El ocupante espurio de palacio de gobierno ha vuelto a exhibir la miseria moral de la izquierda al ordenar que la fiscalía abra proceso de investigación contra los militares en retiro bajo presunto delito de sedición.
Francisco Sagasti, recuérdese, no es presidente de la República, ni encargado constitucional. Accedió al cargo en noviembre de 2020 por el golpe de calle que organizó su Partido Morado y que implicó estafar la buena fe de miles de jóvenes que reclamaban cambios y no la preservación del vizcarrato. Por tanto su condición es la de un golpista que el país ha terminado por aceptar como alternativa al caos político.
Desde esa posición espuria Sagasti, además de ineficiente es intrigante antidemocrático como lo demuestra, entre otras cosas, su presión contra el presidente de la comisión de Constitución del Congreso y, ahora, la orden a la ministra de Defensa para que el ministerio público persiga a los militares en retiro.
Estos -ex comandantes generales y altos mandos de las FF.AA.-, simplemente alcanzaron dos misivas a quienes hoy dirigen los institutos armados para canalizar su inquietud frente a un proceso electoral plagado de dudas y trampas; recordando que, llegado el caso, nadie está obligado a acatar la autoridad ilegítima que pudiera hacerse del poder por medios fraudulentos.
En ambas comunicaciones (la primera de exposición y la segunda de ratificación) los oficiales que desde el retiro siguen perteneciendo orgánicamente a sus instituciones, no expresan una sola frase lesiva al orden legal y constitucional.
Se ciñen al derecho garantizado de expresar una opinión; siendo imposible inferir delito de sedición, motín o conspiración porque no hay ni espíritu ni hecho que suponga el uso de armas o afectación del Estado de Derecho.
Así, la canallada ideológica y funcional de Sagasti es una demostración del odio visceral de la izquierda contra las FF.AA., a las que define como enemigas de clase. Y la persecución fiscal peligrosamente presenta al encargado de la presidencia como cómplice de gente irracional como el abogado del candidato Castillo, quien advierte que si el comunismo no gana en el Perú “correrán ríos de sangre”.
Los militares peruanos son respetuosos de la constitucionalidad, por lo mismo estamos seguros de que no permitirán abusos contra sus miembros en retiro; y sabrán impedir aquellos crímenes políticos con los que la izquierda hoy amenaza siguiendo sus antecedentes terroristas.
