Es innegable que el Perú enfrenta desde inicios de este siglo una nueva e intensa escala de acumulación en la frecuencia y secuencia de actos delincuenciales que no son abordados en toda su magnitud para resolverlos con celeridad y a la vez, para revertir esa tendencia.
Sucesivos gobiernos han intentado fórmulas tan desordenadas y complejas que sólo han producido mayor confusión en la ciudadanía, desmotivación en las fuerzas del orden y también, un creciente grado de corrupción en todas las instancias que componen el marco de atención de este tema que trasciende sobre la economía.
El Instituto del Ahorro, dedica sus esfuerzos de responsabilidad social al análisis y propuesta de políticas públicas, y produce este documento de trabajo con la esperanza de seguir influyendo en quienes pueden de una forma u otra, encontrar caminos de solución a los problemas que aquejan al Perú.
Algunos se preguntarán qué tiene de común el ahorro, el Instituto y alcanzar estas propuestas. Es muy significativa la relación, ya que los gastos públicos y privados se han elevado exponencialmente afectando en ambos casos el presupuesto de miles de familias que pagan al Estado por su seguridad integral y además, deben ingeniarse métodos, sistemas y medidas de protección ante los efectos de la delincuencia y la inseguridad. Es decir, pagar impuestos no garantiza resultados en favor del contribuyente, que se ve obligado a duplicar gastos cada vez más.
PROPUESTA
Integración procesal del trabajo de la Policía Nacional y el Ministerio Público
En la actualidad, los miembros de la PNP elaboran un Atestado Policial cuya composición es deficiente, inadecuada, anti técnica y poco práctica. La redacción de dicho documento no sirve como garantía para un debido proceso y muchas veces, se convierte en prueba de evasión a la investigación Fiscal.
Es necesario unificar esfuerzos y comprometer el trabajo de captura e investigación, sumamente inter relacionado.
Proponemos un Acta Conjunta, documento único donde la Policía Nacional es responsable del detalle de su labor específica y además, la Fiscalía del que le corresponde. Esta Acta Conjunta tendrá dos partes claramente diferenciadas, que deberán ser suscritas por cada responsable en el mismo momento de su recepción y posterior transcripción y será ese documento oficial el que se eleve al Juez de Turno con los anexos que sea preciso señalar.
El Acta Conjunta será detallada describiendo la parte policial y con esa información, el Fiscal procederá a su labor en los plazos que corresponde por la calificación del delito, teniendo la oportunidad de sustentar su informe con mayor conocimiento del caso.
PROPUESTA
Integración en procedimientos del trabajo de la Policía Nacional y el Ministerio Público
Resulta incomprensible que para cuatro o más distritos de una ciudad se cuente con sólo un Fiscal y éste, con horas, espacios y recursos limitados que obstaculizan sus funciones.
Proponemos que se generen Equipos permanentes de Fiscales asignados en cada Comisaría o Distrito del Perú, de acuerdo al volumen poblacional y geográfico que deba establecerse, teniendo turnos rotativos de campo y oficina estable, equipamiento con medios virtuales y trabajo físico en las dependencias policiales, ello permitirá que en una sola sede, se integren los procedimientos que hasta la fecha, ocasionan dilaciones, pérdida de pruebas, ausencia de complementariedad en la tarea Policial + Fiscal.
Se deberá acondicionar ambientes de trabajo para el Ministerio Público y en caso el área de la dependencia policial no lo permita, se priorizará la compra o utilización de inmuebles públicos para habilitarlos en base a módulos flexibles de atención, procesos y detención preliminar, de acuerdo a la operatividad requerida.
En las zonas geográficas de difícil acceso o cuyas distancias sean complicadas, se establecerán equipos volantes que puedan dar cobertura a su función Fiscal, teniendo como antecedente de medición las estadísticas de ocurrencias de delitos o hechos que correspondan a su labor específica.
PROPUESTA
Unidad Policial – Fiscal de patrullaje y captura integrada
Es incomprensible que se haya promovido un patrullaje civil policial entre el Serenazgo de algunos distritos y el personal de la PNP, mezclando responsabilidades distintas, como justificación a una cobertura de seguridad que ha perdido eficacia.
La autoridad policial debe ser respaldada o canalizada correctamente –conforme a Ley- por el Ministerio Público y no por las Municipalidades.
