Desde que ocurrieron los terribles crímenes de diciembre de 2022, en los que hasta la fecha no se tiene identificados plenamente y procesados judicialmente a los generadores de la violencia (invasión de pistas de aterrizaje y destrucción de señales de maniobras aeroportuarias, incendios, saqueos y ataques con explosivos a instituciones públicas y establecimientos privados, generación de temor y pánico en la población civil por grupos extremistas, ataques indiscriminados contra transportistas y comerciantes, bloqueos de carreteras, daño económico a empresas de turismo, restaurantes y hotelería, asesinato de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional… y del mismo modo, el fallecimiento de cerca de 50 civiles que se encontraban en las zonas de protestas y bloqueos), han transcurrido más de siete meses en que ni las autoridades del gobierno, ni las organizaciones que estuvieron detrás de estos actos en una u otra forma, han señalado responsabilidades individuales y de grupo, ¿Porqué?
En un país que se vio envuelto en otra actuación de grupos de presión y de interés por hacerse del poder permanente vía un autogolpe de Estado, sobre lo que la Constitución Política del Perú establece, sucesos como los que mencionamos al principio, han debido esclarecerse de inmediato, ya que las evidencias, los afectados y los delitos, son conocidos, pero los responsables de esos hechos siguen impunes, viviendo bajo mantos de impunidad absoluta.
No se puede señalar a un partido político, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a un medio de comunicación, a un colectivo en particular, como el agente que lideró todos los actos de violencia extrema, porque deben de haber personas (individuos) que han estado -como antes y como siempre- detrás de estos hechos gravísimos y a ellos, hay que identificarlos, y procesarlos públicamente, de lo contrario, seguiremos en nuevos capítulos de odio convertidos en crímenes contra las personas, contra el país en su conjunto.
Y es por ello que ante varios actos de gobierno que nos parecen inadecuados, irregulares, ilícitos y perniciosos, como el manipular la Constitución Política del Perú para crear falsos sustentos legales, levantamos nuevamente nuestra alerta, porque esa forma de autoritarismo y manipulación, es un camino muy peligroso, sin retorno.
Ninguna ley contraria a la Constitución está por encima de ella, así el Tribunal Constitucional no la haya declarado inconstitucional.
