Finalmente la acusación constitucional de la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo debe gatillar la tan ansiada caída del gobierno corrupto.
El proceso ha sido largo y complejo. La doctora Patricia Benavides, con moral ejemplar y una tenacidad nunca vista antes en el Ministerio Público, desmontó la posición de impunidad que había impuesto su antecesora Zoraida Ávalos, dejando en claro que la Constitución no impide que el presidente en ejercicio sea investigado.
En consecuencia se abrieron siete carpetas fiscales en las cuales se imputan diversos delitos al jefe del Estado; todos referidos a su primer año de gobierno y bajo la tesis central de que Castillo es el cabecilla de una organización criminal constituida para saquear al Estado, en tanto que su familia directa y un círculo estrecho de coterráneos, amigos y funcionarios conforman una mafia infiltrada en diversos estamentos de la administración pública.
El poder gubernamental ha puesto mil y una trabas descaradas a las investigaciones: desde la grotesca denuncia contra la doctora Benavides, hasta el recorte miserable del presupuesto anual para la Fiscalía, pasando por la persecución contra el coronel Harvey Colchado, y el evidente encubrimiento de prófugos como el sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes Juan Silva. Además de todo ello se ha denunciado la existencia de un escuadrón de la muerte constituido para asesinar a fiscales, policías y periodistas opositores.
Pese a ello se ha podido construir una denuncia constitucional sólida que apunta a la destitución o suspensión en funciones de Pedro Castillo Terrones. Eso exige que, a partir de las pruebas indiciarias aportadas, el Congreso levante la protección a los ministros implicados en los casos de corrupción y sortee el artículo 117 de la Constitución que le otorga una especial inmunidad al Presidente.
La cuestión no será fácil. La posición fiscal es contundente, sin embargo el debate puede implicar hasta una reforma del reglamento congresal. Y, por encima de todo, habrá que ver si existe la voluntad política para lograr los votos necesarios para sancionar a un mandatario corrupto y sinvergüenza que ha construido una barrera de defensa legal orientada no a ganar algún caso, sino a prolongar el ejercicio abusivo del poder hasta el 2026.
En este contexto quizá la forma más eficiente de lograr una salida jurídica y rápida al entrampamiento sea que, en paralelo, se investigue y purgue a los “niños” y otros congresistas asolapadamente cómplices de Castillo.
Imagen referencial en redes sociales, Twitter
