- La informalidad laboral en América Latina constituye un desafío estructural que impacta negativamente en el desarrollo económico, la equidad social y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la región el 51,7% del empleo es informal, afectando a aproximadamente 92 millones de personas. Perú y Bolivia son los países que alcanzan tasas más altas de informalidad (entendida como no cotización a la seguridad social), cercanas al 80%.
- La informalidad implica una baja cobertura en seguridad social y una menor acumulación de ahorro previsional, lo que profundiza vulnerabilidades económicas, especialmente en la etapa de jubilación. Además, desincentiva la inversión en educación y formación, limita la recaudación fiscal y debilita la resiliencia macroeconómica. Se identifican factores estructurales, regulatorios, sociales y culturales que perpetúan la informalidad, incluyendo dificultades de acceso a servicios financieros y altos costos de formalización para pequeñas empresas y trabajadores independientes.
- Según datos del Banco Mundial, los trabajadores independientes en la región representan el 36% de la fuerza laboral. A su vez, datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que, en promedio, el 85% de dichos independientes están en condición de informalidad. Este grupo enfrenta barreras significativas para la formalización debido a regímenes tributarios y de seguridad social poco adaptados a ingresos variables, lo que genera desincentivos efectivos a cotizar. Por ejemplo, la Tasa Implícita de Impuesto a la Formalización para trabajadores de bajos ingresos en varios países usualmente ronda el 60%, implicando que más de la mitad del ingreso adicional se destina a costos asociados a formalizarse.
- Para enfrentar esta problemática, este documento plantea cinco políticas públicas prioritarias adaptadas a la realidad regional:
- Implementar cotizaciones obligatorias para trabajadores independientes con mecanismos de retención en la fuente y uso de tecnologías digitales que faciliten el cumplimiento.
- Ajustar programas sociales para minimizar desincentivos a la formalización, evitando la pérdida abrupta de beneficios.
- Simplificar procesos administrativos mediante ventanillas únicas interinstitucionales para reducir costos y tiempos de formalización empresarial.
- Incrementar la inversión en capital humano y reconversión laboral mediante programas de formación y certificación que aumenten la empleabilidad formal.
- Desarrollar programas de beneficios fiscales directos para incentivar a consumidores a exigir formalidad en las transacciones, apoyados en tecnologías digitales y experiencias exitosas como la “tomboleta electrónica”.
- En materia de ahorro previsional, la adopción de entornos digitales personalizados, con reglas automáticas y gamificación, muestra potencial para aumentar el ahorro entre trabajadores con ingresos variables e informales. Experiencias positivas con plataformas de gestión financiera personal y fintechs, han evidenciado incrementos robustos (superiores al 300%) en los ahorros mensuales, generando hábitos sostenibles y facilitando la inclusión financiera.
- El análisis sugiere que la superación de la informalidad laboral y la mejora de la protección social requieren políticas integradas, inclusivas y adaptadas a la heterogeneidad del mercado laboral latinoamericano, con un fuerte componente digital, fiscal y educativo. La combinación de incentivos efectivos, sistemas contributivos flexibles y el fortalecimiento institucional será clave para avanzar hacia mercados laborales más formales, una mayor equidad y una protección social más inclusiva en América Latina.
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