Me disculparán los que se sientan afectados sin entender bien lo que voy a escribir, fruto de mis opiniones, pero es indignante e inaceptable que se permita a las empresas que han sido parte de sociedades, conjuntos, consorcios o complicidades con Odebrecht, que tengan la oportunidad de contratar con el Estado, y de seguir presentándose sin antes haber aclarado perfectamente sus responsabilidades civiles y penales.
Me resisto a aceptar que en el Perú nos sigan tomando como un pueblo que por poco expresivo, no quiere decir que vaya en el camino de la estupidez. Están provocando –desde el gobierno- una reacción en cadena que puede ser sumamente grave.
Cuando un burrier cae detenido, toda la cadena de organizadores, financistas y resguardos son comprometidos en el delito de tráfico ilícito de drogas. Cuando una banda de asaltantes de bancos es detenida, se considera desde los choferes, proveedores de armas y cómplices de la organización en el proceso judicial.
Sería absurdo pensar que un proveedor de la hoja de coca para su maceración en los laboratorios clandestinos, pudiera ser autorizado a vender ahora al Estado, en vista que los narcos están en la cárcel y él, procesado en libertad, necesita seguir haciendo negocios.
Sería absurdo que el chofer del auto en el que escaparon los asaltantes del banco, reciba su proceso en libertad y de paso, se asimile a la policía en esa condición, de chofer de un patrullero, ya que no es condenado hasta el momento y necesita trabajar.
En el mundo del absurdo, leo sorprendido que el primer ministro afirma que las empresas comprometidas en negocios -que son materia de investigación judicial- junto a Odebrecht, podrán contratar con el Estado y participar en las obras que licite el gobierno. Eso es inaceptable.
Mucho cuidado, que por ayudar a una empresa en particular, se puede dañar a todo un país.
