El peligro no ha pasado. Que el Congreso haya enviado al archivo el primer proyecto oficialista para convocar una Asamblea Constituyente es un estupendo paso, pero no significa que la guerra haya terminado.
El mamotreto sustentado por el verborreico Aníbal Torres no tenía posibilidad alguna de prosperar. En el plano estrictamente jurídico fue desarmado por la doctora Gladys Echaíz cuando hizo la precisión fundamental de que el referéndum no es la vía de convocatoria, sino el plebiscito, pero esta institución no está prevista en el Estado de Derecho peruano. De modo que cualquier reforma parcial o total de la Constitución solo puede pasar por el Congreso de acuerdo al artículo 206 de la Carta.
En la dimensión política no ha calado la mentira descarada de Castillo, Cerrón, Bermejo, Bellido y otros quienes sostienen que la Constituyente es un “pedido del pueblo”. La costosísima gira promocional disfrazada de consejos de ministros descentralizados no les ha servido de nada; los sectores más necesitados claman por soluciones urgentes a una crisis económica que se resume en el disparo de la inflación que ya pasa del 8%.
Golpeado por la farsa y su propia inmoralidad en el patético caso de la tesis de maestría plagiada, Pedro Castillo es hoy una especie de animal rabioso, cuya furia es compartida por todo el cogollo comunista que amenaza desde las redes sociales con un “plan B” violentista y de un doble objetivo: capturar el control del Ministerio de Economía y forzar el eventual cierre del Parlamento.
En este intento avanzan la infiltración de la administración pública por personajes vinculados directamente a Sendero Luminoso, el cierre de las bases contrasubversivas en el Vraem, la conversión del Perú en una narco república, la injerencia cada vez más grosera de la inteligencia cubana y la imposición de un régimen carente de ética y sin escrúpulos.
Con este rumbo es imposible que el gobierno siga legítimamente hasta el 2026. Lo que está en juego ya no es solo la preservación de la democracia en sí misma, sino la seguridad y la defensa de una nación que está bajo ataque de una banda criminal con nexos internacionales.
Frente a eso, por vía de cualquier mecanismo constitucional y de acuerdo interpartidario, Castillo tiene que salir de la presidencia, lo mismo que Dina Boluarte. Y si la fórmula final es el adelanto de elecciones, pues que así sea y mientras más pronto, mejor.
