En la última CADE, que lamentablemente no trascendió como era su deber, ya que la CADE ha sido históricamente un reflejo de voces de liderazgos sectoriales y centro de propuestas de gremios empresariales para el progreso y desarrollo nacional -lo que no ocurrió otra vez este año, al insertar más presencia de empleados públicos que de emprendedores del capital privado-, resaltó un hecho singular que se deja de lado, que no se atreven a señalar, discutir, debatir y sancionar todos los miembros de la asistencia a ese evento, nuevamente: la permisología, la tramitología, el eterno reino de las normas que sancionan a las inversiones privadas, para que el Estado siga engordando de trabas, exclusiones, castigos, arreglos previos bajo la mesa, mesas de acuerdos y una masa de burócratas incompetentes para lo bueno, criminales para lo perjudicial.
Los “cárteles” están diseminados y especializados en impedir o alargar autorizaciones en minería e hidrocarburos, industria y comercio, construcción, transportes, agricultura, ganadería, forestación, comunicaciones, banca y finanzas, migración limpia y ciudadanía, participación política y electoral, asociatividad para negocios, logística y adquisiciones del Estado, sindicalización y un abanico extenso que abarca hasta lo más inimaginable y que recurre a simulaciones insustentables “de lo que podría pasar”, pero en escenarios que no consideran el balance entre lo que se va a hacer, cómo se hará, cuánto respaldo se tiene para asegurar la ejecución y el cumplimiento de la legislación natural, la sustentabilidad en el tiempo y los indicadores de control que permiten las garantías de operatividad, entre otros aspectos.
De lo que tratan los “cárteles ministeriales” y algunos organismos descentralizados que centralizan más burocracia, es de activar un ventilador de impedimentos y para eso, cuentan con “regulaciones y requisitos espejo” o más trabas normativas en los veintiséis gobiernos regionales, casi doscientas municipalidades provinciales y cerca de dos mil municipalidades distritales. Existen en consecuencia, cerca de cincuenta mil personas, entre funcionarios públicos y autoridades electas, dispuestas “a ver cómo” ponen escollos a las inversiones, salvo que, entren al negociado histórico de la coima u otra acción delictiva.
Aquí hay un péndulo: la luchas por tus derechos de inversión en un país sin garantías legales o pagas al dueño temporal de las normas para que autorice tus inversiones. En los dos casos, corre el tiempo, se incrementan costos, se acaba la paciencia.
¿Hay alguna forma de solucionar este escenario criminal? Sí, eliminando la potestad del daño en los gobiernos locales y regionales, eliminando miles de leyes inservibles, generando una legislación simple, puntual, clara y entendible, con sanciones muy fuertes para los que transgreden la confianza inicial del Estado, que se debe otorgar, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos naturales exigidos y se actúe con transparencia y absoluta legalidad.
En el Perú, por ejemplo, hay un inútil Ministerio del Ambiente, inútiles gerencias regionales de gestión de recursos naturales y el medio ambiente, inútiles gerencias de medio ambiente en las municipalidades de provincias, inútiles gerencias de desarrollo ambiental o gerencias de gestión del medio ambiente o diversos nombres para lo mismo en cientos de municipalidades distritales. ¿Y por qué son inútiles? Primero, porque parecen “gestapos” en nombre del medio ambiente normado con imposiciones que copian leyes nacionales o de otros países y le ponen procesos y procedimientos a todo lo que se les ocurra controlar, sancionar o impedir que exista. Es una locura.
Un país así no funciona, se le está echando veneno a las inversiones.
