Entre 2021 y 2023, la actividad minera transfirió, en promedio, S/ 8,500 millones anuales al Estado por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia, de acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El flujo de recursos que genera permitiría mejorar la calidad de vida de la población, si fueran correctamente ejecutados. Desaprovechar estos recursos es responsabilidad del Estado.
El sector minero transfiere cuantiosos recursos todos los años, el problema es que el Estado no sabe administrarlos. Por ejemplo, la pobreza monetaria en Cajamarca ascendió al 44.5% el año pasado, con 688,822 personas afectadas. Sin embargo, también recibió transferencias del sector por S/ 242 millones, que invertidos adecuadamente habrían aliviado los bolsillos de los cajamarquinos.
Entre 2021 y 2023, las transferencias por conceptos mineros que recibió Cajamarca ascendieron a S/ 1,034 millones. Esto representó un 11% del presupuesto acumulado para la inversión pública durante el mismo periodo. Así, los Gobiernos regionales y municipalidades pudieron haber construido 207 postas médicas y 7 hospitales de segundo nivel adicionales.
La situación se replica en Pasco, el tercer departamento más pobre del país, con 135,296 personas afectadas el año pasado. Entre 2021 y 2023, el departamento recibió transferencias por S/ 291 millones. Con este monto se hubieran podido construir 58 postas y 2 hospitales de segundo nivel adicionales.
Lo mismo sucede en Puno, el cuarto más pobre, con 656,225 personas afectadas el año pasado. Entre 2021 y 2023, las transferencias al departamento totalizaron S/ 853 millones. Con este monto se pudieron construir 171 postas y 5 hospitales de segundo nivel adicionales. En Apurímac, donde la tasa de pobreza fue del 25.8%, los recursos mineros podrían haberse invertido en crear 192 postas y 6 hospitales adicionales.
Mejorar el servicio de salud pública es indispensable. Cada año, se estima que, en promedio, las personas gastan más de S/ 500 en atenciones y medicamentos por la pésima administración del Estado. Si disminuyera significativamente este desembolso, la población tendría más recursos para cubrir la canasta básica.
El problema es que los Gobiernos subnacionales no presupuestan, no ejecutan e, inclusive, atentan contra la actividad minera. Es incongruente la presencia de movimientos antimineros y lo permisivo que es el Gobierno al respecto. Los resultados evidencian que la actividad minera, por su cuenta, contribuye más a la reducción de la pobreza que la propia gestión pública.
¿CÓMO APROVECHAR LOS RECURSOS MINEROS?
Los proyectos de la actual cartera de inversión minera también contribuirán significativamente al desarrollo económico. En Cajamarca, si tan solo se considera la producción potencial de cinco de los siete proyectos en cartera del Minem, el PBI del departamento casi se cuatriplicaría. Estas inversiones aumentarían la producción minera en hasta S/ 36,772 millones[1], cifra que supera ampliamente los S/ 11,901 millones de PBI global reportados en 2022.
La contribución es menor en Puno, pero también generaría un incremento significativo en la producción. Los proyectos Corani y Ollachea generarían hasta S/ 1,727 millones adicionales, lo que representa un 17.2% del PBI del departamento en 2022 (S/ 10,027 millones). En Apurímac, seis de los ocho proyectos programados generarían S/ 19,575 millones adicionales[2]. Esto equivale a 3.1 veces el PBI de S/ 6,294 millones que reportó el departamento en 2022.
Reducir significativamente la pobreza monetaria es una urgencia, pero depende de la correcta administración de los recursos públicos. Para esto, las medidas más efectivas y sostenibles en el tiempo implican mejorar la productividad. Una estrategia que lo permite, pero también genera beneficios inmediatos, es apostar por la inversión pública intensiva en mano de obra, como reforzar el programa Llamkasun Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Esta iniciativa financia actividades de intervención inmediata (limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de bienes públicos) y proyectos de inversión en infraestructura básica, que son intensivos en mano de obra no calificada. Así, las transferencias mineras podrían destinarse al programa y el Gobierno central, redistribuirlas hacia los Gobiernos subnacionales con mejores resultados de gestión, los cuales se encargarán de ejecutar los proyectos.
De esta manera se atacarían directamente problemas que explican la pobreza monetaria: i) Aumento de la inversión pública para ofrecer mejores servicios a la población, como salud y educación, lo que incrementará la productividad a largo plazo; ii) Generación de empleo inmediato para la población más vulnerable del país; iii) Capacitaciones y experiencia para los beneficiarios, lo que les facilitará encontrar un próximo trabajo.
Es evidente que los recursos mineros son más que suficientes para reducir la pobreza monetaria. Lo que falta en el país es compromiso político y una mejor gestión del Gobierno. ¿En qué mundo se atacaría a la industria que aporta un considerable crecimiento económico? El incremento de la pobreza es responsabilidad exclusiva del Estado, que no supo aprovechar las oportunidades disponibles ni los programas públicos ya existentes.
[1] Se consideró la información de las fichas técnicas de los siguientes proyectos: Coimolache Sulfuros, Michiquillay, Conga, El Galeno y La Granja, así como las cotizaciones de marzo y el tipo de cambio para el mismo mes estimado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
[2] Se consideraron los siguientes proyectos: Trapiche, Los Chancas, Antilla, Cotabambas, Haquira y Hierro Apurímac