Cuando el presidente colombiano y exguerrillero, Gustavo Petro, asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022, prometió alcanzar la “paz total” en el país. Su plan era negociar acuerdos de cese al fuego con todos los grupos armados.
Sin embargo, el ejecutivo suspendió las negociaciones con el Clan del Golfo y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2023. Los acuerdos parecían contar poca credibilidad ya que los grupos armados llevaron a cabo múltiples ataques contra civiles y agentes del orden.
El 3 de agosto de 2023, la administración de Petro llegó a un acuerdo de cese al fuego de 180 días con la guerrilla más grande de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde diciembre, sin embargo, miembros de alto rango del ELN han estado condicionando la renovación del cese al fuego. Ellos quieren que los contribuyentes garanticen fuentes alternas de ingreso para los miembros del ELN, aunque probablemente el ingreso provenga de proyectos de empleo del gobierno en lugar de un mero estado de bienestar.
El ELN, que tiene más de 6.000 miembros, pretende que el apoyo estatal sea la única forma para que ellos dejen de secuestrar y extorsionar ciudadanos. Los viejos hábitos tardan en desaparecer, así que ahora los miembros del ELN quieren continuar con la extorsión pero a los contribuyentes. Obtener trabajos honrados y reintegrarse a la comunidad, incluso sin enfrentar castigos por los incontables crímenes que han cometido, parece estar fuera de la discusión.
El 17 de enero, Petro respondió a la propuesta del ELN. Dijo que las negociaciones de paz y la extensión del acuerdo de cese al fuego dependen de si el ELN frena por completo sus actividades criminales, incluyendo los secuestros y la extorsión. La guerrilla todavía no ha respondido a las declaraciones de Petro, pero la situación parece haber descendido a una suerte de juego entre el gato y el ratón, siendo el crimen la palanca del ELN para negociar con las autoridades.
Aplicación legal del plan
La administración de Petro hizo de la paz total una política de Estado, buscando finiquitar seis décadas de conflicto interno con grupos armados. El 30 de agosto de 2022, el ejecutivo envió la Ley de la Paz Total al Congreso. Tres meses y cuatro debates después, el Congreso aprobó la ley.
La Ley de la Paz Total permite al ejecutivo colombiano, a través de sus ramas, negociar con los grupos armados. Por ejemplo, la ley establece la creación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta oficina está a cargo de aconsejar al presidente en asuntos relacionados a la paz y liderar negociaciones de paz con grupos armados.
La ley también estableció una Comisión de Alto Nivel, con funcionarios del Ministerio de Defensa, el director nacional de inteligencia y el alto comisionado para la paz. Esta institución ha organizado negociaciones de paz con múltiples grupos armados, incluyendo al ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC.
A pesar de chocar contra una pared, las negociaciones del Estado con el ELN han sido las más avanzadas hasta el momento —en comparación con aquellas de otros grupos armados—.
Más secuestros y extorsión en la administración de Petro
La tasa de homicidios de Colombia se ha reducido levemente durante la administración de Petro. Sin embargo, otras formas de violencia —especialmente los secuestros y la extorsión— han aumentado. Tanto datos oficiales como estudios de oenegés han identificado esta tendencia desde agosto de 2022.
Un reporte de noviembre del 2023 del Financial Times clarificó que los secuestros y la extorsión habían aumentado en 83 y 27%, respectivamente, desde que Petro asumió el cargo. La tasa de homicidio, por otro lado, había caído en 3%, que posiblemente refleja un cambio natural.
Un reporte de agosto del 2023 de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia sostiene que “grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC se han vuelto más fuertes [militarmente]” durante el primer año de Petro en la presidencia. El reporte añade que estos grupos armados han “obtenido una mayor influencia” en cientos de municipios colombianos. El ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC presuntamente tienen influencia en 176, 200 y 171 municipios principalmente rurales, respectivamente.
Por otro lado, el reporte de la Fundación de Ideas para la Paz asegura que las confrontaciones entre fuerzas del orden y grupos armados han caído en 47%. Esto parece nacer de diferentes acercamientos de las fuerzas del orden ya que han reducido los bombardeos y enfrenatmientos directos con grupos armados.
El mensaje aquí es que los grupos armados han estado luchando mucho más entre ellos. Esos conflictos, sea por control territorial o influencia política, han aumentado en 85% desde que Petro asumió la presidencia.
La Fundación Ideas para la Paz también identificó una reducción en el número de personas que perciben estar seguras en sus municipalidades. Entre agosto de 2022 y 2023, la cantidad de personas que se sentían seguras en sus ciudades disminuyó de 41 a 37%.
El caso que humilló a la paz total
El 28 de octubre de 2023, el ELN secuestró a Luis Manuel Díaz y Cinelis Marulanda, padres de la estrella del Liverpool Football Club, Luis Díaz. El secuestro sucedió en la provincia norteña de La Guajira. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas, La Guajira tiene la segunda tasa de pobreza más alta del país, únicamente detrás del Chocó.
Mientras los secuestradores soltaron a la mamá de Díaz en un carro vacío horas después de su captura, tuvieron al padre de Díaz por 12 días antes de liberarlo ante una delegación de funcionarios de la Iglesia católica y de la ONU. Aunque los detalles no son claros, el sitio de noticias regional Infobae ha revelado que funcionarios de inteligencia del Reino Unido y Colombia trabajaron en conjunto para capturar a cuatro de los presuntos secuestradores.
La población colombiana, medios nacionales y extranjeros e incluso jugadores de fútbol alrededor del mundo mostraron su indignación por el secuestro de Díaz. La asociación más importante de fútbol en el mundo, la FIFA, envió “apoyo y oraciones” a Luis Díaz mientras el ELN tenía a su padre en custodia.
El caso de Díaz es solamente uno de las más de tres docenas de secuestros reportados a manos del ELN. En diciembre de 2023, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que el ELN tiene en su custodia a al menos 38 colombianos. Añadió que las guerrillas están pidiendo dinero a las familias y amigos de los secuestrados a cambio de su liberación. Es poco probable que los 38 secuestrados tengan el mismo desenlace que Luis Manuel Díaz. Su caso generó la condena de personas alrededor de todo el mundo porque su hijo es el futbolista más importante de Colombia.
Aunque el plan de Petro parece haber coincidido con una leve disminución del número de asesinatos en el país, el ELN y otros grupos armados continúan con sus crímenes. En su lugar, parecen haber sido empoderados para secuestrar y extorsionar como fuentes de ingreso, además del narcotráfico. A pesar de la retórica aparentementealtruista, más de un año después de la implementación de la paz total, esta no ha logrado resultados concretos. En todo caso, el plan ha exacerbado los secuestros y la extorsión. Al menos como ha sido ejecutado hasta el momento, la estrategia de negociaciones —en lugar de confrontación directa y castigo— no ha logrado resolver el problema siempre latente de la violencia en Colombia.
Imagen de portada, vía Esteban Vega La Rotta, Semana, Colombia
