De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores informales representan un 51,7% de la fuerza laboral en América Latina. La informalidad se traduce en la ausencia de protección social, menores derechos laborales y con frecuencia en la privación del acceso a servicios esenciales como salud, educación y capacitaciones.
En la región, las tasas de informalidad son heterogéneas entre países, aunque todos presentan niveles significativos, que van desde 27,5% en Chile y 28,5% en Uruguay, hasta 84,5% en Bolivia y 72,1% en Perú.
Un aspecto preocupante de la informalidad es su efecto en el monto de las pensiones. Dado que los trabajadores informales no cotizan, su densidad de cotizaciones disminuye, lo que no permite -en consecuencia- acumular los recursos necesarios para garantizar pensiones autofinanciadas suficientes.
La baja densidad de cotización derivada de la informalidad, junto con parámetros fundamentales de los sistemas previsionales (como la tasa de cotización y la edad de jubilación) no actualizados adecuadamente, explican en gran medida las diferencias observadas en las tasas de reemplazo entre América Latina y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Este informe estima el aumento de la tasa de reemplazo (entendida como el porcentaje que representa la pensión respecto del salario promedio de los últimos diez años) de las pensiones autofinanciadas del sistema de ahorro individual, que podría alcanzarse en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay en un escenario en que la densidad de cotización promedio, la tasa de cotización y la edad de jubilación convergen hacia los niveles observados en los países desarrollados. El propósito es dimensionar el impacto de estos parámetros y aportar evidencia relevante para la formulación de políticas públicas orientadas a fortalecer la suficiencia de las pensiones autofinanciadas en la región.
INFORMALIDAD A NIVEL GLOBAL Y REGIONAL
De acuerdo con las estimaciones modeladas de la OIT, la informalidad laboral en América Latina y el Caribe alcanza el 51,7%, ubicando a la región entre las más afectadas a nivel mundial. Este porcentaje es muy superior al de Norteamérica (8,7%) o al de Europa del Norte, del Sur y Occidental (8,6%), y se acerca más a los elevados niveles de África Subsahariana (86,3%) y Asia del Sur (86,6%), que lideran en términos de informalidad laboral.
Además, cuando la informalidad se mide como porcentaje del PIB1, América Latina se sitúa como la región más afectada, junto con África Subsahariana, alcanzando un 34% del PIB. Esto contrasta con el promedio de los países de la OCDE, donde la economía informal representa cerca del 15% del PIB.
Este panorama refleja que, aunque existen diferencias, la informalidad constituye un fenómeno generalizado dentro de la región. Incluso los países con tasas relativamente menores presentan niveles que superan ampliamente los observados en las economías de la OCDE, donde la informalidad se mantiene en torno al 1%–3%. Esta brecha pone en evidencia el desafío que enfrenta América Latina en términos de calidad del empleo y formalización de su fuerza laboral, pero también en la suficiencia de los sistemas de pensiones basados en el ahorro, ya que la informalidad laboral implica muchas veces informalidad previsional, y, por ende, menores contribuciones a lo largo del ciclo de vida, lo que deriva finalmente en menos recursos para garantizar pensiones autofinanciadas suficientes.
REFLEXIONES
La informalidad laboral en América Latina presenta niveles persistentemente elevados, con importantes diferencias entre países, pero siempre muy por encima de los observados en las economías desarrolladas. Este fenómeno repercute directamente en el monto de las pensiones, al reducir la densidad de cotización y, en consecuencia, la capacidad de acumular los recursos necesarios para garantizar ingresos suficientes en la vejez.
Las simulaciones realizadas muestran que, si en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay la densidad de cotización se elevara a niveles similares a los de la Unión Europea, las tasas de reemplazo de las pensiones autofinanciadas aumentarían de manera significativa. Esto confirma que la reducción de la informalidad debe constituirse como un objetivo central de las políticas públicas de la región.
Además, requiere atención particular la situación de los trabajadores más jóvenes, quienes enfrentan tasas de desempleo e informalidad superiores a las de otros grupos etarios. El retraso en el inicio de las cotizaciones tiene efectos adversos adicionales, pues reduce de manera considerable la acumulación de ahorro previsional debido a la pérdida de rentabilidad acumulada (la naturaleza del interés compuesto genera justamente que, mientras antes se comience a cotizar, mejores son los resultados a largo plazo en términos de acumulación de activos y por ende en capacidad de autofinanciar una mejor pensión). En este sentido, el diseño de políticas que promuevan una inserción temprana y formal en el mercado laboral resulta crucial.
Asimismo, el análisis muestra que, junto con la densidad de cotización, parámetros como la tasa de cotización y la edad de jubilación inciden de manera importante en el nivel de las pensiones, explicando buena parte de la brecha existente entre América Latina y los países de la OCDE. De ahí la importancia de contar con una institucionalidad técnica que permita ajustar de manera automática, gradual y oportuna estos parámetros, asegurando que los sistemas previsionales evolucionen en concordancia con la realidad demográfica, laboral y social de cada país, y que las pensiones cumplan efectivamente con las expectativas de la población.
Nota de Redacción: Para acceder a la Nota de Pensiones elaborada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) ingrese al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1HcI5tLLmuCfMH9bhgvio81VCi-76KA6E/view