Proponemos que se implementen Unidades vehiculares permanentes de la PNP con la Fiscalía de la Nación, a fin de acudir de inmediato, dar soporte y participar conjuntamente en el trabajo policial y Fiscal, acelerando tiempos y resultados operativos.
PROPUESTA
Condenas a favor de las víctimas y no de los delincuentes
Los criminales son procesados por varios delitos, pero no son sentenciados por la totalidad de esos delitos, lo que constituye una burla a la justicia y las víctimas. No es necesario aumentar las penas con el pretexto de hacerlas más severas, ya que los delincuentes encontrarán la forma de acogerse a la más benigna o con mayor oportunidad de beneficios penitenciarios.
Proponemos la inmediata acumulación de penas y condenas. Por ejemplo en el caso de portar un arma –legal o ilegalmente- asaltar a una persona y causarle daño, se acumularían varios delitos y consecuentemente una condena por cada delito, sumándose todos finalmente.
En el mismo ejemplo, portar un arma para asaltar -15 años- efectuar el asalto -15 años más- causarle daño -25 años más-. En total la condena final sería de 55 años de prisión efectiva, sin ningún tipo de beneficios o reducción de la pena. Los casos de reincidencia, también sumarían una condena adicional a la suma total.
PROPUESTA
Cambio en la calificación de destino del condenado o procesado
Hoy en día el INPE Instituto Nacional Penitenciario efectúa la calificación de destino del sentenciado o del condenado por el Poder Judicial, con lo cual el Juez pierde la fuerza de la decisión en la condena y se abre un margen a favor de más corrupción –evidente desde todo punto de vista- en quienes califican adónde va el sentenciado o procesado.
Proponemos que el Juez decida el destino del sentenciado o procesado y que el INPE elabore diariamente un registro de espacios a ser cubiertos geográficamente, en penales diferenciados por delitos, a fin que las autoridades conozcan los destinos existentes. La misma información procederá en casos de Centros Penitenciarios habilitados con Salas para procesos judiciales donde evidentemente, estarán recluidos los que enfrentan allí sus causas.
PROPUESTA
Centros penitenciarios para sentenciados y otros para procesados
Si bien existe un sobre poblamiento en los centros penitenciarios del país, no por ello se tiene que seguir mezclando a los procesados con los sentenciados, que constituyen un porcentaje identificable para su traslado y encarcelamiento final.
Proponemos Centros penitenciarios exclusivos para condenados –en una primera etapa de mudanza carcelaria- y otros para procesados, donde el hacinamiento sería aún el problema a resolver paulatinamente.
Los penales más alejados de las ciudades serían los que acojan a los sentenciados mientras se habilitan o construyen otros para más delincuentes que reciban su condena efectiva.
La primera acción es ubicar ordenadamente a todos los condenados en la prisión donde deben de estar cumpliendo sus sentencias por períodos de hasta cinco años, de seis hasta 10 años, de 11 hasta 20 años y de 21 años hacia adelante. No existe excusa de sobre poblamiento si se destinan a Centros de Reclusión permanente.
A fin de no mezclar los grados de criminalidad y sentencias, es evidente que siendo penales alejados, los de mayor rigurosidad deberán ser el destino para los condenados por mayor gravedad.
En una segunda etapa, se debe ordenar los Penales donde existen salas procesales, a fin que los internos sin sentencia efectiva, reciban un proceso inmediato, ágil, transparente y con las garantías de respeto a su defensa. Luego de ello, disponer su libertad o el destino de su condena, siendo Centros de Reclusión Temporal, y esa temporalidad debe determinarse con certeza y sin dilaciones.
PROPUESTA
Kit del condenado y del procesado
En las cárceles del Perú, los internos se mezclan con las visitas y entre ellos mismos, ya que carecen de ropa identificable y de numeración individual para su control. Ello es causa de fugas, actos contra la moral, ingreso de estupefacientes, alcohol, armas y mayor corrupción.
Proponemos implementar el Kit del sentenciado y del procesado que en todo establecimiento penitenciario, sea de categoría procesados o categoría sentenciados, deben recibir los internos, constituyendo ese kit un conjunto de ropa –mameluco de faena con numeración visible, pantalón tipo jean, polo unicolor, casaca numerada, medias, ropa interior, gorra, sandalias, short y útiles de aseo que deberán pagar con trabajo efectivo durante su permanencia, valorizándose los costos de esa inversión y el pago o retorno por medio del trabajo.
