no son las únicas preocupadas por los criminales que se están apoderando del país. El presidente dominicano, Luis Abinader, advierte de que la delincuencia está a punto de cruzar la frontera, y los dominicanos ya están cooperando con los criminales haitianos en actividades como el contrabando. Las bandas haitianas trafican con petróleo dominicano, el cual puede revenderse en Haití por hasta 10 veces su precio.
Por ello, Abinader ha pedido a la comunidad internacional que brinde soporte al vecino Haití. Sin embargo, ha descartado cualquier intervención militar por su parte.
La inestabilidad política, la corrupción rampante, la inexistencia de un Estado de derecho y las interminables crisis políticas han convertido a Haití en el país más pobre de América. Según el Banco Mundial, el 60% de los haitianos vive por debajo del umbral de la pobreza: con menos de $2,15 al día. Con estas condiciones, es poco probable que el país supere su crisis sin una cooperación exterior dedicada a la aplicación transparente de la ley.
Haber incluido en 2019 a Haití como país prioritario bajo la Ley de Fragilidad Global (GFA) —que prioriza la prevención del conflicto en países propensos a la violencia— fue un paso en la buena dirección por parte del Senado estadounidense. Desde entonces, el Departamento del Tesoro solo ha establecido sanciones a varios políticos haitianos por sus vínculos con el narcotráfico. El senador Rony Célestin y su familia son el ejemplo más notable, que también recibió sanciones del Estado canadiense.
Sin embargo, las sanciones estadounidenses no han logrado abordar las profundas raíces de la inseguridad y la inestabilidad en Haití.
Más allá de sanciones a supuestos criminales, funcionarios estadounidenses no han desarrollado un plan concreto para conseguir la paz en Haití. La inacción de la Casa Blanca le está dando margen a los criminales haitianos para que expandan sus operaciones y ganen poder, mientras el Estado profundiza su colapso.
Años de colaboración entre funcionarios gubernamentales y el crimen organizado en Haití ha permitido que las bandas se armen, incluso más que la propia policía. Sin apoyo coordinado de la comunidad internacional, las instituciones haitianas y el sistema de justicia simplemente serán incapaces de combatir y desarmar a las bandas criminales.
Al apoyar la implementación del Acuerdo de Montana, Washington tiene la oportunidad de demostrar liderazgo regional y establecer un punto de partida para que los haitianos reestructuren su propio país. Haití se ha vuelto un Estado fallido y la indiferencia regional representa mayor inseguridad e inestabilidad esparciéndose incluso más allá de sus fronteras.
Nota de Redacción: el presente artículo fue publicado originalmente en www.impunity observer el 3 de mayo de 2023
