¿Qué o cuánto incide en las decisiones de los sectores sociales, el que la delincuencia sea un fenómeno en ascenso permanente? ¿Cómo pretende una sociedad enfrentar el reto de su desarrollo y modernidad, si no tiene argumentos efectivos para reducir y controlar todos los asuntos que llevan implícita una cuota grave de violencia?
Para las clases medias, uno de estos “asuntos” que nadie se encarga de resolver, es el de la delincuencia. Por eso, en algunos lugares del mundo las propuestas de gobierno comienzan en esta ruta.
Hemos revisado atentamente la composición del fenómeno delincuencial en el Perú, encontrando más interrogantes que respuestas cuando pretendemos identificar acciones, decisiones y responsabilidades.
Es muy complejo este tema si no se apartan criterios de análisis social, antes que herramientas que definan los problemas y propongan opciones severas de solución.
Los delitos denunciados -según estadísticas poco confiables del Estado- en los últimos años, no reflejan la realidad del sufrimiento y temor constante de los ciudadanos porque, con cálculos y cifras basadas en realidades tan fáciles de documentar (por las costumbres, actos repetidos y encontrados en idénticas poblaciones o circunscripciones geográficas, entre otros parámetros similares), como en el caso de multiplicar por cuatro –solamente- la realidad oficial contra la realidad social que siempre se minimiza, éstos crímenes no deben bajar de tres millones (entre delitos denunciados y no denunciados) los mismos que agobian e indignan a nuestra sociedad, creando un complejo cuadro de victimización que crece inconteniblemente y no se procesa adecuadamente para definir respuestas.
Un gran aumento en la frecuencia de robos, el creciente consumo de estupefacientes, la violencia familiar y la protesta social indiscriminada –que también se convierten en delitos cuando afectan vidas y propiedades, desplazamientos e inversiones-, el uso de los dineros e infraestructura del Estado para fines personales o políticos, el crecimiento de pandillas de adolescentes sin destino cierto, la pésima imagen de la Policía Nacional y su débil manejo presupuestal entre otras realidades, reflejan la contradictoria verdad.
Comprobamos que una “escondida realidad” sigue creciendo y volviéndose sumamente rentable para los que cometen delitos de toda índole.
Estos actos ilegales aumentan cada dos minutos en el Perú y las autoridades no realizan ningún esfuerzo por detener tan terrible amenaza. Es más, en muchos casos son las propias “instituciones” quienes se convierten en cómplices de estos hechos, cuando no son las cabezas visibles de bandas preparadas para robar al Estado y a los ciudadanos, existiendo inclusive organizaciones criminales a nivel judicial.
La incidencia de hogares afectados por algún delito, revela claramente que Lima es el mayor centro estadístico de delitos y el de mayor concentración poblacional (y por ende represiva, por citar algún término). Este no es sólo un resultado que refleja la densidad poblacional sumada a un evidente “peso” referencial, sino que revela el pésimo empleo y administración de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, tanto por el Gobierno Central, como por la mayoría de Gobiernos Locales.
Todo aquello que daña la construcción de una sociedad, resulta perjudicial, porque no se trata de decidir, sino de condenar a los jóvenes a un mundo sin esperanzas ni futuro, ya que el futuro y la esperanza no sobreviven en la indigencia.
Es decir, se mantiene una situación de desorden, desamparo y ausencia educativa, con el agravante que no existen políticas públicas de trabajo sobre estos temas, ni planeamiento futuro del Estado.
La ciudad de Lima sigue siendo la más peligrosa porque no sólo concentra mucha gente, sino que cuenta con una clase media emergente que se vuelve ahora, muy atractiva para los delincuentes y además, es posible que en estas ciudades se concrete un fuerte componente o necesidad en marcar con el miedo a las víctimas, para no ser denunciado, para intimidarlos en una secuencia creciente, para asegurarse –el delincuente- un territorio, o para magnificar su trabajo frente a otros de sus colegas o pandillas.
Inclusive, en delincuentes que recién se inician en estas actividades, resulta más “rentable” agredir a la víctima, de acuerdo a sus patrones referenciales, ya que les permite un status de ingreso al mundo delictivo (en su propia conciencia), tan igual como la violencia que recibe a diario en la televisión, calles y lugares públicos.
Esta ola violentamente agresiva se defiende en el hecho del alto consumo de estupefacientes que en Lima se realiza, sobretodo de contenido contaminante adicional (Pasta Básica de Cocaína, éxtasis criollo), que ocasionan alteraciones en la conducta muy difíciles de apaciguar. Cuando la normalidad retorna al usuario, no existe recuerdo exacto de lo realizado, en la mayoría de los casos, afectando la memoria y produciendo taras irreversibles y daño neuronal severo.
Ninguna autoridad se ha preocupado de este detalle a pesar de los esfuerzos de instituciones como Cedro y los numerosos grupos de ayuda a los consumidores que intentan regenerarse.
En resumen:
- La violencia acompaña cada vez más al delito
- El asaltante necesita “marcar a la víctima” con su sello de agresión
- Las agresiones se manifiestan con más contundencia en gritos, empellones y golpes
- Ante reacciones de rechazo al ser asaltado, el delincuente arremete sin control.
- Los delincuentes consumidores de estupefacientes son igual o más agresivos que aquellos que reciben rechazo de sus víctimas
- Crece la agresión física a mujeres (más casos de violaciones y abuso físico)
- Algunas provincias muestran niveles de tendencias muy peligrosas
- La participación de ex policías y policías en actividad es una sensación que se convierte lamentablemente en realidad
- Se incorporan más mujeres a grupos informales de delincuentes callejeros y pandillas
- El asalto se hace cada vez más en grupos, y menos individualmente, respondiendo a patrones de trabajo delictivo que se repiten y establecen tendencias y costumbres
- No existe trabajo conjunto de la Policía Nacional con las autoridades municipales para combatir el crimen de menor escala (pandillas, carteristas, arrebatadores, robos de auto partes, etc.)
- El denominado patrullaje integrado es un absoluto fracaso