Es de suponer que se implementarán medidas contra posibles pérdidas o reposiciones.
PROPUESTA
Plazo de investigación de delitos comunes
Se tiene normado que el tiempo dedicado a la investigación no exceda las 24 horas para los delitos comunes, pero ni los Fiscales ni la Policía Nacional cuentan con recursos, infraestructura, tiempo y grupos de trabajo que sean efectivos en su labor integral, para cubrir todos los casos que afrontan en su defensa de la sociedad y combate al delito.
Además, con la ausencia de equipos y turnos de Fiscales permanentes -24 horas del día- en cada dependencia policial, el tiempo juega a favor del delincuente, apresura la elaboración del trabajo de investigación del Fiscal –siendo muchas veces inconsistente y causa de rechazo por el Juez para una sentencia efectiva- por lo cual, el delincuente se siente protegido y la víctima, en situación desesperada.
Proponemos que se determinen plazos razonables para la investigación Fiscal en base a la implementación de la integración del proceso de trabajo y los procedimientos PNP con el Ministerio Público, además de contar con los Equipos y turnos permanentes de Fiscales en trabajo conjunto con la Policía Nacional.
Esos plazos razonables para la investigación Fiscal, serán los que contemplen las necesidades operativas de los representantes del Ministerio Público, integradas con la acción Policial.
Deberá establecerse criterios de trabajo compartido entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de construir Indicadores de Gestión administrativa y procesal, contribuyendo a una mejor interrelación entre ambas instituciones como eje de la lucha en favor de la seguridad ciudadana.
PROPUESTA
Exámenes médicos y toxicológicos en el Ministerio Público
Prácticamente todas las pruebas, análisis y evaluaciones médicas –de laboratorio en este caso- se efectúan en dependencias de la Policía Nacional –Hospitales o Policlínicos en algunos casos- rompiendo el principio de neutralidad en el proceso de acumulación de pruebas o de investigación propiamente dicho, prestándose a desaparición o adulteración de resultados, extorsiones y corrupción mientras se trasladan o acomodan las muestras, para favorecer o perjudicar al investigado.
Proponemos exámenes médicos y toxicológicos en el Ministerio Público a nivel nacional, en laboratorios propios, itinerantes, móviles o mediante servicios tercerizados e implementados para tal fin, donde existan garantías de máximo rigor –y no de mínima consistencia- para garantizar la independencia en el debido proceso.
PROPUESTA
Capacitación de la PNP en la elaboración del Acta Conjunta Policial – Fiscal
Los Atestados Policiales, el Cuaderno de Ocurrencias y los Partes Policiales deben modificarse en forma integral, optimizando la información que se recoge y dando una verdadera imagen del acto por el cual la PNP ha intervenido, a causa de una denuncia o aviso ciudadano, como respuesta en acción de su responsabilidad funcional, o por disposición de autoridad Fiscal o Judicial competente.
Los efectivos de la PNP no pueden calificar un delito o dejar de hacer la definición del mismo por desconocimiento de la legislación. Ellos tienen que cumplir su rol y el Ministerio Público el suyo.
Proponemos la Capacitación de la PNP en la elaboración del Acta Policial – Fiscal a fin de construir el trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público. Es necesario que exista un cronograma mensual de capacitación y actualización procesal para ambos equipos integrados en el trabajo, por regiones geográficas y zonas de incidencia del delito.
En este sentido, los efectivos policiales serán pieza esencial, el punto de partida de una organización procesal eficiente, donde los términos legales serán aplicados en su justa dimensión para que el siguiente paso –actuación Fiscal- otorgue consistencia al debido proceso antes de elevarlo a la autoridad judicial según corresponda.
El orden administrativo debe ir acompañado de una permanente actualización en construcción y almacenamiento de bases de datos, archivos diferenciados y manejo de información en línea y auditoría que retroalimente a los participantes de este proceso.
PROPUESTA
PNP instruida, entrenada y desarrollada constantemente
Los miembros de la PNP que manejan unidades vehiculares a nivel nacional, demuestran en un porcentaje elevado que el cuidado, mantenimiento operativo y empleo de esos recursos no dura conforme la inversión efectuada. Las responsabilidades van desde los que compran hasta los usuarios y la cadena intermedia que no funciona o no existe prácticamente a nivel nacional, como proveedores de combustibles y maestranzas equipadas, servicios de revisión técnica, auditorías de seguridad y proveedores internos de repuestos para su óptimo funcionamiento.
