“Todos sabemos y estamos de acuerdo en que nunca el fin justifica los medios. Y querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos es un contrasentido. Lamentablemente a veces se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas”
Monseñor Olivera dijo que en los dos años y medio que lleva como obispo castrense y, tras escuchar a familiares y acusados, puede dar testimonio de “las injusticias que se van cometiendo” y estimó que no es posible permanecer callado frente a esta situación.
“En mi país, en el estado de prisión preventiva, un número considerable de estos detenidos pierden la vida por falta de la debida atención médica, que deberían poseer acorde a su edad avanzada”, aseveró.
“No se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención que alcanza a una duración máxima de prisión preventiva de 2 años, pudiendo extenderse por causa justificada a los 3 años”.
Asimismo, menciona datos estadísticos sobre esta situación al mes de octubre:
• Fallecidos en prisión: 533
• Procesados: 847
• Condenados: 983
• Total: 2.364
Prisiones Preventivas
• Promedio de prisiones preventivas: supera los 6 años
• Prisión preventiva entre 3 y 6 años: 149 casos
• Prisión preventiva entre 6 y 10 años: 290 casos
• Prisión preventiva más de 10 años: 93 casos
“¿Podemos hablar de derechos humanos con 10 años de prisión preventiva, es decir sin condena?”, preguntó al auditorio.
Monseñor Olivera estimó que “cuando hablamos de Derechos Humanos debemos hacerlo en su concepción absoluta, es decir, para todos, sin ideologías, en la verdad y en la justicia”.
“Por eso, a partir de la propia experiencia, esta temática debemos abordarla desde la certeza de la justicia, con verdad histórica, en su contexto propio y sin ideologías. Si no partimos de estos cimientos, no podremos ayudar a nuestros soldados a cumplir fielmente su misión en el mantenimiento de la paz y la concordia social”
El prelado insistió en afirmar que “garantizar condiciones de detenciones decentes y humanas es un aspecto fundamental del derecho a la justicia. Hay que tener el valor de plantear abiertamente estas cuestiones si queremos evitar que los lugares de detención se conviertan en inframundos, en espacios de parias, en zonas carentes de derecho alguno y en escuelas de violencia”.
“No podemos permanecer callados cuando se priva a los acusados del derecho fundamental del debido proceso, como así también cuando se les niega el beneficio que por edad o estado de salud está previsto en cuanto a la detención en su domicilio y cuando son excluidos de una asistencia médica elemental”, añadió.
Tras compartir testimonios y casos de detenidos, enfatizó que es “muy frecuente que las malas condiciones con las que se enfrentan los detenidos y, en general, las violaciones de sus derechos, sean el resultado de actos intencionales y deliberados”.
“la falta de voluntad de respetar y hacer respetar el derecho, la impunidad y la escasez de medidas de control crean un entorno propicio a las violaciones y constituyen un gran obstáculo para la protección eficaz de las personas”
“Después de los testimonios que he compartido, permítanme culminar mi intervención recordando una vez más las palabras de Su Santidad Francisco:
