En un tuit que pasará a la historia el congresista Alejandro Cavero ha resumido la situación presente señalando: “La única forma de evitar el cierre del Congreso es destituyendo a Pedro Castillo. Matar o morir”.
Efectivamente, el Ejecutivo tiene tres objetivos inmediatos: disolver el Parlamento, imponer una constituyente y bloquear las investigaciones fiscales. Sin embargo el camino por el que han optado es errado. Pese a la ambivalencia inicial, las actas del último Consejo de Ministros son precisas al considerar que el Congreso ha denegado la cuestión de confianza; lo cual es falso porque dentro del criterio ya establecido por el TC lo que se rechazó de plano fue una materia subalterna planteada por el desquiciado Aníbal Torres. En consecuencia insistir en una eventual denegación fáctica es una triquiñuela que implica infracción constitucional. Además el Congreso ya ha planteado una demanda competencial, con lo cual se quita argumento a la nueva y radical primer ministro Betssy Chávez.
Entre tanto, Castillo insiste en azuzar al pueblo y ha retomado las banderas de la constituyente. Para ello está construyendo una amplia y peligrosa red de organizaciones sociales financiadas por el Estado como paso previo a la formación de una milicia armada y aliada con los sicarios de Antauro Humala.
En cuanto a las denuncias, la defensa de Castillo no es solo judicial y política a través de ministros que se comportan como voceros permanentes, sino también por medio de un grupo de oficiales de la Policía, del Ejército y los servicios de inteligencia infiltrados por el régimen.
En el frente externo la farsa de los comisionados de la OEA le ha dado tiempo adicional y una cierta legitimidad al Gobierno considerándolo como “una parte” que debe ser tomada en cuenta en un imposible diálogo interno. Además, a Castillo y su canciller Landa no les interesa que se viole la soberanía nacional e impulsan acciones de repugnante injerencia como la del chileno Boric y el mexicano López Obrador.
Frente a eso, y al no conseguir los 87 votos para la vacancia, la salida inmediata es aprobar esta semana la suspensión de Castillo (con 66 votos) bajo el argumento de que no puede gobernar estando bajo investigación fiscal, para someterlo a juicio ante la Corte Suprema. Eso implicaría aceptar la aborrecible sucesión de la infractora Dina Boluarte, pero desgraciadamente al día de hoy no parece haber alternativa. Se trata de matar o morir.
