A lo largo de la historia de nuestra República ha habido numerosos escándalos judiciales, pero probablemente nunca uno tan patético como el caso “Cócteles” protagonizado por el fiscal José Domingo Pérez contra la dirigente de Fuerza Popular Keiko Fujimori.
Para vergüenza del foro, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la nulidad de todo el juicio que pretendía demostrar lavado de dinero en campaña electoral. Y para oprobio de Pérez -quien claramente ha demostrado incapacidad y evidentes desequilibrios emocionales-, en el fundamento 4.1.12 los magistrados indican que resulta inconcebible sostener una acusación desprovista de la coherencia y solidez necesarias para fundamentar las imputaciones, habiéndose erosionado la estructura de las mismas, tornando inviable la prosecución del juicio oral en condiciones que garanticen el respeto de los principios procesales y derechos fundamentales.
La acusación fiscal, efectivamente, es un mamarracho que fue devuelto unas veinte veces por el 4.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional, porque nunca se pudo demostrar que hubo lavado de activos. Y porque, además, la fiscalía -en un papelón que debe ser sancionado por la Junta Nacional de Justicia- presentó reiteradamente imputaciones que requerían formalmente modificaciones y aclaraciones, en tanto que sustantivamente carecían de sustento de pruebas, adecuada tipificación de supuestos delitos, individualización de los hechos atribuidos a los 41 acusados, y corrección de otros errores materiales, como fechas, lugares, nombres, números y otros detalles.
¿Puede ser tan incompetente un fiscal que involucró a decenas de personas y llegó a mandar a prisión preventiva dos veces a Keiko? Tal vez, pero hoy podemos considerar que siempre el caso fue una farsa premeditada, una grotesca persecución política, un intento de declarar a Fuerza Popular (y también al APRA y al PPC) como organización criminal. La intención de esta lawfare es obvia: se hizo una maniobra política bajo apariencia jurídica, para impedir el triunfo electoral de Keiko en complicidad con políticos caviares, partidos de izquierda, organizaciones como la de PPK, ONG rojas, líderes de opinión miserables y un amplio sector de la prensa tradicional que cultivó el antikeikismo. Un complot que no debe quedar impune.
No soy fujimorista, pero creo justo que hoy Pérez sea denunciado, procesado y expulsado del Ministerio Público. Es imposible no sentir asco por un sistema político y mediático que está intacto en su inmoralidad y sus psicosociales; además de que desde ya amenaza con volver a hacer otra porquería contra la democracia en las elecciones del 2026.
