El sector agropecuario se encuentra en un momento complicado. Pese a los aumentos recientes en sus niveles de producción y exportación (ver semanarios 1135 y 1134), la escasez de fertilizantes, las menores intenciones de siembra e inversiones y los cambios estructurales, como el del Régimen Laboral Agrario (ver Semanario 1135), ponen en peligro su desempeño en lo que resta del año y hacia 2023.
No obstante, el Ejecutivo cuenta con recursos suficientes para revertir la situación y los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así lo demuestran: el presupuesto institucional modificado (PIM) del sector en 2018 tuvo un valor de S/ 6,806 millones, mientras que en 2022 es igual a S/ 8,432 millones, es decir, un aumento del 24%. Inclusive, el PIM es un 18.6% mayor al de 2021. Ahora bien, entre los niveles de Gobierno, se observa que el Gobierno nacional ha acumulado la mayor parte de dicho presupuesto en los últimos años.
La pregunta, en cualquier caso, es la siguiente: ¿Cómo se han estado ejecutando estos recursos? Se observa que el Gobierno nacional también posee los mayores porcentajes de ejecución. Por su parte, los Gobiernos regionales presentaban un repunte hasta 2021, mientras que los Gobiernos locales han oscilado entre subidas y bajadas. Pero lo relevante es que ninguno de los casos se ha acercado al100% de ejecución, lo cual es muy grave, pues implica que grandes cantidades de dinero que debían asignarse en gastos que mejorasen al sector agropecuario han quedado inutilizados. La situación en 2022 es aún más llamativa. Al 11 de setiembre, el Gobierno nacional solo ha ejecutado el 52.2% del PIM; los Gobiernos regionales; un 44.6%; y los Gobiernos locales; un 41%.
Pasemos ahora a la inversión pública, un rubro clave, pues cubre proyectos que incrementan las tierras disponibles, el acceso a recursos hídricos y el riego tecnificado, entre otros factores que impulsan la competitividad del sector. El PIM también se ha incrementado con el tiempo (+46.5% en 2022 con relación a 2018, +11.8% respecto de 2021), pero en este caso son los Gobiernos subnacionales los que acumulan la mayor parte. Sin embargo, los porcentajes de ejecución también están lejos del 100%, y son, en general, menores a los del gasto público. Los datos de 2022 son, nuevamente, los peores: un 32% para el Gobierno nacional, un 43.5% para los Gobiernos regionales y un 40% para los Gobiernos locales.
La “no ejecución” de la inversión es un problema, pero las cifras agregadas por el momento no revelan mucho respecto de qué está pasando con la ejecución de los proyectos públicos. Para dar un poco de luz, hemos acotado el análisis de la inversión pública en agricultura sobre su principal componente según los datos del MEF, la inversión en infraestructura de riego. A su vez, nos hemos enfocado en los Gobiernos subnacionales, los cuales acumulan el mayor PIM.
(Los cuadros pueden revisarse en https://www.comexperu.org.pe/articulo/los-gobiernos-subnacionales-han-ejecutado-menos-de-la-mitad-de-su-presupuesto-de-inversion-publica-de-agricultura)
En los siguientes cuadros, lo que hicimos fue desagregar la inversión pública en los diferentes proyectos con un PIM asignado, tras lo cual fueron agrupados en intervalos según su presupuesto y su porcentaje de ejecución. Los resultados revelaron varios puntos a resaltar. En primer lugar, los proyectos con un porcentaje de ejecución nulo tienen una presencia notoria en ambos niveles de Gobierno. En 2021, hubo 51 proyectos con un avance presupuestal nulo en los Gobiernos regionales, y 582 en los Gobiernos locales. En 2022, su cantidad es tal que representan el mayor grupo en términos de porcentaje de ejecución (un 38% del total en ambos casos). Dicho esto, dentro de esos proyectos predominan los que tienen un PIM menor a los S/ 500,000.
Por otro lado, aunque la cantidad de proyectos ubicados en el intervalo de mayor ejecución es elevada, estos tienden a ser menos cuanto mayor es el PIM, en especial cuando se supera la barrera de S/ 1 millón de PIM. Al respecto, los resultados de 2022 son especialmente preocupantes (en ambos niveles de Gobierno), pues, con un poco más de tres meses para que el año acabe, a lo mucho, solo un tercio de los proyectos en cada intervalo de presupuesto cuentan con un avance entre el 80% y el 100%.
Finalmente, en el resto de los grupos de porcentaje de ejecución, resalta que una gran proporción se ubica en entre el 0.1% y el 20%, lo que suele repetirse en casi todos los intervalos de presupuesto, y con más fuerza en los Gobiernos locales.
De esta manera, la data ha mostrado que detrás de la inversión pública en agricultura, específicamente en riego, se encuentra un predominio de intervenciones pequeñas, con un presupuesto de ejecución anual menor a S/ 500,000. Es más, una gran parte de estas, que se concentran en los Gobiernos locales, cuenta con un avance igual a 0, algo que se ha intensificado en lo que va de 2022. Por otra parte, el resto de los proyectos suele presentar una disparidad en su ejecución: o aquellos con mayor presupuesto se acercan al 100% o se “estancan” con un avance del 20% a lo sumo.
Desde ComexPerú, consideramos que este tipo de análisis puede ser un importante insumo para las políticas públicas. Es claro que, a nivel de los Gobiernos subnacionales, las inversiones no están estructuradas para enfatizar intervenciones grandes, y que los Gobiernos locales, aquellos que podrían responder con mayor eficacia a las carencias agrícolas de su población, operan en dos extremos: completar lo planeado en el año al 100% o, en la práctica, abandonarlo. Es difícil pensar que con dicha dinámica podamos mejorar los avances a nivel agregado. Un cambio es necesario.
