No es de mi agrado, menos mi intensión, salir en “defensa” de los mineros porque estimo no me necesitan, pero los peruanos si necesitamos de ideas y verdades. Identifico que hay graves problemas capaces de ser resueltos con ajuste en el enfoque, y teniendo claro, que la mejora de la competitividad depende de decisiones de toman los propios actores. En este caso, tanto las propias empresas mineras como un “estado” que debe saber cómo tratar con el capital.
El actual gobierno de Perú Libre solo ha atinado en ahorcar a la minería, con pedido de facultades para incrementar las tasas, y con, incremento de la conflictividad social producto de promesas mal intencionadas no cumplidas. Eso no solo demuestra que no tiene alternativas capaces de producir resultados económicos similares a los de la minería, sino que el burdo esquema de ataque anti minero solo da réditos cuando no se es gobierno.
En el sector minero, conviven grandes inversionistas, explorando y produciendo, junto con informales, extrayendo y depredando; pero todos, mostrando sus conocidas tendencias al “jugar pelota”[1]. Los primeros se defienden: 1) precisando cifras de lo que representan[2], 2) identificando responsables de incumplimientos en el estado, 3) pagando deudas tributarias pendientes (con la ayuda de la devaluación), y 4) hablando de los beneficios de próximos proyectos.
Sin embargo, los otros, los mineros artesanales e informales, que no invierten en defensas mediáticas; siguen subsistiendo unos, depredando otros, pero ambos pagando sobrecostos y generando pasivos ambientales con padrastro no reconocido. Pero a ellos, este gobierno no les dice nada, e incluso los propios grandes inversionistas, les dicen muy poco.
En reciente artículo[3] desarrolle las fallas que hay en el rol y gestión del estado para cubrir las expectativas de la población, y precisé, que la competitividad de las operaciones mineras no solo depende de mantener el más bajo cash-cost operativo unitario posible[4], sino de contar que el estado, principal socio minero, ejecute las inversiones en educación, salud e infraestructura comprometidas para cubrir las expectativas de desarrollo de la población.
A pesar de que estas fallas no se han solucionado, el ministro Francke se ha empeñado por razones estrictamente políticas, en requerir facultades legislativas extraordinarias para legislar un incremento de las tasas de los tributos al sector (que es un asunto netamente técnico). Además, de lo inoportuno de su pedido, se sustenta en que un informe preliminar sobre el régimen fiscal peruano, presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana, dice que el sistema fiscal peruano es competitivo internacionalmente, porque tiene una carga menor o similar a otros países ricos en recursos naturales, y espacio para incrementar la progresividad.
Asimismo, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, “desde abril del 2020, mes en el que los precios de exportación de nuestros principales minerales empezaron a subir, hasta setiembre de este año, el 27,9% del total exportado fue producto de dicho efecto, es decir, unos US$ 13,673 millones adicionales provino solo por los mayores precios”[5]. Lo expresado muestra el interés del ministro, que le pica el ojo e hincha el hígado, por captar una mayor participación del efecto precio, sin embargo, los detalles del informe no son conocidos y no se puede confirmar, si se adecua a lo que la propuesta del ministro Francke conlleva porque tampoco es conocida.
Llegado a esta parte permítanme describir algunos conceptos de la evaluación de proyectos. Todo proyecto como el minero, supone actividades de exploración, desarrollo, explotación y cierre, requiriendo altos montos de recursos, una gran inversión inicial y amplio periodo de ejecución (que puede llegar a varias décadas). Por ello la inversión inicial es un costo que no se recupera (hundido), si se abandona el proyecto.
Además, la teoría económica nos dice que la empresa minera mantendrá la producción, siempre que el precio sea mayor que el costo variable. Por ello, el hecho que cualquier gobierno decida aumentar impuestos genera siempre un problema de coherencia temporal para cualquier inversionista, el cual, una vez hecha la inversión, no tiene más opción que seguir produciendo para no hacer máxima su perdida. Entonces aparte de lo inoportuna, políticamente hablando, la solicitud del MEF es irracional y torpe, porque la competitividad entre países no solo se construye a través de los tributos, sino también en cuanto a: 1) el costo de la energía requerida, 2) la efectividad del proceso productivo-logístico, 3) la disponibilidad de mano de obra costo efectiva, 4) el control de pasivos ambientales durante la vida del proyecto y 5) el control de la conflictividad social. Por ello considero que, si bien el ministro tiene un grave error de enfoque, los responsables de preservar la competitividad minera, que como dije son las propias empresas, tienen que variar la estrategia[6], para no dejar fuera ningún aspecto que solucione el problema.
Paso a explicarme, de acuerdo a la situación actual del sistema tributario minero peruano considero que es preferible solucionar primero discrepancias en la determinación de los ingresos, por ende, en la renta imponible; que aceptar subir la tasa para extraer una mayor porción del diferencial de precio. Ello porque las empresas, quedan con la espalda descubierta ante posibles determinaciones futuras de valores exigibles, y porque dejar abierta discrepancia, posibilitando la manipulación de la opinión pública al jugar con medias verdades usando, devoluciones de IGV, tributos por cobrar y largos periodos de apelaciones para obtener apoyo.
