Organizaciones internacionales de derechos humanos dirigieron un comunicado este 7 de julio al Experto Independiente sobre los Derechos Humanos y la Solidaridad Internacional, profesor Obiora C. Okafor, manifestando su “preocupación y sorpresa” respecto a un informe que pondera las misiones médicas cubanas y omite referirse a las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los médicos cubanos en el exterior del país.
El referido Informe A/HRC/47/31 del 13 de abril de 2020, titulado “La contribución de la solidaridad internacional en favor de la efectividad de los derechos humanos durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y después de ella”, fue presentado en el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. En él se expresa la “importante muestra de solidaridad internacional para contener la pandemia que supuso un gran avance en materia de derechos humanos” por parte de Cuba.
Para CADAL, Freedom House, Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Civil Rights Defenders, International Institute on Race, Equality and Human Rights y Prisoners Defenders, todo lo expresado “en relación de las misiones médicas cubanas resulta sorprendentemente incompleto ya que no menciona en absoluto las graves denuncias acerca de la situación a la que son sometidos los médicos que integran dichas misiones”.
Las organizaciones citan otros informes desarrollados desde 2019 referidos a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano contra estos profesionales de la salud. Algunos de esos informes citados son los desarrollados por la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2020; la Resolución del Parlamento Europeo, del 10 de junio de 2021, sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba; y Human Rights Watch en su publicación del 23 de julio de 2020, “Cuba: Normas represivas contra médicos en misión”.
En estos informes se ha manifestado que las misiones médicas cubanas califican como trabajo forzoso, el cual constituye una forma contemporánea de esclavitud; alegan además severas violaciones a la libertad de movimiento, de expresión y asociación, así como a la privacidad de los trabajadores de la salud. A ello se une un ordenamiento penal en Cuba que prevé altísimas condenas a prisión (de 3 a 8 años) para aquellas personas que decidan abandonar la misión o se nieguen a regresar al país.
“Además, respecto a las situaciones relacionadas con las misiones al extranjero nos permitimos afirmar que el contexto represivo histórico imperante en Cuba impide que dentro del país se conozca en forma transparente y abierta las características de las misiones y las condiciones de sus trabajadores. No existe en dicho país libertad de prensa que permita indagar libremente acerca de éstas y otras políticas de estado. Tampoco hay mecanismos legales que permitan el pleno acceso a la Información Pública, ni una representación plural en su Parlamento que implique la presentación de pedidos de informes como en cualquier país democrático”, explica la misiva.
Ante tales referencias, las organizaciones firmantes consideran que “resulta de suma relevancia la incorporación de esta situación dentro de sus consideraciones sobre las misiones médicas cubanas, ya sea por vía de aclaración o ampliación de su informe, la emisión de un comunicado o bajo la forma que usted considere adecuada, lo cual respetuosamente le solicitamos realice en la medida que usted acuerde sobre la gravedad de lo denunciado”.
Las violaciones de derechos humanos cometidas contra los profesionales de las misiones médicas cubanas también fueron denunciadas recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos mediante el reporte sobre tráfico de personas en 2021 de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Según dicho informe, el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y “no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia COVID-19”.
Redacción de Camila Acosta
