Nunca es tarde para derrumbar los mitos y mentiras de la izquierda del odio, en especial cuando se tratan temas relacionados con el Derecho de Asilo diplomático que se extiende a personas que consideran que sus vidas, que sus libertades, están siendo conculcadas en el país de residencia, por ejemplo.
Este Derecho, a lo largo del tiempo ha recibido interesantes aportes y a la vez, encendidas críticas, por cuanto se dice que está desnaturalizado en su esencia y otorgamiento, en razón de brindarse a delincuentes y sentenciados por la justicia de los países que los estaban procesando, o que los condenaron en debidos procesos.
Estos días, el debate se ha encendido porque el Canciller del Perú ha presentado una propuesta sobre este tema, sustentando que es necesario “revertir la evolución negativa del Asilo” y para ello precisa que “cuando se evalúe los pedidos de asilo diplomático, en el marco de la convención de Caracas y otros instrumentos (…), la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.
Si bien es un asunto muy delicado y que no gusta a todas las partes, ha creado atención en varios países, generó rechazo en otros y movió a la inquietud a los restantes. Lo cierto es que se trata de un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado con variar el criterio de calificación, que lo debe y tiene que otorgar el país asilante y no el que “busca retener” al ciudadano solicitante, porque en esencia, es un Derecho relacionado a la política y en circunstancias variables, la política represiva ha estado moldeada por los gobiernos para reprimir opositores en vez de alentar la discrepancia, teniendo variables de interpretaciones jurídicas.
Un caso bastante inspirador es el nos ocurrió a los peruanos hace muchos años y del que poco se habla, cuando seis ciudadanos cubanos, ninguno con sentencia efectiva de la justicia de su país, ingresaron abruptamente a la Embajada de Perú en La Habana, para solicitar Asilo. ¿Por qué Fidel Castro y su gobierno se oponían a dar el asilo o permitir el asilo? ¿Por qué los partidos de la izquierda del odio, en aquellos tiempos se solidarizaron con Fidel Castro, si él no buscaba Asilo, sino que era la encarnación del Estado comunista represor?
Veamos algunos datos:
El 1 de abril de 1980, seis ciudadanos cubanos irrumpieron en la embajada peruana en La Habana chocando un autobús contra las puertas, lo que resultó en la muerte lamentable de un guardia cubano. El gobierno del Perú concedió asilo a los perseguidos políticos, pero el gobierno cubano se negó a otorgar salvoconductos para que salieran del país. Esto escaló rápidamente: el dictador comunista Fidel Castro retiró la vigilancia y protección policial de la embajada el 4 de abril, y alentó a que miles de cubanos (alrededor de 10.800) entraran en busca de asilo en los días siguientes. La crisis duró hasta que Castro permitió la emigración masiva a través del puerto de Mariel, pero teniendo incontables escenas de tensiones diplomáticas.
Fidel Castro y el régimen cubano rechazaron el asilo y la salida segura -salvoconductos- por una combinación de motivos ideológicos, políticos y estratégicos. Aquí detallamos los principales, basados en fuentes históricas:
Castro no consideraba a los ocupantes como disidentes políticos legítimos que estaban siendo perseguidos por el régimen, sino como “escoria, delincuentes, lumpen, parásitos y elementos antisociales”. Esta percepción justificaba su oposición, ya que veía el asilo como una protección indebida para quienes él y su gobierno dictatorial calificaban como criminales o traidores a la Revolución, en lugar de reconocerlos como refugiados genuinos. En un artículo en el periódico oficial Granma, el tirano comunista declaró que quienes entraban por la fuerza en embajadas extranjeras perdían el derecho a una salida segura. Pero ¿cómo no hacerlo de forma intempestiva, si cada embajada estaba rodeada por los guardias de la revolución y se ubicaban en una zona a la que el acceso era restringido?
En 1980, Cuba enfrentaba dificultades económicas, como inflación, racionamiento y baja moral popular. Permitir el asilo masivo habría sido visto como una debilidad, alentando más defecciones y cuestionando la estabilidad del sistema comunista. Castro buscaba proteger la narrativa revolucionaria y evitar que se interpretara como un fracaso del régimen, especialmente ante intrusiones previas en otras embajadas.
Fidel Castro intentó forzar al Perú para devolver a los refugiados, e incluso amenazó con invadir la embajada con tropas cubanas. Al retirar la seguridad policial de la embajada, Castro buscaba avergonzar a Perú y establecer un precedente para otras embajadas latinoamericanas en Cuba, convirtiendo el incidente en una “vergüenza”. Esto incluyó organizar masivas protestas contra la Embajada, en las que militantes del régimen comunista agredieron a los refugiados con insultos, lanzando objetos al interior de la sede diplomática y amenazando directamente a sus familiares que no estaban en condición de solicitantes de Asilo.
