A diferencia de #EdulcoradosEconomistas que tuitean #ArticlesInEnglish y gustan de la #AlabanzaMutua en la difusión de sus evangelios, prefiero expresarme diciendo lo que pienso y percibo. Por ello considero que muchos estamos cansados de escuchar el lloriqueo del “establishment”, cuando acusa al estado por su frondosa y agobiante “permisología”, y no incluye a la academia como corresponsable.
Sin ser “maestro” en la especialidad, pero habiendo padecido, tanto de la “permisología” del 3er como la del 1er mundo; puedo decir que “permisología” es el término que agrupa los resultados de las políticas regulatorias, reglamentarias, distributivas y constitutivas que tienen las políticas públicas durante diferentes gobiernos. Por lo tanto, es evidente que con el paso de los años, todos los estados padecerán de ese severo “reumatismo”; que junto a la ociosidad que caracteriza a los gobiernos, limitan sus movimientos en todos los sectores.
Sabido es que la “permisología” no es solo un problema en el Perú minero, sino que es generalizado en todos los sectores y niveles de gobierno. Ello a pesar de que casi todas las universidades del país ofrecen especializaciones en “gestión pública” o “gestión de políticas públicas” porque por un lado, considero que hay una mal formación “genética y hereditaria, que en algunos casos es también congénita” en esos programas; que se manifiesta dejando de lado la debida consistencia en la formulación y elaboración de las políticas públicas. No pierdan esta idea porque sobre ella volveré más adelante.
Para este diálogo considero que no es necesario revisar la “currícula” de los posgrados en gestión pública o gestión de políticas públicas de las principales universidades peruanas, y ver si estas están alineados con sus campañas de marketing, donde todas prometen a sus futuros alumnos que serán reconocidos como los mejores en su campo, además de contribuir al desarrollo del país.
Sin embargo, sin temor a equivocarme podemos hacer una pregunta a todos los jóvenes que han decidido endeudarse por una especialización en el Perú, y estoy seguro que no podrán diferenciar la efectividad de los programas de acuerdo con la “currícula” que hoy se imparte en ellos. Además, que obviamente que todos van a decir que su “casa de estudios” es la mejor, la más exigente, la más comprometida; y estas escuelas o casas de estudio, mostrarán que participan en “debates” sobre tal o cual política pública.
Sin embargo, considero que ninguna de esas “casas de estudio o escuelas” se compromete en forma clara con las familias, a quienes finalmente atiende, por cómo conseguir a través de la educación de sus hijos la mayor legitimidad fiscal. Ya hemos dicho que la legitimidad fiscal se entiende como la confianza que recibe el estado por el apropiado gobierno de los tributos y de los gastos realizados con ellos. Por ello, sus alumnos enfrentaran situaciones diversas. Si trabajan para la derecha, que está en guerra contra el gigantismo estatal, tendrán que reducir a toda costa la “gordura” del gasto financiado con impuestos, contribuciones y/o tasas, sin importar quienes caigan en el proceso.
Por otro lado, si encuentran trabajo con el “mercantilismo”, sea de derecha o de izquierda, buscarán que el beneficio costo sea la medida de “justicia”. Pero en esa tarea tendrán que aceptar cargar más a “algunos” en su aporte a los ingresos, mientras que otros quieren imponer el “para todos” en los costos, pero escondiendo algunos.
Sin embargo, las escuelas deben considerar que la legitimidad fiscal, característica de la Economía de la Libertad, está en la propia raíz de lo que ellas son, escuelas o casas de estudio para lucha contra el desconocimiento, la inconsistencia, la incoherencia y el envejecimiento en las políticas públicas de los gobiernos.
Lo quiere decir, por un lado, entrenar habilidades para anular gastos inoportunos, inapropiados o excesivos; y por otro, devolverle, por ejemplo, la condición de contribuyente al pagador de impuestos. Porque el que “contribuye” lo hace con compromiso de libertad y de acuerdo con sus reales posibilidades, al priorizar primero a los suyos. Mientras que el que paga impuestos, lo hace obligado, porque de lo contrario va preso.
Entonces puedo concluir que la “permisología” es resultante de la soberbia y desproporción en el poder regulatorio, reglamentario, distributivo y constitutivo que tienen los gobiernos para con sus gobernados en el tiempo. Más aún en el entendido que son ellos, los gobernados, quienes pagan los impuestos que sustentan las acciones de imponer permisos o requisitos, que no se justifican por su razonabilidad (inconsistencia e incoherencia); y porque al aplicarlos discriminan, favoreciendo a allegados y vivos.
En esencia lo que he tratado de transmitir en estas líneas es que todo “policy-maker” como se dice en inglés a aquellos especializados en políticas públicas, no puede construir un castillo de gastos basado en premisas que no son coherentes con las premisas existentes para con los ingresos (tributos) y que la legitimidad fiscal es en última instancia, la esencia del sustento del trabajo de estas instituciones.
No quiero terminar sin dejar de decir dos cosas. La primera, sugerirles a todos los jóvenes que revisen la relación de docentes; no solo para reconocer en ellas a sus posibles lideres, sino también para que puedan ubicar a exfuncionarios públicos, que carentes de resultados, se constituyen en una “meritocracia” sin título moral, que imparte conocimiento en costosos programas de especialización. No olviden que los primeros que cuidamos de la calidad universitaria, somos los alumnos, cuando seleccionamos a nuestros profesores.
La segunda, que todas las costosas especializaciones, entre cuarenta y sesenta mil soles anuales en el Perú, tienen que hacerse corresponsables que los diferentes niveles de gobierno, incluyendo al MEF, viven negando que mantienen “hijos de padrastro desconocido” (llamados: inepcia, despilfarro y corrupción) con dineros del pueblo, debiendo tomar acciones claras para proponer mejoras efectivas en la legitimidad fiscal empezando, por ejemplo, por la política de inversiones del estado.