Escribe, Rodulfo Cortez.- Cerré mi anterior aporte diciendo que el sistema político actual no da para más y que por ello necesita una profunda reforma que lamentablemente no provendrá de nuestros políticos pues ello no armoniza con sus intereses.
La política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo y el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Un sistema político es la forma organizada y estable de un conjunto de interacciones a través de las cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población y para la búsqueda del bien común.
Y son precisamente estos dos últimos elementos –población (o ciudadanos) y bien común- los que no se encuentran presentes en nuestro actual sistema político. Me atreveré a decir más, tampoco están presentes en nuestra legislación pues como ejemplo, en nuestro Código Penal matar a un perro, tiene más pena que el abuso de autoridad.
Es muy difícil sostener que las decisiones que se adoptan en base a nuestro sistema político actual se toman buscando el bien común o, más simplemente, pensando en los ciudadanos.
Desde la forma de elegir representantes, pasando por la forma como funciona el Estado y sus instituciones, hasta la permanencia de esos representantes (o agentes) cuando delinquen o simplemente no lo hacen bien, están diseñados para llegar y quedarse por un tiempo determinado, dizque en aras de la “estabilidad”, “gobernabilidad” o de la “institucionalidad”.
Uno de los pocos desfogues que existían, la institución de revocatoria de los alcaldes, fue inmediatamente modificado –por supuesto poniendo vallas inalcanzables- en cuanto se percataron que a través de ella se podía remover a una autoridad por la vía del voto y la voluntad popular.
Y así tenemos un sistema político y un marco jurídico diseñados para que quienes llegan al poder, o a sus cercanías, efectivamente lo ejerzan mal y que hagan ello sin ninguna consecuencia. Estabilidad laboral absoluta, agravada con mucha impunidad pues los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen una exigencia probatoria distinta y evidentemente mayor que los delitos cometidos por “un cualquiera”.
Esos son incentivos perversos que hacen que se busque llegar al poder para beneficiarse y no para beneficiar al pueblo al que un funcionario (o servidor) público debe su existencia.
Mientras ello no cambie entonces, seguiremos viendo (o por lo menos sufriendo) impunes “Ecotevas”, “lava jatos”, mega obras, puertas giratorias, y otras similares. Seguiremos escuchando “no está probado”, “que se investigue”, y exigentes exclamaciones sobre “proceso debido”. Seguiremos viendo la poca prioridad que los gobernantes asignan a la salud, la educación, la justicia y la seguridad mientras gastan en banalidades.
El sistema político y la legislación deben cambiar a fin de que los actos de un mal funcionario –que delinque o es ineficaz- tengan reales consecuencias. Lo difícil es encontrar un camino viable para ello.
