Una de las peores infamias cometidas por el gobierno en esta etapa es invitar a la OEA para que envíe observadores al proceso de vacancia presidencial que se desarrolla en el Congreso de la República.
El Perú es miembro de la Organización de los Estados Americanos, acepta libremente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es firmante de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo su conducta internacional se rige por principios muy precisos: Primero, de acuerdo con el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas rechaza cualquier acto de injerencia o intervención externa en asuntos propios de la nación. Segundo, entiende que la pertenencia a organismos internacionales tiene límites claros; así el artículo 1 de la Carta de la OEA dice que “…La OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.
Por lo tanto es excesivo y desnaturalizante del Derecho Internacional que el Gobierno invoque el artículo de la Carta Democrática que dice “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. En el Perú la institucionalidad democrática está a buen recaudo y el proceso de vacancia es un derecho del Congreso dentro de lo que determina el artículo 13 de la Constitución; entre tanto el poder del pueblo, ejercido a través de sus representantes, no está amenazado por nadie.
También es excesivo y repugnante que la CIDH se lance a favorecer al gobierno de Castillo emitiendo una nota de prensa en la que dice: “La CIDH reitera su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú. La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso”.
Todo esto es producto de la intriga de Castillo directamente con el secretario general Luis Almagro y la felonía del canciller Landa. Por eso debemos hacer una denuncia pública sobre el nuevo atentado contra la soberanía nacional y el descarado avasallamiento del Parlamento peruano.
