De conformidad con la resolución 49/3 del Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó esta actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Abarca el período transcurrido desde la actualización oral del Alto Comisionado del 15 de diciembre de 2022 y se basa en la labor de monitoreo realizada por el equipo dedicado a Nicaragua en la Oficina Regional para América Central en Panamá.
El 9 de febrero, 222 personas (32 mujeres y 190 hombres) que habían sido privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua fueron liberadas de sus centros de detención y arresto domiciliario, y trasladadas a bordo de un vuelo contratado por el Gobierno de los Estados Unidos de América a Washington D.C, que nuestra Oficina acogió con satisfacción.
Sin embargo, el mismo día, el poder judicial anunció que estas personas habían sido “deportadas”, que habían infringido la Ley 1055 y eran consideradas, por lo tanto, “traidoras a la patria”. La decisión judicial privó a las 222 personas de sus derechos civiles y políticos. Esa misma mañana, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó rápidamente una reforma constitucional y una ley que establecen que los condenados como “traidores a la patria” pierden la nacionalidad nicaragüense. Además, la Oficina ha recibido información de que sus partidas de nacimiento están siendo eliminadas del registro civil de Nicaragua.
El Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado del país, fue enviado a prisión junto con las otras 36 personas que continúan privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica. El 10 de febrero, Mons. Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por traición a la patria, despojado de su nacionalidad nicaragüense y privado de por vida de sus derechos políticos. Su abogada no había sido informada con antelación y, aparentemente, la sentencia fue dictada sin juicio previo.
El 15 de febrero, el Estado de Nicaragua declaró arbitrariamente “traidores a la patria” a otras 94 personas (67 hombres y 27 mujeres) sin juicio previo, despojándolas así de su nacionalidad y sus bienes, y determinó que eran “prófugas”. Entre las personas afectadas hay personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y dirigentes sociales y políticos, en el exilio y en Nicaragua.
Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses tanto en el país y como en el exilio. Por ejemplo, los miembros del movimiento campesino temen perder sus tierras, y los jubilados temen verse privados de sus pensiones, como estaría ocurriendo con quienes se considera opositores al Gobierno.
Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones. Asimismo, instamos a Nicaragua a derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica.
Estos últimos acontecimientos han venido precedidos de otras graves violaciones a los derechos humanos desde principios de año.
La Oficina ha documentado un patrón de violaciones a las normas y estándares del debido proceso en los juicios de enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022. Esto incluye audiencias a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección y a reunirse con él o ella en privado, y al acceso a los expedientes completos de sus casos. Además, algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnarlas.
Las condenas en estos juicios alcanzaron hasta 10 años de prisión contra 5 mujeres y 25 hombres, entre ellos activistas universitarios, manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, sacerdotes católicos y laicos relacionados con la diócesis de Matagalpa. Cuatro parientes de opositores políticos en el exilio también fueron encarcelados y condenados, presuntamente en represalia por las actividades políticas de sus familiares. La Oficina también ha documentado la aplicación de sentencias no previstas en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes fueron condenados el año pasado.
Desde la actualización del Alto Comisionado en diciembre, al menos 10 personas han sido detenidas arbitrariamente, y a otro sacerdote nicaragüense se le impidió regresar a su país. A la fecha, se habría cancelado la personalidad jurídica de 40 organizaciones de la sociedad civil –un total de más de 3.200 desde 2018– y confiscado las instalaciones de otras dos organizaciones, ahora utilizadas por el Estado.
La Oficina ha recibido testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales que sufren en Nicaragua quienes no poseen la cédula de militante del partido gobernante. Sin dicho documento, muchos nicaragüenses enfrentan limitadas posibilidades de obtener o mantener un empleo en el sector público, de acceder a la educación superior – a algunas personas se les negó la oportunidad de obtener becas- e, incluso, a servicios de salud, como en el caso de una persona a la que se le habría negado una cirugía hasta que se registrara en el partido, o a la protección social. Las mismas restricciones estarían afectando a personas percibidas como opositoras o críticas con el Gobierno, así como a sus familiares.
Nuestra Oficina continúa recibiendo denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. El 5 de enero, 14 líderes Mayagna y Miskitu de la Costa Caribe emitieron una proclama dirigida al Gobierno sobre el abandono en el que se encuentran, la continua impunidad por 64 presuntos asesinatos de indígenas a manos de colonos, la persistente ocupación ilegal de sus territorios y la explotación de recursos naturales sin su consentimiento libre, previo e informado.
Entre el 19 y el 26 de enero, un grupo de colonos ocupó violentamente zonas forestales y agrícolas tradicionales de la comunidad indígena de Musawás, en la Costa Caribe Norte. Según las autoridades, 24 colonos fueron detenidos y el Ministerio Público inició una investigación penal por usurpación de dominio público o comunal, una práctica que las comunidades indígenas llevan años denunciando.
El 30 de enero, se denunciaron acciones violentas contra dos comunidades indígenas en el municipio de Waspam, lo que provocó el desplazamiento de sus territorios ancestrales. Instamos al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, garantice que los responsables sean llevados a la justicia y se otorguen reparaciones integrales a las comunidades afectadas.
Como lo demuestra esta actualización, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado erosionándose.
Esto también se evidencia en el aumento del número de personas que abandonan el país: según el ACNUR, más de 260.000 personas nicaragüenses se han visto obligadas a huir de su país hasta la mitad de 2022, especialmente a Costa Rica y los Estados Unidos de América. Durante mi visita a Costa Rica el pasado diciembre, tuve la oportunidad de reunirme con personas exiliadas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Compartieron sus experiencias e impresiones sobre la represión en su país de origen y de los retos a los que se enfrentan en el exilio miles de nicaragüenses de todos los géneros, edades, situaciones económicas y etnias.
Insto a la comunidad internacional, incluidos los Estados que solidariamente han recibido a un gran número de nicaragüenses desde 2018, a que proteja de manera eficaz el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de las necesidades de protección.
Saludamos el generoso gesto humanitario de aquellos Estados que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fueron despojados de la suya y que, en su mayoría, se encuentran ahora fuera de su país de origen. En estas difíciles circunstancias, deseo destacar la importancia de que se facilite, lo antes posible, la reunión de estas personas con sus familiares.
A la luz de la persistente crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, que entra ya en su sexto año…
Exhortamos a este Consejo a que siga de cerca la situación en el país y, especialmente, que promueva todas las medidas conducentes para revertir la crisis actual. Asimismo, exhorto al Consejo a continuar apoyando la labor de la Oficina y de los mandatos que emanan de él, para avanzar en la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
En este año en el que todos estamos movilizados por el 75° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacemos un llamado a las autoridades de Nicaragua a restablecer la cooperación con la Oficina, los Órganos de Tratados, los Procedimientos Especiales de este Consejo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A este fin, nuestra Oficina reitera al Estado de Nicaragua su ofrecimiento de asistencia técnica para promover y proteger los derechos humanos de todas las personas.
Con información y textos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ONU
Imagen referencial, Támara Dávila y Felix Maradiaga, presos políticos