Es conocido que para el cálculo de los tributos en minería, donde la exportación es en concentrados, la determinación del precio se realiza sobre la base de determinar el precio del metal existente en el concentrado, y que es una combinación del precio del metal o metales[7] que hay, la ley de estos (entre 20-30 % en el caso de los concentrados de cobre), el ratio del metal pagado que cubre perdidas por el proceso de fundición (usualmente 3-4 %) y el precio en el mercado acordado en los contratos de suministros. A estos factores se le incorporan las deducciones como el cargo básico de tratamiento, el cargo básico de refinación, escalas de ajustes crecientes y decrecientes por impurezas, entre otros conceptos, mayores detalles los pueden encontrar en documentos publicados en CEPAL[8].
Espero que me disculpen por la apretura del resumen, pero la intención ha sido realizar una descripción de temas que, tanto el estado y como los mineros, deben incluir para velar por la competitividad del sector minero, implementando correcciones que eviten que se manipule una discusión que debe ser técnica con fines políticos.
La ausencia en lo mencionado por el ministro Francke, de la forma de calcular los precios para determinar la renta neta, los procedimientos de venta de activos mineros fuera del país (impidiendo grabar con impuestos ganancias de capital) y el uso excesivo de deducciones por intereses (reduciendo la base gravable del impuesto), son ejemplos de su incapacidad al plantear el pedido de facultades.
Asimismo, de la cierta expectativa inicial, lo realizado por el ministro no ha proyectado confianza, dejándolo al desnudo al cabo de 4 meses y sin posibilidades de recuperar su crédito. Ese ministro Francke acompañando al presidente y degustando “croissant” durante desayunos en Nueva York o Washington no volverá, simplemente, porque no le creerán que es capaz de ayudar al presidente a en rumbar soluciones concretas. Menos con la nueva coalición congresal que le sustenta.
Por otro lado, considero pobre la respuesta de la academia porque conocen de estos temas y solo atina a mantener lo que le favorece al ministro Francke. Los tributos en una democracia se deben discutir abiertamente, con todas las cartas sobre la mesa, en particular en un país minero que requiere hacer realidad todas sus potencialidades. Negociaciones amañadas y mal intencionadas que quieren deslegitimizar a una actividad económica, cualquiera que esta sea, no deben prosperar.
Las empresas mineras no van a huir, menos en un ciclo de robustos indicadores respecto de los precios, les podrá doler por perdidas, querrán reducir demoras. Solo se irán de la segunda plaza más importante en cobre en el mundo, de mediar ruptura de la credibilidad, porque significaría declarar la perdida por las inversiones realizadas y dejar de manejar los flujos que generen los proyectos que hay en Perú.
Por eso abran la discusión técnica sin excluir temas ni lugares, porque la propuesta del ministro Francke se cae dentro una práctica de macro con alumnos del pregrado, como en una tertulia de sobremesa familiar de domingo. En todos lados es fácil derrotarla, sin repetir lo mismo de antes.
[1] Una descripción gráfica de esa figura futbolera se visualiza en ríos llenos de pasivos ambientales con padrastro desconocido u olvidado, así como ríos de tinta en literatura historiográfica o novelada sobre los problemas de la convivencia laboral o vecinal con la minería.
[2] Por ejemplo, representan: el 10% del PBI, compran el 13% de la producción industrial nacional, aportan 17% de los impuestos recaudados a las empresas, 65% de las divisas por exportaciones y explican 1.8 millones de puestos de trabajo (directo e indirecto) formal y adecuadamente remunerado.
[3] https://minutodigital.news/oh-peru-de-metal-y-melancolia-rol-del-estado-respecto-de-pasivos-ambientales-y-rentabilidad-social/
[4] Por ejemplo, Barrick logró imponer y mantener un cash cost entre US$ 105 – 165 la onza fina de oro durante los 16 años, en su segunda operación fuera del área de operaciones que tenía (Nevada- USA). Lo que le significo maximizar su flujo de caja potencial y el retorno para sus accionistas.
[5] https://www.mef.gob.pe/index.php/?option=com_content&view=article&id=7223&Itemid=101108&lang=es
[6] Por ejemplo, los actores de la gobernanza de la minería del cobre están conformados por la SNMPE, CONFIEP, Empresas cupríferas, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, MININTER, MINEM, INGEMMET, SENACE, OEFA, Gobiernos regionales y locales, Fiscalía y poder Judicial, Comunidades y organizaciones de sociales y la población rural, ONGs, academia, periodismo de investigación y organizaciones internacionales.
[7] En el caso de concentrados de cobre se incluyen pagos asociados al contenido de oro o plata si la concentración de estos supera cierto valor mínimo.
[8] Flujos financieros ilícitos en los países andinos Una mirada al sector minero Documentos de Proyecto (2018) Michael Hanni Andrea Podestá
Manipulación del precio del comercio internacional de productos del cobre: un análisis de los casos de Chile y el Perú CEPAL (2019) Michael Hanni y Andrea Podestá
El autor del presente artículo es Luis Zolla @ProyectoD5 ProjectD5 Partner
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