Un factor de importancia adicional al tema de logística imprescindible es comparar el tiempo de preparación y estudios de los miembros de la PNP –personal Subalterno-, la talla requerida para el proceso de admisión o asimilación, los requisitos de educación o preparación y el desarrollo de todo el proceso formativo y educativo, que si bien puede ser entregado en parte a una Universidad Privada, se rompe en cuanto a las entrevistas personales y los exámenes médicos que nadie audita y que muchas veces se superponen a las calidades académicas y cualidades humanas del postulante.
Proponemos que el Proceso de Asimilación o Admisión de Oficiales y Sub Oficiales PNP considere elevar la talla requerida sobre los promedios nacionales vigentes para damas y varones y que en el tiempo de egreso e incorporación a labores efectivas, todos los miembros de la PNP obtengan en exámenes auditados de manejo, sus Licencias de Conducir –brevete por cada categoría- sometiéndose cada año a exámenes de revaluación en conocimientos de normas de tránsito y manejo de vehículos.
Del mismo modo, el personal asignado a unidades policiales de toda modalidad, deberá recibir entrenamiento y actualización semestral en manejo disuasivo, defensivo, de escolta de dignatarios, asistencia en emergencias y desastres, así como en interceptación delictiva o seguimiento operativo y en todos los escenarios de mayor índice de ocurrencias en el trabajo policial.
El Brevete Policial será una categoría especial, requisito indispensable para operar unidades de la PNP –motocicletas, autos, camionetas, camiones, ómnibuses, equipo pesado entre otros-.
Sin embargo, el Brevete Policial no es un reemplazo de la Licencia de Conducir, documento nacional de alcance ciudadano sin exclusiones.
Lo que se trata de hacer con esta idea, es que la Policía Nacional sea verdaderamente un cuerpo técnico y profesional integrado por los mejores servidores en sus especialidades, que obtengan una certificación constante de actualización en su desempeño integral –manejo de armas, conducción de vehículos, análisis de datos y búsqueda de pruebas para dar soporte a la investigación Fiscal-.
PROPUESTA
Uso de armas y preparación policial
La incidencia de empleo de armas robadas, alquiladas o ausentes de identificación se eleva cada vez más en el Perú. No es ajeno a este hecho que parte de esas armas provengan de la misma Policía Nacional –decomisadas, almacenadas y facilitadas a cambio de dinero sucio a delincuentes- y del mismo modo, algunas de ellas empleadas en forma irregular o en hechos de violencia familiar.
Los efectivos de la PNP no reúnen en su capacitación la totalidad de exigencias que los ciudadanos –civiles- tienen que cumplir, lo que marca una relación de distancia entre quienes deben defender a la sociedad y los que se protegen porque no encuentran esa defensa en la vida diaria.
El efecto inmediato es que los ciudadanos tienen que adquirir armas, instrucción en manejo de las mismas, obtener Licencias y perder tiempo y dinero que podría estar invertido en su desarrollo personal o familiar mediante el ahorro por ejemplo.
Proponemos que todos los efectivos de la PNP sin ninguna excepción, sigan los mismos procesos y trámites que los ciudadanos –civiles- para obtener sus Licencias para portar armas, al que se añada necesariamente el examen semestral de campo y ante escenarios de violencia de distinto grado, complejidad y respuesta, que sirva de precedente para sus ascensos.
PROPUESTA
Exámenes regulares de absorción atómica y estado físico – conductual
La presencia o participación de efectivos de la PNP como miembros de organizaciones criminales se ha incrementado los últimos años. Los medios de comunicación revelan esa penosa realidad que afecta aún más la delicada situación institucional. Unido a ello, el estado físico y conductual de los efectivos PNP no representa una imagen digna de mejor ejemplo y pone en riesgo la salud e integridad de los policías, disminuye su efectividad en labores de campo y ocasiona una serie de perjuicios en sus desplazamientos, trabajo y gestión de recursos, visto en un análisis más amplio.
