Siempre advierto a mis lectores contra la política de oportunismo porque postulo políticas de principios, por eso creo justo insistir en el respaldo a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana.
Lo que se ha establecido en el tema de Rutas de Lima es que los peajes concesionados originalmente a Odebrecht están en manos del consorcio Brookfield que compró las acciones a la empresa corrupta brasileña cuando sus principales directivos ya estaban sentenciados; y el negocio no puede ser interrumpido porque existe una medida cautelar arbitral que impide la devolución de las vías al municipio.
Además no se resuelven cuestiones fundamentales como el exceso en las tarifas y la construcción de rutas alternativas gratuitas, con lo cual se atenta contra la población limeña.
Desde la aplicación literal del derecho estaríamos en un entrampamiento que solo tendría solución con el laudo final y se arguye que cualquiera otra salida rompería la sacralidad de los contratos defraudando la estabilidad jurídica de los mismos en el Perú.
Pero la trampa puede ser rota. Primero, Brookfield debe demostrar que compró de buena fe y que es un conglomerado sin observaciones, porque la transferencia de las concesiones no puede ser consecuencia de un acto viciado por corrupción con la transfiriente Odebrecht. Segundo, penalmente cabe la posibilidad de iniciar un proceso por lavado de activos. Tercero, no puede seguirse afectando el derecho constitucional al libre tránsito de millones de peruanos.
El proceso es complicado y requiere de una fianza clave: la constitución de un fondo de garantía o carta fianza del gobierno central, y no solo edil, para la eventualidad de que el arbitraje y los procesos legales paralelos resultasen adversos. Con lo cual quedaría respaldada la buena fe de la litis y la seguridad de cumplir con los contratos si arbitral y judicialmente no se tuviera éxito.
Antecedentes hay muchos, baste recordar el “salvataje” reciente de Petroperú. Entiéndase con esto que el problema no es económico o de resarcimiento, sino de recuperación de soberanía del Estado peruano y del municipio metropolitano sobre un servicio básico.
Es en este nivel en el que debe respaldarse a RLA sin convertirlo ponzoñosamente en la caricatura de un enemigo de la inversión. Critiquen sus esporádicos excesos verbales, cuestionen su alusión errada al juez español Garzón como “gran jurista”, pero apoyen la lucha fundamental por devolverle al Perú su dignidad y el derecho del pueblo a no ser expoliado.
