Seguramente saldrán por allí algunos fanáticos burócratas del gobierno del partido Morado y sus aliados de la izquierda de café y planilla de la cátedra universitaria menos productiva, a tratar de desacreditar cualquier mención a la pésima gestión que en materia de seguridad ciudadana se evidencia a lo largo de los últimos años y en especial, bajo la presidencia transitoria del señor Sagasti.
Seguramente las excusas de siempre querrán ocultar las ineficiencias e ineptitudes de siempre, también. Lo cierto e innegable es que en materia de seguridad ciudadana, el país jamás estuvo tan mal.
Tomemos un primer dato: El 85% de los peruanos tiene miedo de estar en las calles, y no por el Covid sino porque tiene temor de ser asaltado violentamente. Nos sentimos inseguros, no tenemos protección.
Entonces podrán decir -desde el gobierno- que en todos los países de América Latina ocurre lo mismo, que este es un tema además, global.
Revisemos las cifras otra vez: De acuerdo al Barómetro de las Américas, la victimización se encuentra el 36% siendo la más alta en todo el continente.
¿Qué sucede que nadie ve el centro del problema?
En el Perú contamos con 1,495 Comisarías sin recursos, mal diseñadas, poco operativas, abandonadas en sus necesidades, sobreviviendo con magros presupuestos, o con polladas y donaciones, a veces con “operativos irregulares” para conseguir fondos, esa es la realidad.
Las Comisarías albergan a cerca de 50,000 efectivos policiales que usan las instalaciones sin contar con infraestructura de soporte que les brinde dignidad y sustento laboral óptimo, no mínimo, debe ser óptimo, con zonas de descanso protegidas y espacios de atención debidamente escalonados y diferenciados. Y lo mismo hacia los ciudadanos, porque ni siquiera existen zonas de parqueo vehicular, tópicos y zonas de triaje.
Las Comisarías no están interconectadas con las Fiscalías o los canales digitales del Estado, carecen de almacenes con equipamiento de emergencias para catástrofes, e inclusive, a veces no cuentan ni siquiera con agua. Tenemos problemas bien identificados en el diseño de las Comisarías, en su distribución interna, equipamiento y proyección en el tiempo.
Peor aún, al no tener un gobierno al servicio de la ciudadanía, no se observa que se debe fortalecer la investigación policial como elemento clave en su operatividad para reducir la delincuencia, siendo por ello un punto a resolverse el tema de la investigación criminal.
Contamos con 140,000 Policías pero 1/3 de ellos están en las Comisarías, eso es absurdo. ¿Qué debe hacerse?
Asumir el reto de ponerse un Plan Secuencial:
- Infraestructura: Comisarías diseñadas bajo estándares de operatividad que se proyecten hacia 20 años, tipo grandes módulos de servicios (comisaría, policlínico, agencia Banco de la Nación, centro de conciliación, fiscalía distrital, juzgado de paz, centro de hospedaje policial para turnos rotativos, depósito intermedio vehicular, zona de detención por faltas y trabajo comunal, zona de carcelería por delitos para traslado rápido, zona de servicios ciudadanos, etc.): un Complejo Policial integral.
- Objetivos de acción: delito callejero como prioridad y marco de encuentro comunitario para resolver las faltas en base a conciliaciones y compromisos ciudadanos. Lucha especializada contra la delincuencia y Mapa del delito actualizado cada mes, por cuadrantes, con indicadores de acción, gestión y represión.
- Confianza en la Policía: Personal policial en Comités Vecinales, parroquias, mercados y escuelas dando charlas de educación cívica, reglas de transito, campañas de cooperación escolar en la prevención, acciones solidarias y deportivas, apoyo a adultos mayores…
Sólo tres pasos, pueden permitir el camino del despegue: No se trata de refundar para refundir una gran Institución.
¿Se atreverán los candidatos congresales?
