Todo fue una gran confabulación. El proceso a la “pareja presidencial” fue legal y legítimo, pero no tuvo el rigor debido por inconsistencias del adelanto de sentencia con los delitos imputados; y el asilo concedido a Nadine por Brasil ha evidenciado la complicidad de Boluarte en este caso de impunidad que humilla al Perú.
No hay duda, Ollanta Humala y su esposa son corruptos. Hay múltiples pruebas y testimonios de que recibieron fondos de Venezuela y Brasil directamente y vía Odebrecht; y que los utilizaron para el financiamiento de su campaña electoral y para enriquecerse personalmente. Está probado que, en compensación, se benefició a la constructora brasileña con obras públicas; que durante el gobierno nacionalista hubo corrupción desenfrenada e inclusive usurpación del mando constitucional por parte de Nadine, quien convirtió al presidente en un “cosito” cobarde. Pero el proceso fiscal estuvo mal enfocado, se abocó a demostrar lavado de activos cuando los delitos no encajaban en esa tipicidad; base sobre la cual se ha emitido una sentencia no sólida.
Sin embargo, y entendiendo que había riesgo de fuga, el fallo había que cumplirlo a partir de los principios de la “dura lex sed lex” y que procesalmente todavía hay espacio para una apelación, una acción de hábeas corpus y hasta una casación.
¿Por qué el caso fue tan mal planteado? La responsabilidad es de los fiscales encabezados por Vela Barba, quienes hacen un trabajo reiteradamente deplorable. ¿Esa deficiencia no fue planeada para, paradójicamente, favorecer a Ollanta y Nadine, igual que en el caso Lava Jato, donde fiscalmente se ha hecho hasta lo imposible para favorecer a Odebrecht detrás de una imagen de falsa severidad?
En cuanto al asilo, es grave que fiscalmente no se dispusiera que Nadine fuera vigilada, a sabiendas de que ya se conocía la solicitud diez días antes. La concesión de Lula, un delincuente confabulado con Odebrecht, no fue pues una sorpresa; y la Cancillería dio el salvoconducto precipitadamente, sin defender jurídicamente el principio internacional de que el asilo no aplica a delincuentes comunes ya sentenciados, lo cual es responsabilidad de Schialer, pero sobre todo de Boluarte.
Queda así demostrado que la mafia internacional del socialismo del siglo XXI está intacta, sigue operando en el Perú y sus ramificaciones atentan directa e impunemente contra la seguridad nacional. Asimismo, ha vuelto a hacerse patética la doble moral de los caviares, quienes callan miserablemente frente a la corrupción de sus miembros.