Recientemente, los sindicatos de la empresa estatal Petroperú catalogaron a las empresas privadas del sector hidrocarburos como las responsables de la menor producción de petróleo en los últimos años. Sin embargo, es Petroperú la que acumula graves cuestionamientos sobre su capacidad de gestión empresarial y múltiples pedidos de rescate financiero. Inclusive, ahora la empresa esperaba un “trato preferencial” para adjudicarse la concesión de los lotes I, VI y Z-69 de Talara, sin una licitación.
En realidad, la menor producción de hidrocarburos en el país responde, en gran medida, a la pésima gestión de Petroperú, empresa líder del sector por múltiples años, la cual no logró desarrollarlo. En años previos, esta representaba cerca de la mitad del mercado interno de combustible, pero en los últimos años perdió participación hasta representar solo el 31% del mercado en 2022 (ver Semanario ComexPerú 1179). En ese sentido, el sector privado está relevando a una empresa ineficiente que ya no puede subsistir sin continuo apoyo financiero.
De acuerdo con estimaciones de Perúpetro, la inversión total en el sector hidrocarburos alcanzó la cifra de US$ 325.8 millones en 2022, lo cual representa tan solo el 23.3% de la inversión realizada en 2013 (US$ 1,395 millones). Por su parte, la producción se redujo de 63,000 barriles por día a 41,000 durante el mismo periodo (-36%). Esto evidencia que el desempeño del sector ha sido perjudicado seriamente por los desincentivos a la inversión privada y la falta de estabilidad jurídica.
De momento, el país se encuentra lejos de atender la demanda de 250,000 barriles diarios de petróleo, lo cual se explica, en parte, por una serie de regulaciones que limitan el desempeño de la actividad privada en el sector hidrocarburos. Por un lado, la falta de incentivos se explica por las regalías que pueden ascender hasta el 50% del valor de la producción en ciertos lotes, mientras que en países como Argentina, Colombia y Ecuador estas no superan el 10%, según indica Carlos Gonzales, director de la consultora Enerconsult. También, porque obtener permisos de exploración pueden demorar hasta cuatro años en el Perú, mientras que en otros países esto suele demorar hasta seis meses, según Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Como consecuencia, el número de contratos de exploración disminuye constantemente en el Perú y, de momento, solo existen seis vigentes al mes de julio, de acuerdo con información de Perúpetro[1]. A manera de referencia, en 2013 se reportaban 50 contratos de exploración, de manera que las cifras actuales apenas representan el 12% de lo reportado en dicho año. Asimismo, la cantidad de contratos de explotación vigentes está estancada en 25 desde 2015.
Lamentablemente, a esta situación se suma la Ley de Consulta Previa (Ley N.º 29785), la cual establece que el Estado tiene la responsabilidad de consultar a los pueblos indígenas u originarios respecto de las decisiones del Gobierno que puedan afectar positiva o negativamente sus derechos colectivos. Es importante enfatizar que este mecanismo está diseñado para que esta población pueda ser mejor representada por el Estado, de manera que, en caso no consideren apropiado el desarrollo de un proyecto de inversión, el Gobierno debería velar por garantizar el desarrollo óptimo de estas actividades para minimizar el riesgo, en vez de solo abandonarlo. El problema es cuando esto no ocurre, pues los lotes disponibles no son aprovechados o, peor aún, acaban en manos de empresas poco competentes como Petroperú o de productores informales.
El futuro de los pozos I, VI y Z-69 del noroeste del país es aún incierto. No obstante, la única manera de aprovecharlos responsablemente consiste en acelerar el proceso de licitación para que sean operados por las empresas más eficientes, que cumplan con los estándares necesarios, en vez de ser asignados a una empresa que continúa perdiendo ante sus competidores, como Petroperú. De llevarse a cabo este proceso de manera efectiva, traería consigo mayor inversión y tecnología que resulte en una mayor producción, lo que aportaría al desarrollo de las regiones donde se ubican.
[1] PERUPETRO S.A. es la Empresa Estatal de Derecho Privado, que se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.