Proponemos que todos los efectivos de la PNP sean sometidos a exámenes de absorción atómica y a un examen personal del estado físico – conductual. La primera acción se intensificará y priorizará en zonas de alta incidencia delictiva en cada Comisaría una vez al mes con poblaciones aleatorias que pueden repetirse cada tres meses inclusive. Ello determinará el uso de armas de fuego en situaciones no previstas dentro de las responsabilidades y acciones autorizadas para el ejercicio y cumplimiento del deber policial.
Sobre el estado físico, se establecerá la frecuencia de evaluaciones y los estándares mínimos o indicadores de salud base que deben requerirse o mantenerse como objetivos de cumplimiento obligatorio a todo el personal policial una vez al año como mínimo.
PROPUESTA
Romper la rentabilidad del delito
Existe una diferenciación injusta entre el hurto y el robo, lo que facilita a los delincuentes su defensa y reincidencia con mayor impunidad. Las denominadas Faltas también son catalogadas como actos distintos al Delito o se consideran algunas de ellas como excepciones al delito, siendo crímenes evidentes que no deben tener otra categorización de menor rango.
Del mismo modo, se menciona en la legislación vigente, el robo simple y el agravado –para señalar otro ejemplo de confusión a favor del delincuente-. Y en el colmo de los extremos, se facilita la comprensión de la conducta del criminal, cuando está bajo los efectos de drogas o alcohol. En ese nivel de pruebas ofrecidas, la corrupción se ha estandarizado produciendo oportunidades para probar que el individuo que comete un delito, podría haber actuado contra su decisión personal y se habría producido un cambio en la conducta cuyo resultado fue el delito perpetrado.
Proponemos que se rompa la rentabilidad del delito o a favor del delincuente, eliminándose los agravantes en caso de reincidencia y unificando la mayoría de las Faltas para ser consideradas como Delitos, en especial las Faltas contra el patrimonio y las de violencia familiar. Así mismo, eliminar al máximo las diferencias entre hurto y robo, su apreciación por el monto o el uso de violencia o empleo de elementos de agresión contra la víctima.
PROPUESTA
Eliminar los rangos de las condenas
La justicia no puede ser flexible en una condena que sirve de ejemplo para que los miembros de la sociedad aprendan a respetar sus propias normas y el Estado de Derecho.
La existencia de rangos mínimos y máximos en las condenas decretadas por un Juez, permite que la corrupción se promueva cada vez más, presionando en una forma u otra –alterando o fabricando pruebas, implicando testimonios falsos, pagando favores en la cadena procesal- y logrando influir en las decisiones finales de un proceso policial, fiscal o judicial.
Proponemos que se eliminen los rangos de las condenas y sólo exista una pena fija para cada delito sentenciado. Por ejemplo, en vez de mencionarse que un homicidio calificado tendrá una pena entre 15 y 35 años, tiene que establecerse que la condena será de 35 años, a la que se sumará la premeditación, alevosía y ventaja con los años de sanción efectiva y la reincidencia de ser el caso. Un homicidio calificado, no debería tener una condena única, sino la suma de los agravantes y superar así los 50 años de carcelería sin posibilidad de beneficios penitenciarios.
En palabras menos complejas, no debe decirse que un delito tendrá entre X años como mínimo y Z años como máximo, sino una sola condena que si tiene agravantes, se le sumará a la pena única.
PROPUESTA
El trabajo no redime, como prioridad debe pagarse la estadía en prisión
Se menciona siempre que el trabajo en las cárceles ayuda a que el sentenciado se reencuentre con la sociedad y pague sus culpas en el tiempo. Pero no se toma en cuenta el costo del alojamiento, alimentación, cuidado de la salud, uso de servicios básicos como agua, energía, infraestructura general, talleres, equipamiento, transporte, resguardo y vigilancia, entre otros temas.
Un gasto que el Estado –es decir los ciudadanos- efectuamos, es en verdad, una decisión sobre el destino de los recursos de los contribuyentes del país, dinero que debería priorizarse invirtiendo en educación, salud y acceso a la vivienda de los ciudadanos libres de responsabilidades penales.
Los presupuestos asignados al sector penitenciario son significativos, no dan retorno, no se consideran una inversión productiva y no son sufragados por los responsables de los delitos, sino por las víctimas, por la sociedad, lo que es absurdo en cuanto corresponde a gastos que no son comprendidos en Indicadores de Resultados.
