El 2024 no es un año más para la democracia en el mundo: más de cuatro mil millones de personas irán a votar en 50 países.
En las Américas también viviremos un año electoral intenso. Y nos animamos a presagiar que en el continente tampoco será un año más para las libertades de expresión y de prensa.
En los meses que transcurrimos, se están produciendo giros significativos en el rumbo político de algunos países de la región, aún con resultados inciertos. Y en varias naciones se viven procesos electorales.
Desde nuestra asamblea de noviembre último en México, asumieron nuevos presidentes en Ecuador, Argentina y Guatemala, en procesos cargados de tensiones. Este año se abrió con elecciones en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele demostró cuán dispuesto está a manipular la institucionalidad y a perseguir a opositores para extender su permanencia en el poder.
El superciclo electoral continuará en mayo cuando se abran las urnas en Panamá.
En junio será el turno de México, donde las encuestas marcan que por primera vez habrá una presidenta mujer.
En julio votarán los dominicanos. Entre octubre y noviembre, los uruguayos definirán sus nuevas autoridades en doble vuelta.
Y el primer martes de noviembre los estadounidenses resolverán si optan por la continuidad, con Joe Biden, o vuelven a darle el poder a Donald Trump, pese al inédito atropello al Congreso que este alentó el 6 de enero de 2021.
También para julio fueron convocados a votar los venezolanos, en una parodia electoral que sólo busca validar al totalmente ilegítimo régimen de Nicolás Maduro. Y para que no haya posibilidad alguna de sorpresas, quien ya puede ser catalogado indubitablemente como dictador proscribió a todos los opositores con posibilidades de triunfo.
Un año electoral debería ser especialmente propicio para el trabajo periodístico; para que no sólo la dirigencia política y social sino la ciudadanía toda pudiera expresarse en libertad, para que floreciera el debate de ideas, para que se profundizara el libre acceso a información pública, clave para decidir el futuro de un país, de un Estado, de un municipio.
Lamentablemente, en este contexto la prensa suele ser la primera víctima de la intolerancia y del avasallamiento institucional con el que muchos dirigentes de la región, de izquierda o de derecha, cimentan el camino para arribar al poder o para consolidarse en él.
Las estigmatizaciones y el uso de redes sociales para desprestigiar a quienes investigan a gobiernos o poderes económicos se acentúan al calor de las contiendas electorales, y esto potencia las agresiones y amenazas, como veremos que ocurre en una veintena de países.
El crimen organizado, en muchos casos con la complicidad o la mirada displicente de poderes políticos y económicos o de las fuerzas de seguridad, continúa asimismo asesinando comunicadores, como ocurrió en el último semestre con dos colegas en Guatemala, otros dos en Honduras y uno en Colombia, Haití y México, respectivamente. O amenazando y realizando ataques para amedrentar y silenciar, como en Argentina y Ecuador.
El bloqueo de medios sigue siendo práctica recurrente en Cuba y Venezuela; maniobras de espionaje o vigilancia ilegal son denunciadas en Nicaragua y Perú; se registraron secuestros de periodistas en Haití y México; otros debieron exiliarse desde Ecuador y Paraguay, o fueron desterrados de Nicaragua.
Y continuamos lamentando que, contra todos los estándares internacionales, se siga encarcelando a colegas por el delito de informar o de investigar, como ocurre con José Rubén Zamora, quien ya supera los 600 días en prisión en una cárcel guatemalteca, mientras en Cuba se cuentan al menos tres periodistas tras las rejas en este período.
Sin llegar a la violencia o persecución física o la privación de la libertad, registramos casos de acoso y abusos en Brasil (especialmente contra mujeres), Cuba, El Salvador (con troles y haters actuando en redes con complicidad gubernamental) y Nicaragua, donde acciones similares son acompañadas de confiscaciones y negación de documentos de identidad.
Y si hablamos de acoso, crece la tendencia a iniciar millonarias demandas -los llamados Slapp o pleitos estratégicos contra la participación pública- para neutralizar a periodistas y medios en países como Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Las restricciones al acceso a información pública se acentuaron en Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela.
Entre los hechos positivos del último semestre destacamos la firma de las declaraciones de Chapultepec y de Salta por parte de Daniel Noboa, quien llegó a la presidencia de Ecuador en elecciones anticipadas para completar el mandato que Guillermo Lasso había dejado inconcluso. Y se comprometió a garantizar el trabajo de reporteros y medios de comunicación, en momentos en que el crimen organizado intensifica su violencia y en que se cuestiona la eficiencia del sistema de protección para periodistas.
También despiertan favorables expectativas un proyecto en Chile para proteger a periodistas durante coberturas; el Fondo No Es Hora De Callar, para mujeres periodistas en Colombia; la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica de acoger un recurso contra el ministro de Comunicación por no entregar información pública; un incipiente esfuerzo en Honduras por mejorar el Mecanismo de Protección; sendas iniciativas en Panamá para regular el gasto en comunicación oficial y contener el acoso judicial, y un fallo en Puerto Rico a favor de la confidencialidad de las fuentes.
En paralelo, hay proyectos o estatutos preocupantes en Brasil (para atribuir responsabilidad a medios por calumnias de entrevistados); en Canadá, para criminalizar el discurso público online; en Paraguay, con una ley de protección a mujeres que se utiliza para censurar a medios y periodistas, y en Perú, donde se propone aumentar penas a funcionarios por divulgar irregularidades a la prensa.
En las jornadas que hoy iniciamos debatiremos en profundidad estas acciones y proyectos. Y haremos foco especial en la delicada situación que padece la prensa haitiana, en un país estragado por la violencia y el desgobierno. Y analizaremos en paneles y mesas temáticas la difícil realidad del periodismo en el exilio; la violencia y la desinformación en contextos electorales; la cobertura del crimen organizado y la corrupción, y los casos de estigmatización, conflictos políticos y acoso judicial,
Frente a posturas autoritarias de quienes acusan a medios y reporteros de ser enemigos del pueblo, buscaremos coordinar medidas que multipliquen los impulsos favorables a la libre expresión y que neutralicen aquellas políticas que intentan censurar, perseguir, acallar la acción del periodismo.
La democracia no se debilita por la acción de la prensa, como sostienen dirigentes autoritarios de un extremo al otro del continente. El discurso de quienes dicen privilegiar la comunicación directa con la sociedad suele ocultar otro propósito: enturbiar el debate ciudadano, potenciar la confrontación a través de bots y granjas de troles, en una lógica amigo-enemigo que termina minando el debate social y demoliendo la institucionalidad.
El camino no es con menos periodismo, sino con más y mejor periodismo, con medios sustentables, con acciones de los estados para garantizar la seguridad de quienes informan a la sociedad. Por todo eso seguiremos luchando desde la SIP.
