Las secuelas económicas de la pandemia están provocando un aumento de las protestas, cuyas consecuencias económicas podrían ser duraderas.
Las protestas pueden ser detonantes de reformas políticas y cambios sociales. Pero, ¿qué impacto tienen sobre la economía?
De acuerdo con el último Índice de Paz Global, el número de disturbios, huelgas generales y manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo ha aumentado en un alarmante 244% en la última década. Los confinamientos y el miedo a los contagios forzaron una pausa temporal. Pero prácticamente en todas las regiones del mundo han reaparecido los manifestantes. Las causas varían entre la frustración por la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y el aumento de la desigualdad y la corrupción, factores que suelen incrementar las tensiones y disparidades existentes, y que en los períodos posteriores a pandemias anteriores han dado lugar a tensiones sociales.
Utilizamos el Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, por sus siglas en inglés) —un índice elaborado por el personal técnico del FMI sobre la base de la cobertura mediática— y hallamos que los costos económicos a corto y mediano plazo de la tensión social pueden ser de hecho bastante pronunciados, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (no estudiamos los posibles impactos a largo plazo).
Una nueva ola de tensión podría afectar a la recuperación
En nuestro documento de trabajo, estimamos el impacto macroeconómico de la tensión social durante el período 1990–2019. Además, identificamos eventos de tensión social —eventos que generan un aumento inusualmente alto del RSUI— y los clasificamos en tres categorías, según la causa subyacente del factor desencadenante: políticos, socioeconómicos y mixtos.
Por poner un ejemplo real, pensemos en las manifestaciones que siguieron a la elección del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en 2012, o en las elecciones presidenciales de Chile de 2013. Se trata de shocks menos significativos equivalentes a una desviación estándar, lo que puede reducir el PIB en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales seis meses después del shock.
En comparación, las protestas de julio de 2019 en la RAE de Hong Kong y las protestas de los chalecos amarillos de 2018 en Francia —que alcanzan el umbral de eventos de tensión social, definido anteriormente— resultaron en un aumento de 4 desviaciones estándar en el RSUI, provocando una reducción del PIB de aproximadamente 1 punto porcentual.
Estos efectos en el PIB parecen estar impulsados por contracciones pronunciadas en las manufacturas y los servicios (dimensión sectorial), así como en el consumo (dimensión de la demanda). Nuestros resultados también sugieren que la tensión social afecta a la actividad debido a la disminución de la confianza y al aumento de la incertidumbre.
No todos los países y los eventos son iguales
También hallamos que el impacto adverso de la tensión suele ser mayor en países con instituciones débiles y margen de maniobra de la política económica limitado. Por tanto, se espera que los países cuyos fundamentos económicos antes de la pandemia eran débiles sean los que más sufran si el descontento social se convierte en tensión.
El impacto económico de la tensión también varía según el tipo de evento: las protestas motivadas por inquietudes socioeconómicas dan como resultado contracciones más profundas del PIB, en comparación con las asociadas principalmente con la política o las elecciones. Los impactos más importantes los generan las manifestaciones desencadenadas por una combinación tanto de factores socioeconómicos como políticos, similar a lo que sucedió en Túnez y en Tailandia a principios de este año.
Las políticas importan
Las protestas públicas pueden expresar la necesidad de un cambio de políticas. Los gobiernos deben escuchar y responder, pero también, intentar anticipar las necesidades de la gente con políticas dirigidas a proporcionar una oportunidad justa de prosperidad para todos. Impulsar el empleo, frenar el impacto a largo plazo de la crisis y proteger a quienes se han quedado atrás deben seguir siendo prioridades. Un reciente estudio del personal técnico del FMI señala que, para tener éxito y evitar conflictos, las reformas deben realizarse con un amplio diálogo social sobre el papel del Estado y sobre cómo financiar de forma sostenible la presión sobre el presupuesto. De otro modo, los costos económicos de la pandemia se verán agravados por los costos de la tensión resultante.
Nota de reacción: Sobre los autores del presente artículo originalmente publicado en el blog Diálogo a Fondo https://blog-dialogoafondo.imf.org/
Metodij Hadzi-Vaskov es el representante residente regional del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Anteriormente, se desempeñó como economista principal en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, más recientemente a cargo de Chile, y como asesor en el Directorio Ejecutivo del FMI. Tiene un Doctorado en economía de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos.
Samuel Pienknagura es Economista de la División de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario internacional (FMI). Antes de incorporarse al FMI, fue Economista principal en el Banco Mundial. Tiene un doctorado en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Luca Antonio Ricci es Jefe de División en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha sido jefe de misión para Chile, Ecuador, Panamá y Omán. Ha publicado numerosos estudios sobre finanzas internacionales, política monetaria y fiscal, comercio, crecimiento y cuestiones de desarrollo. En 2010 trabajó un año en Barclays como Director de Estudios Económicos Internacionales. Es investigador del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR).
Fotografía referencial, CESPAD El Heraldo, Honduras
