Pese a su cultivada imagen de papamoscas, Pedro Castillo es un astuto gobernante que está destruyendo la precaria institucionalidad democrática del Perú y por ello debe ser vacado.
El último paso en esa línea nefasta ha sido designar como embajador político al dirigente marxista Richard Rojas, quien no tiene ninguna calificación profesional, salvo ser técnico de reparación de computadoras y estudiante de Derecho, cosa que resulta una grave afrenta a Torre Tagle.
A nuestra Cancillería le ha tomado dos siglos consolidarse como uno de los mejores servicios diplomáticos del mundo. Junto con Itamaraty, del Brasil, constituye un punto de referencia profesional para la política internacional del hemisferio y su prestigio se avala, entre otras razones, en representar la primera línea de defensa del Perú ante el mundo.
Es derecho del gobierno de turno designar hasta 20% de embajadas políticas; pero al nombrar a un incompetente, que confunde su rol sosteniendo que defiende la decisión de su partido y no las razones permanentes del Estado, se lesiona a la diplomacia peruana gravemente; algo que no entendemos cómo puede respaldar el canciller Óscar Maúrtua, quien sí es hombre de sólida trayectoria profesional.
Peor todavía, con la designación de Rojas se reconoce al gobierno tiránico de Nicolás Maduro y se pone fin al Grupo de Lima, el cual -como subrayamos en un pronunciamiento público- en reunión del 5 de febrero del presente año denunció fraude en las elecciones en Venezuela y declaró que no existía autoridad legítima en ese país. Posición que ha sido avalada por numerosos países latinoamericanos, EE.UU., Canadá y muchos países de la Unión Europea.
Castillo pasa por alto que, si bien como presidente dirige las relaciones internacionales, la política exterior no puede ser improvisada ni atender caprichosamente a una ideología, sino que debe ser una política de Estado y no solo de gobierno. Ya antes confrontó con la designación del terrorista Béjar y ha afectado la buena relación con España, Colombia y Brasil; además viene permitiendo la injerencia boliviana en los asuntos internos de nuestra nación.
Con esto ratifica su voluntad destructora e incurre en acto de provocación adicional al nombramiento de ministros cuestionados como los de Interior, Defensa, Cultura y Educación. Por tanto, la comisión de RR.EE. del Congreso debe reaccionar, y debe anotarse esta afrenta en la lista de razones que inciden en la argumentación de la incapacidad moral para gobernar y el consiguiente proceso de vacancia de Castillo.