La sesión del consejo Permanente del 31 de Julio pasará a la historia como aquella donde no se aprobó ni siquiera una resolución declarativa instando a que Venezuela publique las actas electorales del proceso realizado, producto de la abstención de once de sus miembros, entre ellos Honduras, Brasil y Colombia; y por la ausencia de otros cinco, entre los cuales se encontró México.
Este hecho, que algunos atribuyeron a debilidad de la administración Biden, ocurre en paralelo a las declaraciones del asesor de seguridad nacional John Kirby; quien en horas de la mañana desde la Casa Blanca precisó que: “la paciencia del gobierno de los Estados Unidos, y de la comunidad internacional, se estaba agotando de esperar que las autoridades venezolanas digan la verdad y liberen todos los datos del proceso electoral, para que todos puedan ver los resultados”.
Recodemos que la primera elección de Hugo Chávez en 1998 no ha sido el inicio de problemas políticos y electorales venezolanos llevados a la Organización de Estados Americanos (OEA). Años antes, estuvo el intento de golpe de estado de 1992 perpetrado por militares contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el martes 4 de febrero de ese año; con lo cual podemos afirmar, que durante 32 años la “cuestión venezolana” ha venido cobrando cada vez más preponderancia como fuente de problemas sin solución, tanto dentro de la región como dentro de la OEA.
La reunión del Consejo Permanente fue solicitada por doce países, incluyendo a los siete países que suscribieron el comunicado reportando que las elecciones venezolanas “requieren una revisión integral en sus resultados”. Entre los cuales estaba el Perú junto con Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y el Uruguay. Los mismos que recibieron como respuesta del gobierno venezolano la orden de expulsión de sus embajadores, incluyendo el personal diplomático.
La convocatoria por parte de doce países hizo pensar la posibilidad de la reactivación del Grupo de Lima. Sin embargo, durante las horas previas se observó que esta posibilidad no se concretaría producto de acciones calificadas como dilatorias, dado declaraciones otorgando tiempo al oficialismo venezolano, por parte de México, Colombia y Honduras. Recordemos que el Grupo de Lima, mientras estuvo activo, fue conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Los detalles ocurridos durante las horas de postergación de la sesión prevista para las 3.30 pm, se pudieron conocer a través de la intervención del canciller peruano Javier Gonzales Olaechea, quien confrontó de manera enérgica, las acciones del representante de Antigua y Barbuda Sr. Ronald Sanders, que presidia la sesión. Dado que por más de dos horas postergó el inicio de la sesión con el propósito de persuadir a quince delegados que retiraran el segundo párrafo inciso b de la resolución, que señalaba textualmente: “como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, es necesario que se lleve a cabo una verificación integral por parte de actores independientes con el propósito de garantizar la transparencia”.
Los pasillos de la OEA estuvieron atestados de diplomáticos en sus diferentes niveles, que de un lado para otro deambularon pasando de la sala Simón Bolívar a la del General San Martín y a las oficinas de Protocolo de la OEA, las cuales se utilizaron para reuniones entre los representantes de diferentes países, observándoseles salir y entrar con rostros adustos, otros con expresiones de malestar, pero todos desconcertados por los cambios pretendidos.
Asimismo, el canciller peruano, quien fue aplaudido durante su intervención, informó que esto no podía ocurrir por razones principio, y continuó confrontando, además, a los miembros que se abstuvieron, y a los que no asistieron ni siquiera de manera digital, responsabilizándolos de la pérdida de credibilidad de la OEA; y por ocasionar con ello, que el consejo permanente no concretara la aprobación de la resolución agendada.
Durante la larga sesión presenciada y que concluyó cerca de las 9 pm, se manifestaron todos los delegados; destacando la intervención de la Canciller Argentina Dina Mondino, quien utilizando la figura “los asilados no tienen alas para poder volar” hizo notar que seis ciudadanos venezolanos asilados en la residencia del embajador argentino enfrentan la imposibilidad de dejar el país por la ausencia de salvo, conducto otorgado por el gobierno venezolano.
Por su parte, en su intervención, el secretario adjunto de los Estados Unidos, embajador Brian Nichols, detalló lo realizado por la oposición venezolana para probar que Edmundo Gonzales ganó la elección en Venezuela; y reiteró lo señalado por el comunicado del Centro Carter, que indica que: “las elecciones en Venezuela no llegan a los estándares democráticos”. El embajador Nichols expresó su pena por las acciones del gobierno venezolano al expulsar a diplomáticos de países democráticos.
Por lo expresado, es un reto para la OEA formular una posición contundente, no solo declarativa, dado que, durante los años transcurridos, no ha sido capaz de dar solución al conflicto democrático y humanitario ocasionado por la dictadura Chavista. En ese sentido y tomando en consideración además que Rusia y China reconocieron los resultados en Venezuela; y que otros países observadores permanentes en la OEA, solo han manifestado la necesidad que se muestren las actas y se realice la correspondiente validación por reconteo.
Es necesario, por lo observado en las calles, que la comunidad internacional no solo prevea comunicados o declaraciones, sino que incluya acciones para que políticos persuadan a sus estados y se obtengan, tanto los recursos, como la aprobación de estrategias que signifiquen acción concreta. Porque de lo contrario no se pondrá fin a la crisis política y humanitaria ocasionada por la dictadura chavista.
Finalmente, informo que acciones y palabras emotivas, también las hubo desde el exterior de la OEA, producto que manifestantes venezolanos soportaron sin amilanarse una lluvia intensa mientras coreaban “libertad” y que el gobierno venezolano “ya cayó”. Las mismas que tuvieron respuesta, aunque no coordinada, desde en el interior. Porque el secretario general Luis Almagro en su intervención, donde precisó que Venezuela fue motivo de grandes conflictos en esa organización por mucho tiempo y que no deben volver a repetirse; invitando a los países miembros, a que se sumen a la imputación de cargos contra Maduro.
Transcribo sus palabras finales, por su redacción; “Teniendo en cuenta el estado de investigación de la corte, es el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro […] quien cándidamente expresó dirigir la instrumentación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió. Lo está cumpliendo. Diecisiete muertos.
Reconozco que me impresiono cuando lo dijo. Reconozco que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad y ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión”. A lo que añadiré desde esta corresponsalía, que ya suman treinta los muertos y que veremos si, siquiera sirven para evitar que sigan aumentando.
