Boluarte se lanza contra la CIDH por admitir la nueva demanda de Víctor Polay, y Otárola dice que el Perú no pagará ninguna reparación al emerretista.
Pero ambos coinciden en la falacia de que nuestro país no saldrá del sistema interamericano porque es “respetuoso de los tratados”.
¡Falso! Si realmente respetáramos los tratados originales –y no la deformación presente–, deberíamos denunciar los vínculos contra un sistema que está ideologizado desde la izquierda extrema y que se ha ensañado contra el Perú, favoreciendo con impudicia a los terroristas.
El caso Polay original tiene más de quince años, fue juzgado dos veces. Primero por jueces sin rostro y luego por jueces ordinarios en procesos que la Corte Interamericana ha consentido como justos y correctos. Por sus crímenes, desde asesinatos hasta secuestros, tortura y genocidio, está sentenciado a 35 años de prisión y le falta enfrentar dos condenas adicionales; además purga sentencia legítimamente en la Base Naval bajo control del INPE. Su nueva pretensión de reclamar por presuntos abusos a sus derechos humanos en cárcel no tiene sentido, y si la Comisión admite la denuncia es porque se trata de un órgano controlado por funcionarios marxistas enemigos de la democracia peruana, tal como han demostrado, entre otras cosas, apoyando el golpe de Estado contra Merino y a la subversión terrorista tras la violencia después del golpe de Castillo.
El problema real, entonces, estriba en tres cosas. La primera es que recién (por un hallazgo de la doctora Delia Muñoz) nos hemos enterado del nuevo caso Polay pese a que el Estado fue notificado el 2 de marzo de 2021 y hubo una primera respuesta deficiente el 3 de junio de 2021, hasta que se declaró la admisión de la causa en marzo del 2022.
¿Por qué Boluarte y Otárola no descubrieron oportunamente el caso? ¿Por qué no han denunciado penalmente a Francisco Sagasti y a Pedro Castillo? La segunda cuestión es que el Perú tiene una defensa legal pésima. Por allanamientos, y hasta complicidad, ya hemos pagado más de 77 millones de dólares a los terroristas.
Y el tercer problema es que falta voluntad política para salirnos de un sistema tan desquiciado que considera al Perú como mayor violador de DD.HH. por encima de Venezuela. Persistir en un tratado lesivo al interés nacional, ¿no se deberá a que Boluarte y Otárola mantienen afinidad ideológica con la izquierda subversiva? Aclaremos las cosas de una vez por todas.