Millones de personas empobrecidas en los países en desarrollo se ven particularmente amenazadas por el COVID-19. Muchos tienen propiedad individual o colectiva, pero que no está legalmente asegurada. Por lo tanto, no pueden realizar inversiones ni acceder a préstamos.
En el Día Internacional de Trabajo del 1 de mayo de 2020, Guy Ryder, jefe de la OIT, predijo que el Covid-19 dejaría a más de la mitad de la población económicamente activa mundial, alrededor de dos mil millones de personas, en pobreza absoluta: sin trabajo, sin capital ni acceso al crédito.
De hecho, las mayores tasas de infección provienen de países como Brasil, India, Ecuador, Perú y muchos más. Las megaciudades como Lagos tienen distritos pobres que cuentan con una densidad de población 20 veces mayor que la de Nueva York. Para cientos de millones de personas y microempresarios, las remuneraciones o ingresos y los salarios están disminuyendo en gran medida. Su capacidad de ahorro o de préstamo se ha derrumbado, y su existencia está en grave peligro.
La propiedad en el centro
Thomas Piketty, el conocido economista francés, sugiere que, para combatir la creciente pobreza, las transferencias de dinero necesarias para la población más pobre deberían financiarse a través de un aumento de impuestos a los adinerados y la nacionalización de los bienes de capital. Pues en su opinión, la acumulación de capital en pocas manos es una lógica convincente del sistema. En eso está equivocado. Porque, como ya lo dijo Thomas Jefferson en 1918 (Marx sólo tenía un año de edad en el momento): El dinero, así como la deuda, no relacionada con recursos o actividades productivas es ficticia.
El capital real, por otro lado, siempre debe basarse en valores de propiedad.
Los pobres de los países en desarrollo tienen poco o nada de dinero, pero muchos tienen propiedades individuales o colectivas, como un terreno o una casa pequeña. Sin embargo, la mayoría de estas propiedades no están legalmente aseguradas. El capital real no está entonces cultivado, pero bien podría ser monetizado. Si bien existen demasiados obstáculos administrativos y legales para realizar lo mencionado, es aquí donde reside una clave estratégica para combatir con eficacia la pobreza, especialmente en tiempos de Covid-19.
Nuestros estudios en Perú y en muchos países en desarrollo muestran los siguientes hallazgos y potencialidades: Las personas en el sector informal de la economía cuentan con un total de grandes áreas de terreno y por lo tanto tienen un gran potencial. Esto es el resultado de muchos años de migración masiva, en su mayoría no regulada, a zonas deshabitadas o resultantes de reformas agrícolas. En Perú, por ejemplo, las poblaciones más pobres poseen terrenos en zonas donde el gobierno estatal ya ha concedido derechos de reservas subterráneas de petróleo, gas y minerales a las grandes empresas mineras. Los conflictos resultantes son significativos. Por lo general, los habitantes más pobres bloquean cada intento de extracción porque viven de la agricultura y la ganadería. Según nuestros estimados, alrededor de 150 mil millones de dólares americanos en patrimonio está bloqueado en todo el mundo debido a esta práctica, lo que es cinco veces el PBI de Estados Unidos y China combinados.
¿Por qué siguen bloqueados estos recursos cuando, dado el actual problema del Covid 19, serían económicamente vitales para evitar deudas gigantescas?
Nuestro análisis de los derechos de propiedad en el Perú muestra que lo siguiente también se aplica a muchos otros países en desarrollo: en un sinnúmero de leyes, resoluciones judiciales y decretos del gobierno se confirma el derecho de propiedad informal de los terrenos, bajo los cuales se encuentran grandes reservas mineras. En un informe de la OIT de 2004 (en el cual trabajé con Joseph Stiglitz y John Sweeney) y que fuera admitido como cierto por 182 naciones, concluimos que si bien hay una gran y variada cantidad de propiedades informales, tanto de terrenos como viviendas, en la mayoría de los países en desarrollo, generalmente no son aceptados como garantía para préstamos o inversiones en el mercado debido a la falta de título de propiedad. Por lo tanto, la economía informal carece, en cierta medida, de la base jurídica práctica.
Es urgente lograr una base legal sólida a través de reformas reglamentarias para garantizar que el potencial de propiedad del sector informal de la economía se pueda utilizar. Esta es la única manera de hacer inversiones y hablar de crédito, para que se pueda estimular el crecimiento económico que se necesita urgentemente en este momento. Todos los países desarrollados y las “economías emergentes” han adoptado estas medidas y, por lo tanto, tienen normas eficaces y eficientes basadas en derechos de propiedad claros. Por lo tanto, también pueden celebrar acuerdos económicos y comerciales internacionales, en particular acuerdos de inversión.
Certificaciones necesarias
Adam Smith y Karl Max estuvieron de acuerdo en este punto: el capital es el motor del crecimiento. En el siglo XXI, sin embargo, tenemos que señalar que alrededor de 2 mil millones de personas en todo el mundo todavía viven y trabajan en la informalidad, y por lo tanto su existencia está bajo amenaza por el Covid-19: tienen propiedades, a menudo incluso con títulos formales, pero no pueden hacer mucha diferencia con ellas. Esto se debe principalmente a que los títulos de propiedad sólo ganan valor económico cuando una larga cadena de certificaciones y documentos legales también garantizan este valor. Conocemos muy bien estas certificaciones, confirmaciones legales, protecciones de títulos, etc. de los países desarrollados. Aportan transparencia, legalidad, comerciabilidad y fiabilidad. Esta es la única manera de crear un valor creciente para la propiedad.
Así que la propiedad por sí sola no es suficiente, y es crucial que se creen formalmente los fundamentos legales para hacer que esta propiedad sea realmente utilizable. Las conversaciones con inversionistas estadounidenses y europeos, con bancos y compañías de seguros muestran un interés cada vez mayor en esta estrategia. Sólo podemos luchar contra el Covid-19 de forma rápida y sostenible si logramos recaudar capital latente y trabajar juntos por el desarrollo sostenible y en beneficio de la población pobre. En este sentido, el Covid-19 es, con suerte, una conmoción beneficiosa que permitirá un capitalismo justo, eficiente y transparente en el futuro que promueva el crecimiento y el bienestar.
*Hernando de Soto fundador y presidente del Instituto de Libertad y Democracia, es candidato a la Presidencia de la República del Perú.
