El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Nicaragua, según informó el sitio independiente Despacho 505, presentó un nuevo informe que documenta la persecución religiosa en ese país, en el que revela que el régimen de Daniel Ortega sometió a sacerdotes católicos y líderes de otras denominaciones cristianas a “torturas y tratos degradantes”.
Unos hechos que, según el documento, fueron cometidos en centros de detención de la Policía Nacional o en prisiones como ‘La Modelo’: “Estos actos incluyen largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y, en algunos casos, reclusión en espacios más reducidos que las correspondientes a presos comunes, con luz artificial continua, y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes”, según detalló el Grupo de Expertos de la ONU, en el capítulo ‘Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes’.
Celdas oscuras e insalubres: los once meses en prisión del obispo Rolando Álvarez
Entre los religiosos a los que el Gobierno sandinista mantuvo privados de libertad se encuentran los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, además de quince sacerdotes y dos seminaristas.
Sobre el obispo de la diócesis de Matagalpa, el informe recuerda que “permaneció detenido por más de once meses, con largos períodos en régimen de aislamiento, en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo”.
Según el estudio, Rolando Álvarez estuvo recluido en una zona conocida como ‘El Infiernillo’, que es una sección que está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo, y no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención.
Sacerdotes privados de libertad, sin acceso a la Biblia y sin poder rezar
Sobre la prisión ‘El Nuevo Chipote’, donde al menos nueve sacerdotes estuvieron detenidos junto con diversos opositores al régimen, el estudio de la ONU concluye que las víctimas fueron sujetas a un “entorno de tortura”, ya que sufrieron prácticas ilegales de aislamiento prolongado o indefinido, régimen de incomunicación, irritación sensorial, amenazas e insultos, entre otras medidas.
Tampoco tuvieron acceso a Biblias y no se les permitía orar en voz alta, por lo que el Grupo concluyó “que, en algunos casos, dichos tratos alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades, y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas”.
Asimismo, observaron que los actos u omisiones cometidos por agentes policiales y carcelarios fueron “actos deliberados”, y se llevaron a cabo con la intención de imponer a los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, además de a otros opositores, “dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”.
Señalaron, además, que actuaron así con el propósito de “obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas, por ser percibidas como opositoras al Gobierno”.
El trabajo de investigación también incluye otras violaciones graves a los derechos de los miembros de Iglesias cristianas, como privaciones de nacionalidad, deportaciones, persecuciones, detenciones arbitrarias y confiscaciones, entre otras.
La responsabilidad directa, se lee en el informe, recae en el Estado de Nicaragua, que “sigue cometiendo violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, basadas en un patrón de discriminación por motivos políticos contra miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas, y contra opositores del gobierno o percibidos como tales”.+
