La izquierda ha lanzado su guerra del fin del mundo contra la institucionalidad democrática en el Perú.
Su pretexto es la investigación parlamentaria sobre la corrupta Junta Nacional de Justicia y su objetivo es impedir que las fuerzas anticomunistas desarticulen las mafias del JNE, la ONPE y el RENIEC.
Desde la caída de Fujimori el año 2000 y las concesiones que Valentín Paniagua les hizo, los izquierdistas de toda laya –desde los senderistas y emerretistas reciclados hasta revolucionarios de café– se fueron infiltrando y tomaron el control del estado. Con cargos oficiales, aunque mayoritariamente vía asesorías y consultorías multimillonarias, formaron un estado paralelo descontrolado y escribieron una falsa historia nacional con la CVR.
Enemiga del sistema capitalista, esta mafia ha petardeado los avances nacionales en todos los sectores productivos, especialmente la minería. Además ha desarticulado el sistema de partidos políticos y, al vincularse con las redes marxistas del exterior se ha sumado a los esfuerzos desestabilizadores del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. También opera con el separatismo territorial que alientan el narcosocialismo y el Runasur. Además el sector de la progresía se ha unido a la deconstrucción del Estado nación y aplica las teorías gramscianas de la guerra cultural.
La izquierda como conjunto amorfo unió fuerzas a través de la Coordinadora Continental Bolivariana, que conjugó desde polpotianos hasta pro cubanos, socialistas del siglo XX, neoindigenistas, caviares, progres y socialconfusos para ejecutar el fraude del 2021. Pero no contaron con la estupidez golpista de Castillo y el sector caviar fue duramente golpeado por la desratización ordenada por los propios marxistas. Así específicamente la morralla de los pitucaviares (es decir la élite pituca de los zánganos) fueron expulsados de sus asesoría y perdieron fuerzas hasta quedar reducidos al error estadístico y a sórdidos núcleos de intrigantes.
Hoy son ellos específicamente quienes en alianza con sus redes internacionales progres (la CIDH, el Consejo de DDHH de la ONU y un puñado de embajadas extranjeras) lanzan su guerrita contra un Congreso débil y desacreditado pero que ejerce sus funciones fiscalizadoras dentro de la ley y su autonomía. Los rebeldes que desgañitan en la prensa concentrada y las redes sociales saben que tienen la causa perdida y son capaces de cortarse las venas con galletas de soda como hicieron con su ridícula marcha del fin de semana. Pero hagan lo que hagan prevalecerá la soberanía nacional y la fumigación en curso seguirá hasta el final.
