La presentación del modelo de cédula de votación, dos papeletas de un metro de largo y decenas de casilleros como alternativas para marcar, anticipa que las elecciones generales del 2026 serán un desastre.
En ningún país civilizado puede haber una votación razonable con más de 50 partidos (que trafican con las campañas) y miles de candidatos angurrientos para la fórmula presidencial, el Senado y Diputados. Mucho menos en una nación donde el voto es obligatorio para casi 25 millones de electores, de los cuales más de un tercio es analfabeto, y cuando el 30 % tiene menos de 30 años de edad.
El desastre debe advertirse también porque, como ya se ha evidenciado, los padrones no están actualizados por el Reniec y porque el grado de confianza en la ONPE es muy bajo después del posible fraude en el proceso del 2021. Solo se ha restablecido la confianza en el JNE, pero, faltando un mes para la convocatoria a elecciones generales, la legislación que las regulará todavía sigue siendo objeto de observaciones y cambios en el Congreso de la República.
Esta situación caótica, hay que recordarlo, es consecuencia directa de las llamadas “reformas políticas” perpetradas por el régimen corrupto de Martín Vizcarra y el diseño caprichoso de Fernando Tuesta Soldevilla, un sociólogo que tenía la motivación evidente de destruir a los partidos políticos históricos, mal llamados tradicionales, y abrir las puertas al populismo, que bajó las vallas de militancia a solo 25 mil firmas para inscribir un club electoral.
Todo este zafarrancho únicamente ha beneficiado hasta el momento a los movimientos y frentes de izquierda marxista que pululan especialmente en el sur del país, y a las agrupaciones caviares que se infiltran en todos los espacios donde puedan parasitar al nuevo gobierno y al futuro Parlamento.
En estas circunstancias, los partidos del centro y de la derecha solo tienen una alternativa para salvar al país en el período 2026-2031: construir la unidad a partir de un principio fundamental, salvar a la patria.
Por los personalismos y la falta de tiempo, la convergencia no puede insistir en una candidatura presidencial única, sino en un plan de gobierno concertado en el futuro Congreso con programas mínimos en lo político, social, seguridad ciudadana, defensa nacional, reforma del Estado, relaciones exteriores y profundización del modelo económico liberal.
De no hacerlo, la historia juzgará a sus líderes con dureza por permitir que la República peruana caiga al abismo.