Sacar a la tropa militar en tres distritos declarados en emergencia solo ha servido para poner en evidencia que no existe ningún plan para contener la ola de violencia.
No se puede enfrentar a la criminalidad mientras no se sanee a la Policía. La institución está deprimida: en los pérfidos gobiernos de Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo se han sucedido demasiados ministros y han cambiado los mandos como ropa sucia impidiendo que los planes operacionales tengan estabilidad.
Hoy la policía sigue infiltrada por malos elementos y en los niveles más altos están pagando el precio de una politización depredadora. Y eso va a empeorar: Otárola está proponiendo una nueva ley de ascensos que daría de baja unos 400 oficiales de mando (comandantes y coroneles), con lo cual la experiencia de personal valioso sería despedida justamente cuando se pretende enfrentar la inseguridad.
A nivel básico la situación es trágica: las instalaciones de la Escuela de Oficiales en Chorrillos se están cayendo a pedazos y los nuevos mandos se están formando en la Escuela de Sub Oficiales, lo cual es un maltrato terrible. Además siguen los problemas elementales: el personal tiene que comprarse desde sus armas personales y las municiones hasta los uniformes. No hay patrulleros, la maestranza solo se da abasto para mantener chatarra vieja, el hospital da asco porque sus instalaciones son insalubres aun cuando cuenta con médicos notables. Y en general, a nivel nacional, menos de un tercio de las comisarías tienen condiciones operativas aceptables.
En cuanto a sueldos los policías, están desactualizados; en condiciones extremas –como la violencia de inicios de año– no se pagaron los viáticos y los bonos a tiempo; no hubo equipos de seguridad adecuados (apenas escudos acrílicos viejos y rotos); faltó capacidad para evacuar a heridos; y hasta hoy no se les permite usar sus armas de reglamento porque el marco jurídico es pésimo. Tanto que inclusive las investigaciones preparatorias las usurpa la fiscalía. Además no se dictan especialidades claves como la de investigación criminal.
Se propone, además, crear un cuerpo paralelo que solo terminaría siendo una fuerza paramilitar al servicio del gobierno de turno. Desde esta realidad, ¿qué emergencia se puede atender? ¿Se seguirá inmolando a los guardias solo para efectos publicitarios? No hay “Plan Boluarte” y tanto Otárola como el ministro del Interior deberían ser reemplazados por quienes tenga un mínimo de conocimiento y compromiso con la policía y la sociedad.
