La Contraloría General de la República evidenció que seis servidores públicos del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), percibieron ingresos simultáneos de otras entidades públicas por la suma total de S/ 395 mil durante el período 2020 – 2024, por lo que incumplieron la prohibición de doble percepción de ingresos del Estado, tal como está establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Servicio Civil, la Ley Marco del Empleo Público y otros reglamentos vigentes.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 067-2024-OCI/5297-AOP, el PRONIS hizo entrega a su Órgano de Control Institucional (OCI) los legajos y reportes de una muestra de servidores bajo la modalidad de Contrato por Administración de Servicios (CAS) y luego de un cruce de información con el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se advirtió que percibieron ingresos provenientes por locación de servicios en otras entidades del Estado.
Según los contratos CAS suscritos por estos seis servidores del PRONIS, existe el Anexo N° 1 con una Declaración Jurada de no estar inhabilitado, sancionado o no tener impedimentos, donde quedó establecido que no percibirán otros ingresos del Estado diferentes al que se deriven del contrato administrativo de servicios suscritos con la entidad.
No obstante, de la revisión hecha a los reportes de la plataforma del buscador público de órdenes de compra y órdenes de servicio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en los portales de Transparencia de distintas entidades públicas, se advirtió que los seis profesionales del PRONIS realizaron servicios a otras entidades, mediante locación de servicios, entre los años 2020 y 2024.
El primer caso corresponde a un servidor que tuvo vínculo laboral con el PRONIS entre el 5 de octubre del 2020 y el dos de marzo del 2024, e inclusive tenía la condición de CAS indeterminado desde el 28 de octubre del 2022. Sin embargo, dicho servidor había suscrito ocho órdenes de servicios con cuatro entidades públicas por los que recibió S/ 91 mil de ingresos complementarios.
Los S/ 91 mil fueron otorgados al servidor del PRONIS a través de dos órdenes de servicios especializados en evaluación de expedientes técnicos en telecomunicaciones para la obra del Centro de Salud Huepetuhe y Centro de Salud Laberinto, emitidas el 15 de abril de 2021 por el Gobierno Regional de Madre de Dios por S/ 5000 cada una. Otras dos órdenes corresponden al Gobierno Regional de Junín del 24 y 30 de junio del 2021 por la contratación de un profesional en tecnología de la información para la obra de mejoramiento del Hospital Pichanaki, por la suma de S/ 13 mil cada una.
También recibió S/ 3900 y S/ 9100 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú por dos órdenes de servicio para la contratación de un profesional especialista en sistema de comunicaciones, monitoreo e informática y la contratación de un profesional especialista en sistema de comunicaciones, suscritas el 18 de julio de 2022 y el 3 de febrero de 2023, respectivamente.
Este mismo servidor recibió S/ 21 mil por cada una de las dos órdenes de servicio con la Unidad Ejecutora de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior para la elaboración de propuestas de términos de referencia para la consultoría de proyectos a realizarse en La Libertad, Cajamarca, Puno, Huancavelica, entre otros. La primera orden de servicio se emitió el 18 de octubre de 2023 y la segunda el 22 de noviembre de 2023.
El segundo caso comprende a un servidor del PRONIS que laboró en dicha entidad entre el 11 de setiembre de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año, pero en ese lapso suscribió dos órdenes de servicio con la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por los que recibió S/ 12 500. La primera orden se emitió el 8 de octubre de 2020 por el servicio de elaboración de expediente en instalaciones sanitarias por S/ 5500 y la segunda se emitió al día siguiente (9 de octubre) para la elaboración de expediente en instalaciones sanitarias para el suministro de agua y desagüe.
Según el informe de Contraloría, el tercer caso corresponde a otro servidor que laboró en el PRONIS entre el 7 de diciembre del 2020 y el 30 de setiembre de 2021 pero en ese período fue beneficiado con tres órdenes de servicio emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un total de S/ 60 mil (S/ 20 mil cada una). Las órdenes de servicio se emitieron en abril, junio y agosto del 2021 para el servicio de asistencia legal.
El cuarto caso es de un servidor público que recibió un total de S/ 130 500 por órdenes de servicio emitidas por el Gobierno Regional de Junín (tres por S/ 34 mil, S/ 15 mil y S/ 15 mil), la Municipalidad Distrital de Chorrillos (dos por S/ 19 350 y S/ 18 650), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa -PRONIED (S/ 26 mil) y Municipalidad Distrital de Llusco en Cusco (S/ 2500).
Tales órdenes se emitieron en los meses de marzo y noviembre del 2020, así como en mayo y junio del 2021, pese a que el vínculo contractual del servidor con el PRONIS fue de diciembre de 2018 a setiembre del 2021.
El quinto caso corresponde a una servidora pública del PRONIS que recibió S/ 29 mil por tres órdenes de servicio, de las cuales una fue emitida en mayo del 2021 por la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por S/ 8000, y dos fueron emitidas en mayo y agosto del 2021 por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS por S/ 14 mil y S/ 7000, respectivamente. Dicha servidora tuvo vínculo con el PRONIS entre setiembre del 2020 y del 2021.
El último caso corresponde a otra servidora que tuvo vínculo con el PRONIS entre el 4 de diciembre del 2020 y 30 de setiembre del 2021, pero en marzo, junio, agosto y setiembre del 2021 fue beneficiada con la emisión de órdenes de servicio del Instituto Tecnológico de la Producción por un total de S/ 72 mil.
Los hallazgos del informe de la Contraloría fueron comunicados al titular del PRONIS y se le recomendó adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, para superar estos hechos irregulares.
