El Gobierno del Perú escogió un grupo de personas muy cercanas a su entorno, para crear el Grupo de Trabajo denominado “Comisión de Protección Social”, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Así, y aunque parezca una locura, el presidente de dicho grupo siguió teniendo la máxima autoridad en el desfinanciado sistema nacional de pensiones, la empresa pública llamada Oficina de Normalización Previsional -ONP- y aceptó la responsabilidad de liderar un equipo para proponer iniciativas para reformar el sistema previsional peruano, ¿debido a qué? no lo sabemos, no lo sabremos nunca.
Se le sumaron otros miembros de cuya calidad profesional nadie puede dudar, sin embargo, en algún caso, existieron conflictos de interés en nuestra opinión, lo que se evidenciaría en algunas de las propuestas presentadas en materia previsional.
El documento que se elaboró omite algunos temas como,
- No contiene propuestas sobre el incremento del porcentaje del aporte para las pensiones, sino que evade ese cálculo promoviendo políticas de subsidios, lo que afectaría la estabilidad fiscal y a la vez, el destino de nuestros impuestos.
- No contiene propuestas sobre la edad de jubilación, ni sobre las opciones de jubilaciones anticipadas o prejubilaciones, tan útiles en mercados laborales que no brindan protección al desempleo.
- No contiene propuestas sobre los periodos de ausencia de cotizaciones o lagunas previsionales, a fin de estimular oportunidades de cobertura de sobrevivencia extendida en esos periodos.
- No contiene propuestas sobre la necesidad de nivelar las pensiones de orfandad, viudez e invalidez a un rango equivalente al monto percibido, como suma total, por el titular del ahorro o el aporte previsional. En el caso de una viuda por ejemplo, seguiría afectada en la reducción del 50 por ciento de su pensión, eso es inaceptable.
- No contiene propuestas sobre el Fondo de Educación Previsional que el gobierno ha dejado de implementar hasta el momento.
- No contiene propuestas sobre el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Social, establecidas por Ley.
Sin embargo, siguen recortando derechos a los afiliados a las AFP y afiliados a la ONP para quitarles el acceso al régimen especial de jubilación anticipada por desempleo y a la devolución de sus aportes, en cada caso, respectivamente, cuando el mercado laboral debería ser el objetivo principal en toda reforma y no el ahorro de las personas.
