La nueva Ley Agraria, aprobada y promulgada sin mayor análisis por el gobierno de transición, puede provocar la desaparición de cientos de pequeñas y medianas empresas de la sierra a causa de los sobrecostos que tendrían que asumir, además de afectar negativamente, en mayor o menor grado, a los 880 mil trabajadores formales del campo.
Alejandro Fuente, presidente de AGAP, sostuvo que la nueva ley agraria no es viable y que uno de los principales efectos que tendrá es que se incrementará la informalidad laboral, debido a que las pequeñas y medianas empresas no van a poder soportar la magnitud de las nuevas disposiciones.
Estas opiniones van en línea con lo que aseguró Esteban Chávez, presidente de la Asociación de Fruticultores de Ayacucho quien argumentó: “La nueva Ley Agraria nos ha matado, los sobrecostos van a desaparecer a cientos de pequeñas y medianas empresas. Nosotros somos más de 1.800 pequeños productores de los valles de Ayacucho que estamos preocupados por lo que pueda suceder”.
El dirigente también se quejó de que la opinión de miles de agricultores de la sierra no ha sido considerada en la elaboración de la nueva ley y su reglamentación, ya que la discusión se ha centrado entre los trabajadores y empresarios del norte y sur de la costa del país. “Hemos venido a Lima para intentar conversar con las autoridades para que tomen en cuenta nuestra opinión y nuestra realidad en la elaboración del reglamento”, complementó.
Los agricultores que forman parte de la Asociación cuentan con 5.000 hectáreas divididas en parcelas de 2 o 3 hectáreas de producción por cada agricultor. En estos espacios cosechan diversos frutos como palta Hass, destinada a la exportación a Europa y Asia. Hace pocos años dejaron de sembrar cultivos de autosubsistencia como el maíz y el frijol, optando por cultivos para la venta al exterior.
Gobierno solo llama a trabajadores y no a empleadores en reglamento de negociación colectiva
“Hasta el momento el Gobierno se ha reunido únicamente con los trabajadores agrícolas y no ha establecido canales de diálogo con los empresarios. Somos nosotros quienes vamos a aplicar la norma, pero no nos han convocado”, expresó el gerente general de la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú (AGAP), Gabriel Amaro.
Refirió que, en el Perú solo entre el 5% y 6% de los trabadores formales están sindicalizados, siendo este el promedio global en el Perú, “este no es un problema particular del sector agrícola, como para que tenga una reglamentación especial”, dijo.
Sin embargo, ya se estableció la ley agraria, por lo que invocan a las autoridades a su participación en la reglamentación, dado que como empleadores serán quienes deberán aplicar esta norma y se requiere su opinión y sugerencias para no afectar ni a los trabajadores formales, ni a las empresas, ni al país en su conjunto.
Ante ello, esperan que el nuevo reglamento no sea más restrictivo y que no altere el marco jurídico, “ya con la nueva ley agraria se modificó y nos ha puesto en desventaja con los demás países de la región, y ahora los inversionistas miran con inquietud este marco jurídico”
Definitivamente se verán afectadas las inversiones en nuevos campos agrícolas y en la continuidad de algunos cultivos
Gabriel Amaro mencionó que han enviado cartas al Ministerio de Trabajo (MTPE), a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Economía (MEF) y al Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) y a la Presidencia de la República, pero hasta el momento no han recibido respuesta para la reglamentación que debería emitirse este viernes 15 de enero.
“El gobierno de transición tiene el encargo de velar por las elecciones generales, enfrentar la pandemia y reactivar la economía, pero la medida emitida dificulta este último tema, sobretodo con la formalización laboral”, expresó.
De los 19 millones de personas que se ubican en la PEA (Población Económicamente Activa), alrededor de 4 millones están en la actividad agrícola. Además, 880 mil son empleos formales (entre directos e indirectos) y allí estará el primer impacto de una legislación que en opinión del Instituto del Ahorro, es absolutamente populista.
El campo, el agro, representa una oportunidad de crecimiento sostenible para la economía nacional, contribuye a la estabilización de empleos, defensa del ambiente y extensión de áreas de cultivo sin generar gastos al erario público, siendo 100% inversión privada en beneficio del progreso y desarrollo del país.
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