En los últimos meses, se ha registrado una tendencia inflacionaria a nivel mundial, la cual ha encendido las alertas sobre potenciales crisis alimentarias que actualmente ya resuenan en el Perú. Esto, sumado a recientes reportes que señalan una escasez de fertilizantes agrícolas en nuestro país y un aumento sistemático del precio de los bienes que componen la canasta básica, son señales de acción para que los hacedores de política prioricen medidas que verdaderamente protejan a poblaciones más vulnerables, y no generen mayor escasez y desigualdad.
La subida de precios internacionales de bienes básicos se explica tanto por factores externos como internos. Entre ellos están el aumento del precio de los alimentos, los combustibles, los costos de transporte y la energía, así como disrupciones de la cadena de suministro y la depreciación del sol. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha acentuado la problemática y la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial. Sin embargo, ¿qué podemos esperar a corto y mediano plazo de esta situación?
Según el Banco Mundial, la elevada inflación no será un problema solo de corto plazo y es preocupante porque afectaría a la población de menores ingresos. En particular, los precios de los productos básicos se mantendrían en niveles altos hasta fines de 2024, debido al impacto que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania en los mercados globales. Así, los precios de la energía se dispararían un 50.5% este año respecto del año pasado, mientras que se proyecta un aumento del 22.9% en el precio de los alimentos[1]. Con ello, el precio ha continuado con la tendencia al alza observada en 2021, cuando se registró un incremento del 68% interanual, según el último Reporte de Inflación del BCRP. Esta realidad ya se refleja directamente en la economía de las familias peruanas a través de diversos mecanismos.
En términos de los precios que enfrentan las industrias y familias peruanas, el precio CIF/tonelada de fertilizantes pasó de US$ 319 en 2019 a US$ 611 en marzo de 2022, lo que genera graves riesgos para la producción agrícola. Asimismo, el precio CIF/tonelada de trigo (principal insumo del pan) pasó de US$ 255 en 2019 a US$ 396 en marzo 2022, mientras que el del maíz pasó de US$ 199 en 2019 a US$ 349 en marzo 2022, según cifras de la Sunat.
En cuanto a la producción agrícola peruana, los resultados del primer trimestre del 2022 ya muestran en cierta medida los efectos que esta subida de precios, principalmente de los insumos para la producción y los fertilizantes, tendrían. De acuerdo con el INEI, en el primer trimestre de 2022, la producción agropecuaria alcanzó una producción total de S/ 6,792 millones, lo que significó un crecimiento del 3.7% con respecto al mismo periodo de 2021. Dicho resultado se da como consecuencia del crecimiento que presentaron los subsectores agrícola (+4.3%) y pecuario (+2.8%). Así, la actividad agropecuaria se posicionó como el segundo sector con el peor dinamismo en ese periodo.
La situación que tenemos actualmente, con el encarecimiento y la falta de acceso a insumos como los fertilizantes, por ejemplo, es una evidente afectación a la pequeña agricultura. Esta crisis genera directamente una reducción en la productividad del agro peruano, es decir, no vamos a producir la misma cantidad de productos que normalmente producíamos. Es un problema que va a golpear muy fuerte. Nos dirigimos hacia un escenario donde habrá más hambre, desidia e incertidumbre
PROPUESTAS QUE SOLO AMENAZAN LOS MEDIOS DE VIDA DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
La inflación en el Perú es un problema que afecta sobre todo a las familias más pobres. La inflación entre mayo de 2021 y abril de este año fue del 8.6%, la tasa más alta desde 1998, según cifras del BCRP. Los productos con mayor variación fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas (+15.1%), el transporte (+10.7%); y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+10.7%). Ante esto, una preocupación adicional es la desigualdad. Los pobres suelen ser los más golpeados por la inflación, mientras que las familias con más recursos tienen varios instrumentos a disposición para evitar lo peor de este impacto. Por ello, la inflación probablemente agravará la desigualdad.
En ese sentido, propuestas como controles de precios o restricciones al consumo, que buscarían combatir el acaparamiento y la especulación, con el fin de reducir la inflación, serían contraproducentes. Al fijar un precio máximo en el mercado, se reduce la rentabilidad del comerciante, lo que desincentiva la producción. Así, las empresas que serían rentables en un escenario libre de ajustes de precios se ven obligadas a abandonar o reducir la producción. Esto genera una mayor escasez, pérdida de empleos, disminución de la calidad y aparición de mercados negros con precios aún mayores a los originales.
Asimismo, el control de precios sería una medida inconstitucional, ya que vulnera los artículos 58° y 59° de la Constitución Política del Perú, que establecen el régimen de economía social de mercado, en el cual la libre iniciativa privada, la libre empresa y la libertad de contratar, incluido el derecho a determinar precios libremente, están garantizados como principios y derechos fundamentales.
La experiencia nos enseña el resultado fallido de una intervención del Estado. En 1985, se establecieron controles al tipo de cambio, las tasas de interés y los precios de bienes de primera necesidad. Esto provocó un grave desabastecimiento de productos básicos en las tiendas, así como la generación de largas colas para conseguirlos. A esto se sumaron otras medidas populistas, como la emisión descontrolada del dinero, y el resultado fue que, entre 1987 y 1990, el PBI real registró una caída acumulada del 25%, la tasa de desempleo pasó del 4.8% al 8.3%, y fuimos el país con la mayor hiperinflación de la historia en la región, pues esta alcanzó un 7,649% en 1990.
Es momento de tomar esta problemática en serio y no implementar medidas sin sustento técnico que solo servirían como un paliativo que terminaría por afectar a las familias más vulnerables. El uso de recursos públicos para fortalecer programas de protección para esta población, estabilizar los precios de las industrias alimentarias y reducir el riesgo inflacionario mediante políticas monetarias responsables, solo por mencionar algunas medidas, deben ser la prioridad.
[1] Según el reporte Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, del Banco Mundial. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37223/CMO-April-2022.pdf
Imagen referencial, una de las miles de Ollas Comunes que requieren apoyo
