Diversos acontecimientos están marcando la agenda de la inestabilidad política como si fuera algo natural en el país, como si el desorden y el abuso de las hordas estuviera por encima de la Ley y de nuestra Constitución. Los criminales actos de invasión violenta de instalaciones públicas y privadas, causando numerosas víctimas que son obligadas a ser “carne de cañón”, con grupos extremistas fuertemente armados con explosivos y armas que en principio eran de tipo artesanal, evidencian un componente paramilitar, propio de grupos terroristas y financiamiento relacionado con los cárteles del narcotráfico del menudeo.
La secuencia obligada, por la cual el Estado debe intervenir y responder a la violencia extremista, no ha sido bien estructurada, siendo manipulada esa respuesta para inventar un escenario impropio, abusivo o de represión injustificada. ¿Cómo debió proceder entonces la Policía Nacional frente a disparos, lanzacohetes y explosivos que los grupos alzados en armas le dirigían en ataques coordinados con tanta precisión?
La respuesta es muy sencilla. Cuando se decreta un Estado de Emergencia, quienes deben y tienen que asumir la recuperación del orden y la defensa de la sociedad, son las Fuerzas Armadas y no la policía (una institución desvalorizada, irrespetada, que juega roles y acciones muy criticadas y que no goza de respaldo ciudadano en su diario desenvolvimiento, se diga lo que diga).
Las Fuerzas Armadas, mediante sus unidades de acción especializadas, por ejemplo la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, los Comandos del Ejército y los equipos de acción inmediata de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, el Grupo de Fuerzas Especiales o Defensa de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, además de los equipos de acción rápida, en muy pocas horas pueden ocupar y gestionar la seguridad integral de las instalaciones estratégicas del Gas de Camisea (entre otras, la planta de bombeo que casi es incendiada por los extremistas), las refinerías y puentes, hospitales, plantas de tratamiento de agua potable, centros comerciales y puntos vulnerables de instituciones públicas y privadas en cada ciudad. Nuestras Fuerzas Armadas son las encargadas de evitar que escalen los conflictos promovidos por la subversión, a fin que no se conviertan en escenario de violencia permanente, que causen perjuicio a la vida de los ciudadanos y sus familias.
El gobierno se equivocó al darle a la Policía esta tarea especializada en un escenario como el Estado de Emergencia, donde la subversión heredera del MRTA y sendero luminoso está actuando en diversos frentes con una agresividad que requiere su eliminación.
Por todo esto, los peruanos no estamos en un dilema para decidir, sino en una posición para exigir al gobierno, al congreso y a nuestras Fuerzas Armadas un solo camino: la Ley o el terrorismo.