Proponemos que la estancia carcelaria de los condenados sea cuantificada en los gastos que ocasionan diariamente y se proyecte el pago mensual mediante el trabajo efectivo de los condenados, mediante el esquema 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación para la readaptación –estudios truncos, grado superior, grado técnico, otras acciones formativas o para el desarrollo de habilidades- pero con resultados efectivos, medibles.
Los internos condenados a prisión efectiva podrán trabajar en proyectos de infraestructura de las localidades cercanas a sus centros de reclusión, mediante el empleo en brigadas de trabajo custodiadas por la Policía Nacional. El costo de esa seguridad implicará un cargo de descuento a los presos en condena, no al inversionista privado ni a la PNP.
La excepción para lograr una oportunidad de Libertad condicional solamente debería considerar este esquema debidamente certificado mediante un registro diario en línea, el mismo que debe ser informado por el INPE al Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y el INEI para llevar una auditoría en línea que no sufra alteraciones.
Así las verificaciones no se podrían manipular, ya que diariamente se cerraría el reporte, archivándose en seis Instituciones separadas administrativamente.
En el caso de internos procesados, de acuerdo a su calificación inicial y destino temporal, tendrán derecho al trabajo y a estudios en el centro penitenciario, mientras dure su proceso. En caso de demostrarse la inocencia, el INPE deberá pagarle al ciudadano libre por los días trabajados de acuerdo a una escala remunerativa de compensación inmediata.
PROPUESTA
Acción informativa permanente en Colegios, Institutos y Universidades
La mayor incidencia de faltas y delitos está circunscrita a poblaciones donde la juventud representa el porcentaje más importante, no sólo como participantes, sino como sector de reincidencia.
Ninguna política pública ha sido implementada y el vacío de atención informativa, educativa y de difusión a los niños y jóvenes revela el abandono en estrategias de prevención del delito. Es más, ni siquiera los padres de familia están contemplados en una estrategia integral que comprenda el núcleo social más frágil.
Proponemos una acción informativa permanente en Colegios, Institutos y Universidades que en campañas masivas y selectivas –de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú- comprendan en sus labores habituales el contacto educativo permanente, creando un enlace informativo y de acercamiento con las poblaciones menores de 25 años en especial, involucrando sectores deportivos, culturales, artísticos –música, teatro, pintura, escultura, canto- y de participación en programas o acciones de voluntariado.
Redes juveniles e infantiles estimuladas en eventos que sean apoyados por las Municipalidades distritales en forma secuencial, permanente.
PROPUESTA
Organización Policial centralizada y ramificada
Cuando a una persona le preguntan dónde queda la sede de una institución, la respuesta es automática si se habla del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia, Palacio de Gobierno, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, la Municipalidad de Lima o la de alguna ciudad del país.
Pero cuando se pregunta por la sede central de la Policía Nacional de Perú, de cada 40 personas consultadas o entrevistadas, solamente una daba una respuesta correcta.
Se confunde mucho al Ministerio del Interior como sede de la Policía Nacional, o a las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal en el centro de Lima. Este enredo y dispersión afecta el sentimiento de identidad institucional, que debe recomponerse con urgencia.
Proponemos una organización Policial centralizada en su administración y gestión directiva, para lo cual la sede de edificio de la Avenida España deberá acondicionarse a ese fin, donde se ubicará la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y el Estado Mayor Policial.
El local donde funcionaba la Prefectura, el edificio de la avenida Aramburú y las sedes del Rímac con excepción del área referida a salud, deberán venderse y con el fruto de esa operación financiera, invertir el dinero en un Complejo Policial junto a la Escuela de Oficiales en Chorrillos, donde congreguen todas las especialidades y servicios operativos y funcionales de la PNP, incluyendo un helipuerto y una Base de desplazamiento inmediato para acciones rápidas.
La Policía Nacional del Perú debe repotenciarse, no debe refundarse porque existe en la mente y en el corazón de muchos peruanos una esperanza de volver a tener en el respeto al Policía, una fuente inagotable de confianza y seguridad.
REFLEXION FINAL
Es posible que algunas personas lean este documento y sólo tengan expresiones críticas, es su derecho y lo respetamos. Pero a esas personas les decimos también, que al no haber propuesto nada ellas, nosotros tenemos un mayor Derecho a ser escuchados y respetados, porque damos nuestro aporte al Perú, alcanzando Ideas y Propuestas, en vez de quedarnos en silencio.