Castro usó la crisis para “resolver problemas internos” exportando elementos problemáticos (como delincuentes), mientras creaba dificultades para Estados Unidos, que terminó recibiendo a miles de emigrantes en el éxodo del Mariel. Inicialmente, la oposición al asilo y el negarse a extender el salvoconducto fue parte de un “juego” para presionar internacionalmente, violando incluso la Convención de Viena al retirar guardias.
En resumen, la oposición inicial fue una mezcla de control interno, defensa ideológica y tácticas diplomáticas agresivas. Sin embargo, la situación se volvió contraproducente para Cuba, llevando a Castro a permitir la salida no solo de los primeros seis refugiados, sino de más de 125.000 personas hacia EE.UU. entre abril y octubre de 1980, en lo que se conoció como “el Mariel Boatlift”.
Sin embargo, hay hechos adicionales que se dieron en el curso de esta historia:
Después de que seis cubanos irrumpieran en la embajada chocando un autobús (lo que resultó en la muerte accidental de un guardia cubano), el dictador comunista Fidel Castro ordenó personalmente a la embajada peruana entregar a los asilados para juzgarlos por el homicidio del oficial Pedro Ortiz Cabrera. El embajador peruano, Ernesto Pinto Bazurco, rechazó la exigencia, argumentando que se trataba de un asilo diplomático legítimo bajo la Convención de Viena. Esta negativa provocó la escalada: el 4 de abril, Cuba retiró toda la guardia policial del perímetro, permitiendo la entrada masiva de miles de cubanos (alcanzando unos 10.800 en días).
Previamente, el 3 de abril de 1980, Fidel Castro publicó una declaración en Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, donde calificaba a los intrusos como “escoria, delincuentes, lumpen, parásitos y elementos antisociales” (no disidentes políticos genuinos). Anunciaba que “todos aquellos que entraran por la fuerza en una embajada extranjera a partir de entonces perderían su derecho a una salida segura de Cuba”. Esto invalidaba el asilo diplomático y presionaba indirectamente a Perú para que los devolviera, presentándolos como criminales comunes. El comunicado también incitaba a protestas populares contra los refugiados, organizadas por el régimen, que incluyeron agresiones verbales y físicas.
Solicitud para ingresar tropas (4-5 de abril de 1980): El embajador Pinto Bazurco comentó que Castro buscó explícitamente el permiso de Perú para que unidades militares cubanas invadieran la embajada y “resolvieran la situación de inmediato”, es decir, ingresaran a la fuerza y arrestaran a los refugiados para llevarlos a cárceles en Cuba. Esta petición fue rechazada de inmediato por el gobierno peruano, que la vio como una violación flagrante de la soberanía diplomática.
El dictador cubano Fidel Castro convocó de urgencia al embajador peruano a una reunión privada en La Habana para intimidarlo.
Inicialmente cordial, Castro se enfureció cuando el Embajador del Perú se negó a aceptar sus órdenes, es más, ni siquiera aceptó transmitirlas al gobierno peruano porque se trataba de una grosera y cobarde imposición. Ante la respuesta del Embajador peruano, Castro enloqueció como era habitual.
El dictador declaró: “Yo soy el que decide en este país quién vive y quién muere”. Pinto respondió: “Vas a ser responsable de que la gente muera de hambre” refiriéndose al hacinamiento y las condiciones insalubres en la Embajada. En otra versión del diálogo, Castro amenazó: “Yo sé matar, tú no”. Estos detalles provienen de las memorias del embajador, publicadas en 2016 (El Comercio y El Nuevo Herald), donde describe la reunión como un intento de coacción personal para forzar la entrega de los asilados.
Mensaje final:
Como verán, sobre todo los más jóvenes, el tema del Derecho de Asilo es muy difícil de inclinarlo hacia los lados, porque no se trata de decidir a favor de un gobierno, sino del Derecho del solicitante, siempre y cuando reúna las condiciones mínimas para ese otorgamiento. Por ello, en mi opinión personal, el Gobierno del Perú no debe de intentar propuestas de nueva interpretación del Derecho de Asilo, menos aún, cuando el gobierno actual no tiene una representación en el tiempo, ceñida al mandato de las elecciones nacionales (cinco años) sino a un legítimo período constitucional de enlace o transición democrática.
Los temas que impactan sobre derechos se deben discutir con gobiernos, parlamentos e instituciones que gocen de estabilidad constitucional en el tiempo, no con los que están reemplazando o complementando a los que estuvieron en los poderes del Estado. Y finalmente, los temas nacionales, implican participación ciudadana y en este caso, es una iniciativa de un gobierno de transición, de una Cancillería sujeta esa transición y no a poner en agenda internacional, opiniones políticas, por más que consideremos que la Embajada de México está actuando en contra del significado del Derecho de Asilo.
